Un proceso donde la única violencia la han ejercido aquellos que pretendían reventarlo va a ser juzgado con peticiones de cárcel que suman más de doscientos años. El escrito de calificaciones de la Fiscalía reclama duras condenas por «rebelión» contra algunas caras visibles del proceso independentista. Está previsto que el juicio comience en enero.
GARA (IKER BIZKARGUENAGA|BILBO).- Oriol Junqueras cumplió ayer un año en prisión condicional, una triste efeméride que endureció aún más la Fiscalía del Tribunal Supremo con una petición de 25 años de cárcel por su liderazgo en el proceso independentista catalán. Sobre el vicepresident de la Generalitat ha recaído la solicitud de condena más alta pero, en total, el Ministerio Público español quiere sancionar con 214 años la participación en un proyecto de empoderamiento democrático cuyo principal hito fue la consulta del 1 de octubre del pasado año. Así, los fiscales Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno piden otros 17 años contra tres de las caras visibles del procés: la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y los principales responsables de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente. Asimismo, sobre otros miembros del Ejecutivo encausados pesa igualmente una petición de cárcel muy alta: 16 años. Se trata de Joaquim Forn (Interior), Jordi Turull (Presidencia), Raül Romeva (Exteriores), Dolors Bassa (Trabajo) y Josep Rull (Territorio y Sostenibilidad). Estas nueve personas están acusadas de «rebelión». Junqueras, Forcadell, Sánchez y Cuixart, en calidad de «promotores o jefes principales». Además, al vicepresident y a los cinco consejeros citados se les atribuye también un delito de «distracción ilegal de fondos públicos». Otros tres integrantes del Govern, Meritxel Borrás (Gobernación), Carles Mundó (Justicia) y Santi Vidal (Empresa), no se enfrentan a un cargo de rebelión, pero sí a sendos delitos de malversación y desobediencia grave, con peticiones de 7 años para cada uno por parte de la Fiscalía, que también reclama castigo para los antiguos miembros de la Mesa del Parlament Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet. Les atribuye un delito de desobediencia, sancionado con un año y ocho meses de inhabilitación para cargo público y 30.000 euros de multa. A la misma petición hará frente Mireia Boya, expresidenta del grupo parlamentario de la CUP. En la Audiencia Nacional En total, la petición de cárcel en el Supremo alcanza los 177 años, pero a esa cantidad hay que sumar las condenas solicitadas en la Audiencia Nacional contra los principales mandos y responsables políticos de los Mossos d’Esquadra. El mayor Josep Lluís Trapero se enfrenta a una petición de 11 años, también por rebelión, y no por los delitos de sedición y organización criminal por los que fue procesado por Carmen Lamela. Igual condena afrontan el ex secretario general de Interior César Puig y el exdirector de los Mossos Pere Soler, como «mandos subalternos» de la «rebelión». La Fiscalía, dependiente en última instancia de la fiscal general del Estado, María José Segarra, nombrada por Pedro Sánchez, sí acusa de sedición a la intendente de la Policía autonómica Teresa Laplana, para la que solicita 4 años de cárcel. No es tan elevada la condena global que pide la Abogacía del Estado, pero sigue siendo muy alta. Contra Junqueras solicita 12 años de cárcel, y 11 años y medio para los consejeros Forn, Turull, Romeva, Bassa y Rull. Diez años de prisión reclama para Forcadell y ocho para Sánchez y Cuixart. A todos ellos les imputa un delito de sedición y no de rebelión. Las peticiones apenas varían para Borrás, Mundó y Vila, 7 años de cárcel pero 10 de inhabilitación para cargo público, y no 16, como quiere la Fiscalía. Nada cambia en el caso de Corominas, Guinó, Simó y Barrufet, mientras que la multa sería de 24.000 euros para Nuet y Boya, con inhabilitación de 16 meses. (DOCUMENTO COMPLETO EN PDF ADJUNTO)
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