La cárcel de los 14 millones olvidados

La segunda prisión de Valencia cumple nueve años con las obras paralizadas en Siete Aguas mientras Interior cambia el proyecto inicial por el de un psiquiátrico penitenciario «que se asemeje a un pueblo»

LAS PROVINCIAS (JUAN ANTONIO MARRAHÍ. FOTOGRAFÍA: I. ARLANDIS).- «Es probable que el centro penitenciario Levante II esté cerrado en estos momentos«. La voz del navegador de Google lanza esta advertencia antes de partir en coche a ver cómo marchan las eternas obras de la cárcel de Siete Aguas. No va mal encaminada. Lo que no sabe es que jamás se ha abierto allí nada. Ni se conoce cuándo sucederá. O cuándo despertará del largo letargo en forma de mole de hormigón a medio completar tras una inversión de 14 millones y medio de euros.

Como en el célebre estribillo, «ahí está, ahí está, viendo pasar el tiempo»… La cárcel de Siete Aguas. Se proyectó en tiempos de Zapatero, antes de 2010, para aliviar la situación de la prisión de Picassent. Sobre el papel, la buena intención: albergar a 1.194 internos en más de un millar de celdas en diez módulos residenciales. Y un presupuesto de 89 millones de euros.

Pero sobrevino el cambio de Gobierno, llegó Mariano Rajoy y también los ajustes presupuestarios por la crisis económica. En medio de los recortes se decidió en 2012 echar el freno a una obra en la que ya había invertidos 14 millones y medio de euros, según admitió más tarde el Ejecutivo.

La tumba gris de ese dinero son las grandes edificaciones incompletas, los caminos pedregosos y sin asfaltar, las tuberías, cables, estructuras y máquinas que hibernan, sin función alguna, en la partida El Campillo de Siete Aguas. Y así llevan casi una década. Una construcción congelada en una eterna sexta parte de lo proyectado.

La vigilancia persiste

Eso sí, hay que vigilar la ahora inútil edificación hasta que algún día sirva a la sociedad. El exdiputado de Esquerra Unida Ricardo Sixto insistió al Gobierno, aquí ya con Pedro Sánchez, con preguntas sobre esta cuestión. La respuesta del Ejecutivo fue que, desde que se paralizaron los trabajos «y hasta junio de 2017, el coste de la vigilancia de las instalaciones ascendía a 600.000 euros». El gasto rondaba entonces los 14.000 euros al mes.

Ese control de la cárcel sin presos recae ahora mismo en Horus Seguridad. Allí, en una solitaria garita, un hombre defiende 24 horas los deshabitados páramos penitenciarios. Un empleado de la empresa nos confirma que, sólo en el último año, «ha habido que neutralizar aproximadamente una decena de irrupciones». Se trataba de okupas, saqueadores o grafiteros que, tumbando o rompiendo vallas, pretendían entrar en la cárcel. Paradojas del delito.

Hasta aquí pasado y presente de Levante II. Pero, ¿cuál es su futuro? Consultamos a Instituciones Penitenciarias, que a su vez traslada la pregunta a la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (SIEPSE). «En los próximos días podremos responder», anuncian.

El informe anual de SIEPSE de 2018 explica que, aunque la obra principal se encuentra «interrumpida temporalmente, se ha trabajado en la gestión de algunas infraestructuras externas necesarias para el funcionamiento del centro: suministro de agua, vertidos o vial de acceso«.

Ya en su balance de 2019 la sociedad dependiente de Interior indica que hay una propuesta: «crear un hospital psiquiátrico como alternativa a la infraestructura prevista, con lo que se podrán rentabilizar las inversiones ya realizadas», firma la presidenta Mercedes Gallizo.

Detallan que se creó «un equipo de trabajo multidisciplinar» para la propuesta de diseño de ese hospital psiquiátrico penitenciario »que se ubicará en la parcela inicialmente destinada« a la ya abandonada segunda cárcel de Valencia.

El anteproyecto

Hace ya más de un año se realizó un anteproyecto para la nueva construcción que se definió así: «un complejo con espacios y unidades donde se afronten los problemas de las personas internadas desde una perspectiva terapéutica y rehabilitadora». Según la sociedad estatal, «la complejidad de una infraestructura que debe de aunar terapia y seguridad ha llevado a analizar las necesidades de cada clasificación terapéutica para definir los espacios interiores y exteriores».

El propósito es crear algo «que se asemeje a un pueblo en donde los habitantes, las personas enfermas, vivirán en comunidades pequeñas, con unidades residenciales específicas y personalizadas adaptadas a la enfermedad que acoja». Esta dispersión «contribuirá a paliar uno de los problemas de estos internos en infraestructuras de un único edificio: la psicomotricidad».

Mientras, funcionarios de Picassent lamentan que se haya aparcado la construcción de una segunda prisión valenciana. Según ACAIP-UGT, «si bien ha bajado la población penitenciaria, el centro presenta hacinamiento. Suele haber entre 1.920 y 1.930 reclusos para 1.326 celdas y la Ley Orgánica General Penitenciaria requiere un interno por celda». Es decir, señalan un exceso de casi 600.

Además, «los módulos están construidos en función del concepto de un ocupante por celda. El exceso obliga a dos turnos de desayuno, de cena… momentos regimentales muy delicados que complican todo y elevan los riesgos». El Defensor del Pueblo se refirió en su día a que el módulo de presos de Primer Grado, los más peligrosos, no reúne los requisitos para albergar internos. «Y las carencias no se han solventado», aseguran. Y otra crítica: «la sobreocupación de Picassent hace que presos originarios de Valencia tengan que alojarse en cárceles de otras provincias, con el consiguiente problema para sus familiares».

Alberto García, presidente autonómico de Prisiones en CSIF, piensa del mismo modo. Anhela que se cumpla de una vez la ratio legal de un preso por celda. Denuncia que el de Picassent «es un centro muy antiguo, con espacios muy reducidos, tanto en celdas como en zonas comunes, que no están pensados para semejante cantidad de internos«.

Según García, «la saturación hace que reclusos valencianos tengan que cumplir condena en centros tan alejados como Estremera, en Madrid». Señala que provincias como Cádiz tienen cuatro centros, Madrid, siete, Alicante, dos además del psiquiátrico«.

Desde su punto de vista, «no cabe duda de que en España son necesarios hospitales psiquiátricos penitenciarios, pero eso no quita de la necesidad de un segundo centro penitenciario en la provincia». De momento, tendrá que esperar.

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