La realidad invisible de los presos con trastornos mentales: “Prisión y salud mental son antagónicos”

Nueve de cada diez reclusos han sufrido algún trastorno mental a lo largo de su vida Expertos y asociaciones denuncian que las condiciones de la prisión y la falta de atención psicológica agravan sus problemas

RTVE (ALVARO CABALLERO).-

Si los problemas de salud mental están invisibilizados en la sociedad, y aquellos que los sufren llevan consigo la carga del estigma, entre los muros de las prisiones la situación alcanza una magnitud insostenible, según denuncian expertos y organizaciones sociales. Nueve de cada diez reclusos han padecido algún trastorno mental a lo largo de su vida, según un informe de Interior, mientras que la prevalencia de estos trastornos es cinco veces superior a la de la población general y en casos graves, como la psicosis o la esquizofrenia, multiplica por diez la de los no reclusos.

A pesar de estos datos, las cárceles no tienen psiquiatras en plantilla, más allá de los que contraten de forma externa. En cuanto a los psicólogos, hay una plaza por cada 165 presos, aunque en la realidad muchas de estas plazas se quedan sin cubrir, y las asociaciones denuncian que son psicólogos jurídico-sociales, sin la especialidad clínica.

El problema es tal que de los dos únicos hospitales psiquiátricos penitenciarios que hay en España, uno de ellos, el de Alicante, llegó a la situación “dramática” de estar sin psiquiatras el año pasado, explica a RTVE.es el psiquiatra y consultor en prisiones Enrique Pérez. En algunas cárceles, como la de Castellón I, hace tres años que no pasa consulta ningún psiquiatra, señala un informe del Observatorio Derechos Humanos y Salud Mental en Prisión.

“Prisión y salud mental son antagónicos”, asegura Chema López, responsable de salud laboral de CCOO en Prisiones. En el “medio hostil” de las cárceles, las condiciones de privación de libertad, aislamiento, y control de todos los aspectos de la vida agudizan los trastornos previos que pudieran tener los reclusos y crean nuevos en aquellos que no tenían, critican expertos y organizaciones civiles.

Fuentes de Instituciones Penitenciarias reconocen que “la prisión no es el sitio más adecuado para que estas personas se recuperen”, en la línea de lo que reclaman la ONU y las instituciones europeas, pero advierten de que desde el cierre de los viejos manicomios en 1986 muchos presos con problemas de salud mental, especialmente aquellos sin recursos, no tienen opción de acceder a los escasos recursos comunitarios.

Piden a las comunidades acelerar la transferencia de competencias prevista en la ley de cohesión del Sistema Nacional de Salud de 2003 y que a día de hoy, más allá del País Vasco y Cataluña, que tienen un sistema propio, solo lo ha asumido Navarra. López alerta de un “desconocimiento general” que más allá de las instituciones, parte ya desde los que dictan sentencia: “Hay jueces que mandan condenas en las unidades psiquiátricas cuando estas ni existen”.

Los psiquiátricos penitenciarios, “cárceles disfrazadas de hospital”

Cuando un preso se considera inimputable, es decir, cuando la Justicia considera que no era consciente de sus acciones en el momento de cometer un delito, es enviado a uno de los dos psiquiátricos penitenciarios que existen en el Estado, uno en Sevilla y el otro en Fontcalent (Alicante).

Desde que en 2017 cerrara el último “manicomio criminal” en Italia,España es el único país en Europa con este tipo de centros, “cárceles disfrazadas de hospital psiquiátrico”, según las describe Pérez. Se trata de espacios con cerca de 100 presos por pabellón, lo que dificulta la atención personalizada, y al haber solo dos en todo el país, provoca el “desarraigo” de los internos, que se ven separados de sus familias en el caso de venir de lejos. “No sirven para nada”, responde rotundamente.

La única característica que los diferencia de una cárcel común, asegura, es la presencia de psiquiatras en plantilla, aunque en los psiquiátricos penitenciarios se repite el “déficit de personal” de toda la sanidad penitenciaria. En Fontcalent solo había un psiquiatra en 2019 y en noviembre llegó a ocurrir que el psiquiátrico se quedó sin psiquiatras, por lo que el propio Pérez tuvo que acudir como refuerzo.

La falta de personal no se limita tan solo a estos centros, sino que se da en todas las prisiones españolas. La población laboral de la sanidad penitenciaria está “envejecida y abandonada”, según el portavoz de CCOO: la edad media es de 57 años, los sueldos son en general más bajos que en el resto de la sanidad pública, no hay pluses por antigüedad y es difícil encontrar candidatos para un “medio duro” como son las cárceles, asegura Pérez.

Si faltan profesionales, defienden desde Prisiones, es porque no se presentan aspirantes a las plazas convocadas. Un 50% de las plazas de médicos se quedan sin cubrir, según el sindicato, y de la última oferta pública de empleo, de 30 plazas disponibles, solo se han cubierto cinco. En prisiones como la de Picassent, la más grande de España, de los 21 médicos en plantilla solo hay tres esta semana, subraya Javier Vilalta, presidente de la organización social Àmbit y portavoz de la Plataforma Salud Mental fuera de Prisiones.

Trastornos mentales “sobrevevenidos” por estar en prisión
Todo ello provoca una falta de atención a la salud mental en unos espacios gravemente afectados por trastornos de este tipo. Según los últimos datos completos del Ministerio de Interior, de 2007, el 25,6 % de los presos ha recibido uno o más diagnósticos psiquiátricos, lo que sumado al consumo de drogas, la llamada patología dual, eleva la tasa hasta el 49,6 %. El 46 % de los ingresos en las enfermerías de las prisiones está relacionado con patologías psiquiátricas, más de 25.000 en los últimos tres años, según un informe de Comisiones Obreras publicado el pasado octubre.

Muchos de los reclusos que llegan a la cárcel ya tenían un trastorno mental previo, que se suele diagnosticar entre los muros de la prisión, generalmente “a raíz de algún conflicto”, según López. Pero también es común que la propia institución cree patologías “sobrevenidas”. “El sufrimiento que se produce en las prisiones por ser un espacio hostil genera situaciones de estrés y de trauma, y esto deviene en un trastorno mental psiquiátrico grave en personas que no tenían problemas previos”, afirma Vilalta.

Los casos más comunes son los trastornos de la personalidad, según Pérez, seguidos de problemas de ansiedad y depresión. Pero a ello se une el abuso de drogas, fruto de un “círculo vicioso”, según señala el presidente de Àmbit. “Una persona con problemas salud mental sin entorno favorable acaba acudiendo al consumo de drogas para paliar los efectos de la enfermedad, mientras que los consumos generalmente acaban derivando en un problema de salud mental”, asevera.

Tampoco contribuye a mejorar su salud el reducido espacio para el ocio de muchas prisiones. Arancha Palomares, de la asociación Vivir, es voluntaria en las prisiones de Cuenca. “El patio del módulo de mujeres es pequeñísimo, apenas de unos 20 metros en los que no caben todas. Eso afecta muchísimo a la salud mental”, asegura.

Los presos tienen muy difícil acudir regularmente a terapia, por la escasez de psicólogos, y en el tratamiento psiquiátrico, desbordado, “se produce es un predominio claro de terapias farmacológicas”, según el psiquiatra. Mientras, la falta de personal en la atención primaria penitenciaria, quienes más conocen a los reclusos, provoca que “muchos casos pasen desapercibidos”, continúa.

Como consecuencia, la tensión va creciendo hasta que explota en forma de conflictos entre internos y agresiones a los funcionarios. “Los índices de agresiones son de los más altos a nivel europeo, pero lo más preocupante, un mayor nivel de violencia y de gravedad de las agresiones, subraya López.

Tres años en prisión preventiva a pesar de ser absuelta por su esquizofrenia
Muchas veces, personas en situación de exclusión social y trastornos mentales acaba en la prisión por no tener otro lugar a donde ir. Es el caso de Fátima (nombre ficticio), una mujer con esquizofrenia que llegó a estar tres años y cuatro meses en prisión preventiva sin atención psiquiátrica a pesar de que la Justicia había dictado una sentencia absolutoria porque su trastorno mental impedía que fuera consciente de sus actos, según relata su abogado, César Pinto.

“La situación que ha tenido es horrorosa”, asegura Pinto. Fátima, de origen marroquí y diagnosticada con esquizofrenia y trastorno psicótico, entre otras enfermedades, quemó el 11 de marzo de 2018 la casa en la que vivía, guiada por alucinaciones auditivas y tras haber consumido grandes cantidades de alcohol y cocaína.

Fue enviada a prisión provisional por un delito de incendio con riesgo para la vida de las personas, aunque la sentencia, de mayo de 2020, determinó que era inimputable, por lo que establecía un internamiento de entre cinco años y 15 años en un “centro adecuado”, y la posibilidad de que cumpliera este plazo en régimen abierto.

Sin embargo, cuando Pinto, abogado de oficio, se hizo cargo del caso, se encontró que pese a su diagnóstico y esta sentencia se encontraba en la cárcel de Picassent, sin atención a sus problemas de salud mental. “Como no tenía medios económicos y nadie se hacía cargo de ella, ni había recurrido, acordó con la Fiscalía que lo mejor era que siguiera en prisión”, relata el letrado, que reconoce verse “sorprendido” al descubrir que este tipo de casos era común en la jurisdicción española al no haber recursos para atender adecuadamente a ese tipo de reclusos.

“Como no había psiquiatra, ella estaba en la enfermería y cuando tenía algunas crisis, la llevaban a urgencia esposada, la trataban y la devolvían al centro penitenciario”, explica. Pasó más de tres años sin ningún tipo de tratamiento, un periodo durante el cual se agravó su enfermedad, hasta que su abogado consiguió que fuera trasladada a Fontcalent, donde se encuentra mejor.

“El tema de las personas con discapacidad mental es una de las cosas peor reguladas del sistema penal, porque se les quiere tratar como delincuentes cuando no lo son”, denuncia. Pinto ha puesto quejas sobre el caso ante el Defensor del Pueblo, el Síndic de Greuges -el equivalente a esta figura en la Comunidad Valenciana- y la ONU.

De la vuelta a los macropsiquiátricos a los programas de salida de prisión
Las organizaciones sociales recuerdan que casos como el de Fátima evidencian las fallas de un sistema penal “anacrónico” para las personas con trastornos mentales. El último ejemplo, denuncia Vilalta, es el anuncio de la construcción de un macropsiquiátrico para 500 personas en Siete Aguas (Valencia), a principios de este año. Con 70.000 metros cuadrados, sería el mayor de España.

Este centro, “vulnera los derechos humanos de las personas judicializados con problemas de salud mental” y va en contra de la OMS, la ONU y la Estrategia Nacional de Salud Mental, que establecen que el modelo de recuperación con estos problemas tiene que ser sociocomunitaria, es decir, fuera de instituciones cerradas como cárceles o psiquiátricos penitenciarios, critica Vilalta.

Más de 200 entidades se unieron a principios de este año para denunciar este macrocentro, agrupadas en la Plataforma Salud Mental Fuera de las Prisiones. La propia Generalitat valenciana se opuso a su construcción y, según Vilalta, comunicó a las asociaciones que no pondría recursos para que se llevara adelante la puesta en marcha de esta instalación en lo que antes fue el proyecto fallido de una nueva cárcel.

Desde la Plataforma piden la transferencia de la competencia de la sanidad penitenciaria a las comunidades, y que se amplíen programas ya existentes, como el Programa Marco de Atención Integral a los Enfermos Mentales en prisión (PAIEM) o el Programa Puente, que busca facilitar la inserción de los reclusos con problemas graves de salud mental y que estos cumplan parte de su pena fuera de prisión, como en centros de día, pisos tutelados, con trabajos para la comunidad, etc.

La columna vertebral de estos programas la forman voluntarios como Palomares. “Hacemos talleres en los que explicamos qué son las enfermedades mentales y desmontamos mitos. Mucha gente se reconoce porque ni siquiera sabían que tenían un trastorno”, cuenta.

Pérez pone como ejemplo las unidades que hay en Europa: “No penitenciarias, sino dependientes de Sanidad, de 20 o 25 personas como mucho y altamente dotadas de personal”

Mientras esto se pone en marcha, CCOO reclama también que se ponga en macha al menos una unidad psiquiátrica en cada comunidad autónoma, aunque reconocen que lo ideal sería que hubiera una por prisión.

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