Con respecto al suicidio, muy ligado a la enfermedad mental, en 2018 tres reclusos decidieron quitarse la vida en el interior de las prisiones: uno en Ávila y dos en León
LEONOTICIAS.- Un total de 127 presos que cumplen condena en las cárceles de Castilla y León presentan un trastorno mental grave, por lo que la comunidad acapara así casi el 7% de los internos acogidos en España a un Programa de Atención Integral a Enfermos Mentales (PAIEM) que trata de garantizar el cumplimiento de la pena impuesta en condiciones adecuadas.
Así lo pone de manifiesto el Gobierno en la información remitida al Congreso de los Diputados a petición del diputado de EH Bildu Jon Iñarritu.
El citado programa proporciona a los profesionales que trabajan en los centros penitenciarios una guía a seguir para lograr la normalización e integración social de los reclusos.
De este modo, contempla actuaciones terapéuticas destinadas a rehabilitar a la persona intentando recuperar sus capacidades y fomentando la autonomía personal, la calidad de vida y la adaptación al entorno.
Todo ello con el objetivo de evitar el deterioro psicosocial gracias a la adquisición y desarrollo de habilidades que faciliten el desenvolvimiento personal, familiar, social y laboral del afectado.
La cárcel de Villahierro, en Mansilla de las Mulas (León), se sitúa a la cabeza con 39 presos con trastorno mental grave.
Le siguen los penales de Topas (Salamanca) y Dueñas (Palencia), oficialmente Centro Penitenciario La Moraleja, donde 31 y 20 reclusos siguen el PAIEM, respectivamente.
Por detrás, se encuentran las prisiones de Valladolid (19), Burgos (6), Brieva -en Ávila- (6), Segovia (5) y Soria (1).
En respuesta a la pregunta parlamentaria se detalla que, de los presos con trastorno mental grave, el 38,7 por ciento presenta patología dual, es decir, un desorden psiquiátrico agravado por algún tóxico y/o una adicción sin sustancias.
Asimismo, el 37,3 por ciento está afectado por un trastorno psicótico como la esquizofrenia, el 29,7 por ciento por un trastorno de la personalidad, el 16,7 por ciento por un trastorno afectivo y el 12,4 por ciento por otro tipo de patología.
El Gobierno explica que la suma de los porcentajes es superior al 100 por cien porque algunos internos tienen más de un diagnóstico.
Si bien no existen salas específicas para albergar en exclusiva a los enfermos mentales, el Ministerio del Interior asegura que «todas las enfermerías están preparadas para hacerse cargo de ellos sin que tengan que estar segregados salvo que, como ocurre con cualquier otra patología, un juicio médico estime lo contrario«.
La información remitida al Congreso apunta que «alrededor del 16 por ciento de los internos con trastorno mental grave que están en el PAIEM residen preferentemente en las enfermerías de los centros penitenciarios, al persistir conductas de riesgo y disruptivas y síntomas positivos que interfieren significativamente con el funcionamiento diario«.
El resto de presos con trastornos mentales graves «están llevando vida normal preferentemente en los módulos, aunque precisando seguimiento y su participación en las actividades terapéuticas del PAIEM«.
El Gobierno concluye que «los presos con enfermedades graves son convenientemente tratados tanto por los servicios médicos penitenciarios como por los servicios especializados de los hospitales de referencia».
En cuanto a la aplicación del artículo 196 del Reglamento Penitenciario que prevé la libertad condicional de enfermos terminales, el Gobierno sostiene que «es valorada cuando a juicio de los médicos de cada establecimiento este procedimiento ha de ser iniciado con algún interno».
Con respecto al suicidio, muy ligado a la enfermedad mental, otra respuesta a una pregunta parlamentaria deja ver que en 2018 tres reclusos decidieron quitarse la vida en el interior de las prisiones y en los hospitales de referencia de los centros penitenciarios: uno en Ávila y dos en León.
En 2017 se suicidaron dos: uno en Villahierro (León) y otro en La Moraleja (Palencia).
Asimismo, según las autopsias y los informes toxicológicos, en 2018 se registraron tres fallecimientos por adicción a estupefacientes en los penales de Burgos, León y Soria frente al único caso anotado en Villahierro, en Mansilla de las Mulas, en 2017. La principal causa de mortalidad es la natural (excluido el VIH/Sida).
En el 2017 fueron siete fallecimientos por este motivo y en 2018 esta cifra aumentó hasta las 11 defunciones.