La mayoría de las cerca de 1.000 denuncias de torturas en prisión durante los últimos diez años acabaron archivadas

Instituciones Penitenciarias asegura que el 93% de los expedientes relacionados con malos tratos en las cinco cárceles más "conflictivas" de España se cerraron sin consecuencias para los funcionarios. Activistas aseguran que no siempre se realiza una investigación seria sobre lo sucedido, mientras que Interior defiende que "no tolera ese tipo de conductas".

PÚBLICO (DANILO ALBIN).- “Torturas, porrazos, puñetazos”. “Ataron de manos y pies”. “Reducción a golpes y porrazos y asfixia del cuello”. Las tres acusaciones fueron formuladas los pasados 24 de marzo y 1 de abril por un preso en situación de aislamiento en la cárcel de Albocàsser. El caso acabó archivado. Ese mismo recorrido ha sido experimentado en la mayoría de las aproximadamente 1.000 denuncias similares registradas en las cárceles españolas durante los diez últimos años.

Esta prisión de la Comunidad Valenciana forma parte del listado de cinco centros considerados como “centros tipo” por Instituciones Penitenciarias. Bajo ese mismo rango están también las cárceles de Estremera (Madrid), Puerto III (Cádiz), Huelva y Sevilla II. Todas ellas “albergan un gran número de internos” y, debido a sus “instalaciones y dotaciones”, poseen unos “perfiles de conflictividad y peligrosidad más altos”, según se desprende de una respuesta escrita enviada recientemente por Interior al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu.

“Se trata de instalaciones recientes, adaptadas a un perfil de interno actual”, señalaron fuentes de Instituciones Penitenciarias. En tal sentido, explicaron que en España no existe el concepto de “prisión de alta seguridad”, por lo que en su lugar son estas cárceles las que “responden a una estructura que facilita la clasificación de internos con el perfil como el que dice la respuesta a Iñarritu”, explicaron en alusión a los términos de “conflictividad” o “peligrosidad”.

Del mismo modo, esas cinco cárceles acumulan un amplio número de denuncias por torturas y malos tratos que, según reivindica Interior en su respuesta, acaban en nada. “Todas y cada una de las denuncias por malos tratos son investigadas y, como resultado de la investigación, ningún funcionario de esos centros ha sido sancionado en vía administrativa ni condenado judicialmente por las denuncias presentadas”, destaca el documento, que aporta además otro dato: “En los últimos tres años, el 93% de los procedimientos abiertos han sido archivados“. Interior defiende además que “no tolera ese tipo de conductas, siendo perseguidas tanto penal como administrativamente”.

Orden de Interior

El documento incluye datos sobre 17 casos denunciados por internos de esos cinco centros durante 2020. Seis de ellos se produjeron en la cárcel gaditana de Puerto III, donde se refirieron hechos de “malos tratos”, “paliza por parte de funcionarios”, “malos tratos físicos y psíquicos” o agresiones por “protestar porque una cabina de teléfono estaba estropeada”.

“Es obvio que hay que poner una lupa en lo que ocurre en las Prisiones. Es cierto que hay protocolos y cámaras, pero precisamente donde se denuncian malos tratos es allí donde faltan cámaras y donde no se puede comprobar lo que ocurre“, señaló Iñarritu a Público. El diputado de EH Bildu destacó también otro punto: “llama también la atención que la inmensa mayoría de denuncias se concentra en unas cárceles concretas”. “Ahí debe ponerse el foco”, remarcó.

Con esa respuesta del Gobierno en la mano, Fran Fernández, integrante del área de Cárceles de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), pone la lupa en otro dato: “en tres de las seis denuncias interpuestas en la cárcel de Puerto III no hay parte de lesiones”. “Tanto el Defensor del Pueblo como el propio Ministerio del Interior han establecido que cuando hay una denuncia por torturas tiene que hacerse parte de lesiones, pero vemos que eso no siempre ocurre”, señala Fernández.

En efecto, el 1 de julio de 2019 Interior remitió una orden a los directores de centros penitenciarios en la que se señala expresamente que “siempre que el interno refiera ser agredido” se deberá realizar un parte de lesiones, incluso en aquellos casos en los que “no consten” signos de malos tratos.

“En estos supuestos, el director deberá también acordar la realización de actuaciones tendentes a esclarecer lo acaecido y, con independencia del resultado de las mismas, remitir copia de lo actuado y de la declaración del interno al Juzgado de Guardia“, destaca el documento.

En esa orden, Interior subrayaba que “el hecho de que la ejecución privativa de libertad se realice en un contexto cerrado, propio de una institución total, motiva que sea especialmente relevante ejercitar la labor penitenciaria en el respeto más escrupuloso de la legalidad”. “Ello no solo por el imperativo legal al que estamos sometidos, sino por erradicar la duda sobre la existencia de posibles abusos y desviaciones de poder por parte de quienes ejercemos una función pública”, destacaba el ministerio en dicho documento, firmado por el Director General de Ejecución Penal y Reinserción Social.

Sin embargo, el reconocido activista Jorge del Cura, miembro del Centro de Documentación contra la Tortura, advierte que “muy pocas denuncias se investigan hasta el final”. “La cárcel de Albocàsser es la que más denuncias de ese tipo acumula. De las que sabemos, están todas archivadas, y todas sin una investigación seria”, afirma Del Cura, quien sostiene que la mayor parte de los casos “se archivan con el mero informe de la institución penitenciaria, por lo cual hay poco que hacer”.

Albocasser en primer lugar

Precisamente, la cárcel de Albocàsser figura a la cabeza de los centros con más denuncias por torturas entre 2010 y 2019, según se desprende de una respuesta escrita remitida en mayo pasado por Interior al senador de Compromís Carles Mulet. De acuerdo a los datos extraídos de ese informe, esa prisión valenciana registró 75 procedimientos en ese periodo, seguida por Puerto III y Sevilla II con 67 casos cada una.

En total, entre 2010 y 2019 se abrieron 932 expedientes por torturas o malos tratos, aunque no se aclara cuál fue el recorrido de cada uno de ellos. “Dado lo genérico de la respuesta, no se puede afirmar que esa relación recoja todas las denuncias y quejas formuladas ante los tribunales de Justicia de las que tienen conocimiento las organizaciones de derechos humanos”, advierte Del Cura.

El integrante del Centro de Documentación contra la Tortura subraya además las dificultades que existen en torno a este tipo de casos. “Cuando nos enteramos de una denuncia y queremos hablar con la persona agredida, generalmente ha sido trasladada de cárcel, por lo que para cuando conseguimos localizarla han pasado un par de meses y ya no quiere denunciar, por miedo o por otras circunstancias”, resumió.

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