Una jubilación y la falta de personal deja sin atención sanitaria 24 horas al penal. La DGA lleva 5 años pagando 1,5 millones por el servicio, sin aportación de Interior
EL PERIÓDICO DE ARAGÓN.COM – (F.MANTECÓN).- La cárcel de Zuera se quedará desde mañana sin médicos en el turno de noche, tras la jubilación de uno de los facultativos y la falta de reposición de plazas de la que adolece el servicio penitenciario desde hace años. Los presos no se quedarán totalmente desatendidos, ya que el departamento de enfermería sí seguirá activo las 24 horas, pero el hecho de que ya actualmente el penal disponga de la mitad de médicos de los que debería de haber, cuatro de ocho, hace esta situación preocupante. Lo es al menos para el sindicado ACAIP, mayoritario en el sector, que denunció este «paso atrás en un servicio esencial dentro de la prisión» que supone «un grave deterioro en el servicio público, donde la población mayoritariamente tiene mayores problemas psiquiátricos o físicos». Según recordó el sindicato, las emergencias que se declaren tendrán que ser atendidas por el 112, lo que dados los 50 kilómetros que separan el penal del centro sanitario de referencia (el módulo penitenciario está en el Miguel Servet) conllevará retrasos en la atención. Esto sin contar que, como recordaron, el servicio lo sigue sufragando el Gobierno de Aragón. En una reciente respuesta parlamentaria del consejero Sebastián Celaya a Podemos, el titular de Sanidad recordaba que llevan pagando en solitario la atención a los presos desde el 2013, lo que supone 1,5 millones al año de media, unos 7,5 millones de euros en este periodo. Anteriormente había en vigor un convenio con Instituciones Penitenciarias, pero esta dejó de pagar, y el abogado del Estado argumentó en un litigio que los presos siguen teniendo derecho a la sanidad convencional aun estando internos, y por tanto los gastos han de correr a cuenta del Salud. Los médicos de la cárcel, en cualquier caso, no se ocupan estrictamente de la atención sanitaria, recordaron fuentes de ACAIP. Entre sus tareas figuran la supervisión de las comidas, la revisión de conductas autolíticas (y la activación del protocolo antisuicidios) o la supervisión de los presos en régimen de aislamiento. A esto se une la polémica por la última oferta de movilidad interna, que a juicio de ACAIP ha sido un escándalo de corrupción, al haberse asignado plazas que no figuraban en la convocatoria y haberse ocultado las puntuaciones y obviado al comité evaluador. por lo que se han llegado a querellar contra la cúpula de Instituciones Penitenciarias.