CORONAVIRUS
ELNACIONAL.CAT (GEMMA LIÑÁN).- La conselleria de Justícia ha pedido al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que facilite que los presos preventivos y con penas cortas puedan pasar el confinamiento en su casa. Se trata de una iniciativa instada por la ONU, el Consejo de Europa y el Síndic de Greuges, además de entidades sociales, para esponjar los centros. El TSJC, sin embargo, le ha respondido que eso depende de cada juez y que el alto tribunal catalán no puede hacer nada más. Antes de la pandemia, de los 8.400 presos, 1.600 estaban en prisión preventiva. De los 6.800 condenados, unos 1.700 estaban en tercer grado. Ahora hay 1.551 preventivos, ninguno de los cuales ha podido ser enviado a su casa a pasar el confinamiento, cosa que sí pueden hacer 1.655 presos en tercer grado.
En una carta del viernes pasado, a la cual ha tenido acceso la ACN, la consellera de Justícia, Ester Capella, pedía al presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, que le comunicara las “iniciativas o propuestas” que desde la judicatura se están desarrollando o se prevén desarrollar para paliar o compensar el efecto de la pandemia en el ámbito penitenciario. Y consideraba que sería “especialmente apropiado sopesar la revisión” de la situación de presos preventivos o con penas de corta duración para que pudieran evolucionar a una situación de confinamiento domiciliario y así “reducir la carga y la complejidad de la gestión” en las prisiones. En la carta, Capella recordaba las medidas del departament para aislar y tratar a los internos infectados.
En su respuesta del lunes pasado, a la cual también ha tenido acceso la ACN, Barrientos decía que una “acción efectiva” podría pasar por “revisar” algunas decisiones de prisión, sobre todo las preventivas y de corta duración, “en la medida en que pudieran sustituirse por otras de los mismos efectos y que no impliquen ingreso” en centro penitenciario. “No obstante, como sabe y resulta obvio, se trataría en todo caso de decisiones jurisdiccionales que escapan absolutamente del ámbito de competencia propio de esta presidencia”, respondía el presidente del TSJC.
A continuación, la carta de Barrientos añade que la situación excepcional de la emergencia sanitaria hace que las acciones emprendidas por la administración penitenciaria, o sea la Generalitat, “tienen que ser compartidas con todas las autoridades judiciales del ámbito de este tribunal superior, por si las condiciones de los ingresos respectivos fueran susceptibles de alguna medida que pueda templar o retrasar su efectividad y con eso contribuir a contener los riesgos latentes”. Por eso, Barrientos remitió la carta también a todos los juzgados catalanes para que tengan en cuenta estas consideraciones por si se pudieran retrasar algunas órdenes de prisión preventiva o por si reciben peticiones de presos para confinarse en sus domicilios.
Sobre las medidas que ha tomado o plantea la judicatura para reducir el impacto del virus en las prisiones, Barrientos dice que la comisión de seguimiento del coronavirus del TSJC ha promovido la utilización de canales virtuales de comunicación para realizar comparecencias judiciales a distancia.
Esta cuestión y la carta de Barrientos se incluyó en la reunión número 15 de la comisión ejecutiva de seguimiento del coronavirus, iniciada el lunes por la tarde, y la comisión se dio por enterada.
1.700 presos confinados en casa
A causa de las medidas impulsadas por Justicia, ya son 1.330 las personas que han pasado a estar confinadas en su domicilio o en recursos de entidades sociales, fuera de las prisiones. Se añaden a los que antes de la pandemia ya estaban clasificados en tercer grado y sometidos a controles telemáticos, 325 internos, el 19% del total de 1.700 que había antes del confinamiento. En cambio, actualmente, hay 1.655 internos en este tipo de seguimiento, un 90% de los actuales 1.841 internos en tercer grado de Catalunya.
De estos, 16 presos con patologías previas también pasan el confinamiento fuera de las prisiones, ya que requieren medidas de protección especial porque son casos de riesgo en caso de contagio. Once están en casa y cinco están en pisos de entidades sociales denominados unidades dependientes. Estas personas están sujetas a control telemático o supervisadas por los responsables de las unidades dependientes. Todos los casos han sido informados en la fiscalía. Si hay recurso, lo resolverá el juzgado de vigilancia penitenciaria. Las juntas de tratamiento han aprobado clasificaciones en tercer grado para estos internos, en la modalidad de cumplimiento que prevé el artículo 86.4 del reglamento penitenciario, por motivos sanitarios.
Seis internos más con salud precaria y sin posibilidad de ser progresados a tercer grado porque están a la espera de juicio, han sido trasladados desde el Centro Penitenciario Brians 1 (Sant Esteve Sesrovires) a la enfermería del Centro Penitenciario Lledoners (Sant Joan de Vilatorrada).
El artículo 86.4 del reglamento penitenciario, que permite no ir a la prisión, se puede aplicar a los presos en tercer grado si se cumplen tres requisitos: buena evolución y adaptación al régimen abierto, que la medida favorezca el proceso de reinserción y que disponga de un domicilio donde pueda cumplir el confinamiento en condiciones adecuadas. Los 86.4 los proponen las juntas de tratamiento y los resuelve el Servei de Medi Obert de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima. El sistema penitenciario informa a la fiscalía de vigilancia penitenciaria. En caso de recurso, el caso pasa al juez de vigilancia. La última instancia es la audiencia de la demarcación. Una vez acabe la situación de emergencia sanitaria se valorará caso por caso si se revierte esta medida o se mantiene.
De los presos en segundo grado pero con el artículo 100.2, que les permitía salir casi cada día a trabajar o hacer voluntariado, antes de la crisis sanitaria había 157, 56 de los cuales han pasado a tercer grado y, por lo tanto, tienen opción de hacer el confinamiento en casa. Cuatro mujeres de los 101 reclusos que siguen en segundo grado y con el 100.2 ya están en su casa, y once hombres de Quatre Camins estaban pendientes de la decisión del juzgado de vigilancia penitenciaria.
Además, también se han podido confinar en casa algunos presos de más de 70 años. En el conjunto de los centros penitenciarios, los septuagenarios suman 108 internos. Antes de la pandemia, había 17 (16%) durmiendo en su casa, en aplicación del artículo 86.4 del reglamento penitenciario. Ahora, en cambio, ya son 45 (41%). Por lo tanto, desde el inicio de la pandemia, el número de mayores de 70 años confinados en casa prácticamente se ha triplicado. De los 63 septuagenarios que se quedan internos en los centros penitenciarios, las prisiones estudian la oportunidad del confinamiento domiciliario de 35 casos más. El resto están descartados porque son preventivos y dependen directamente de los jueces, seis, o porque lo desaconseja tanto la conducta como el riesgo de reincidencia delictiva, 22.
En estos momentos, 61 internos han dado positivo por coronavirus. Hay nueve dados de alta. Del resto, ocho están ingresados en el Hospital Penitenciario de Terrassa; 32, en la unidad hospitalaria Covid-19 del módulo 4 de Quatre Camins; nueve, en la unidad hospitalaria Covid-19 de Brians 2; uno, en la enfermería de mujeres de Brians 1; uno, en la Unidad Hospitalaria Psiquiátrica Penitenciaria de Brians 1; y uno más en un hospital convencional. También se han confirmado 55 casos positivos de coronavirus entre los funcionarios.