La cifra de funcionarios cae a 865 y dos vigilantes tienen que custodiar a cien internos en cada turno de la prisión valenciana
LAS PROVINCIAS.ES- (JUAN SANCHIS) La seguridad de la cárcel de Picassent está en entredicho. La caída en el número de funcionarios amenaza las labores de vigilancia y la situación para los profesionales que trabajan tanto en la prisión como en el Centro de Inserción Social de Valencia Torre Espioca se está haciendo insostenible. Esta es la principal conclusión del informe elaborado por la AGRUPACIÓN DE CUERPOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (ACAIP) que denuncia las carencias. El estudio realizado por la formación sindical detalla la progresiva pérdida de funcionarios sufrida por el centro penitenciario durante los últimos siete años en lo que se asemeja a un lento goteo. De los 932 trabajadores en activo que había en diciembre de 2011 se pasó a 906 un año más tarde. En 2013, los que desempeñaban su labor en la cárcel valenciana eran 896. La tendencia negativa se incrementó en los años posteriores: 888, en 2014, y 873, en 2015. En 2016 se ralentizó el ritmo de caída y en diciembre se contabilizaban 874. Junio de 2017, mes en el que concluye el estudio de Acaip, se cerró con 865 efectivos. La edad media de los trabajadores de la cárcel valenciana es de 48 años Fuentes penitenciarias atribuyen el progresivo descenso de trabajadores en la cárcel de Picassent a la falta de nuevas incorporaciones en la plantilla como consecuencia de la congelación de las ofertas de empleo público derivada de las políticas de recorte aplicadas por el Gobierno durante la pasada crisis económica. Por el contrario, el número de presos se ha mantenido estable durante todo el periodo estudiado. En estos momentos, y según las mismas fuentes, hay unos 2.050 internos, de forma que dos trabajadores custodian a unos cien presos en cada turno. Las cifras 100 Plazas vacantes tendrían que ser cubiertas en la cárcel de Picassent para completar la plantilla prevista por la administración. -7,2% Es la caída en el número de trabajadores de la prisión valenciana registrada durante los últimos siete años. Aunque la plantilla de la cárcel de Picassent está compuesta por 865 trabajadores, no todos se dedican a labores de seguridad y vigilancia de los internos. Hay efectivos que desempeñan sus funciones en tareas administrativas y generales. A esta cifra, según destacan fuentes penitenciarias, hay que sumarle el hecho de que los funcionarios desempeñan su trabajo en varios turnos y que hay algunos que están de vacaciones o de baja. Todos estos factores reducen significativamente el número de efectivos que se dedican exclusivamente a labores de custodia de forma que, según resaltan fuentes penitenciarias, la seguridad de la prisión se ve comprometida. El estudio también se centra en las vacantes que están sin ocupar, que en junio de 2017 rondaban el centenar. La relación de puestos de trabajo, el documento que recoge los trabajadores que debe tener la cárcel de Picassent, especifica que el número de funcionarios debe ser 945 frente a los 865 que en junio de 2017 prestaban servicio en el centro penitenciario. El sindicato de funcionarios Acaip denuncia que la situación puede acabar en colapso La mayor parte de las vacantes se localizan en el área de servicio interior, que es la que se encuentra en contacto directo con los presidiarios, con 55 puestos sin cubrir (el 68,75% del total). Le sigue la sanitaria, con 11 (el 13,75%) y 14 en el resto de áreas (17,5%). El informe de Acaip resalta que se está produciendo un envejecimiento progresivo de los trabajadores que viene motivado por «la falta de nuevas incorporaciones» que ha caracterizado los últimos años. La media de edad de los funcionarios en estos momentos es de 48 años. Ante ello, Acaip reclama una renovación de la plantilla de trabajadores, ya que «los internos sí que se renuevan» y tienen menos edad que sus cuidadores. Por otro lado, el sindicato considera que la perspectiva a medio plazo es desoladora y la situación puede desembocar en un colapso. También denuncia que la administración reconoce el problema de la falta de funcionarios pero no hace nada para solucionarlo.