Interior investiga cuatro casos de supuestos malos tratos en la cárcel de Estremera

MALOS TRATOS

Instituciones Penitenciarias abrió las últimas pesquisas la semana pasada, tras denunciar un recluso que había sido golpeado en su celda por un funcionario

EL PAÍS (OSCAR LÓPEZ-FONSECA).- El Ministerio del Interior tiene abiertas cuatro investigaciones por casos de supuestos malos tratos a presos registrados este año en el Centro Penitenciario Madrid VII, de la localidad de Estremera, según confirman a EL PAÍS fuentes de Instituciones Penitenciarias. Las últimas pesquisas se iniciaron la semana pasada, después de que un recluso al que se le intervino un teléfono móvil, objeto prohibido dentro de la cárcel, denunciara haber sido golpeado en su celda por un trabajador. En un informe de septiembre de 2019, el Defensor del Pueblo ya alertó de la alta incidencia de este tipo de episodios en esta prisión, que en los últimos cinco años ha registrado 41 denuncias. Interior insiste en su política de “tolerancia cero frente a este tipo de conductas, siendo perseguidas tanto penal como administrativamente”.

En una reciente respuesta parlamentaria al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, el Gobierno admitía que en las cinco cárceles en las que entre 2015 y 2019 se habían registrado mayor número de denuncias por malos tratos –181 repartidas entre Castellón II, la gaditana de Puerto III, Huelva, Sevilla II y Estremera–, en los nueve primeros meses de 2020 se habían recibido otras 18. El Gobierno destacaba que el 93% de estas últimas habían sido archivadas sin sanciones a funcionarios, pero admitía que cuatro aún eran investigadas judicialmente o el Defensor del Pueblo había pedido información. De ellas, tres tuvieron lugar en la cárcel madrileña, a la que se sumó la semana pasada la denuncia del interno al que se le intervino el móvil.

El primero de estos incidentes en Estremera se remonta a enero, cuando un preso denunció malos tratos tras registrarse un incidente en el que participaron varios internos que se quejaban de falta de asistencia médica, según documentos internos a los que ha tenido acceso EL PAÍS. Este caso es investigado por el Juzgado de Instrucción 8 de Arganda del Rey (Madrid). También judicializado se encuentra la denuncia de un preso que aseguró haber recibido una paliza el 9 de septiembre. Por este suceso, por el que también se ha interesado el Comité contra la Tortura del Consejo de Europa, se ha abierto expedientes disciplinarios a siete funcionarios.

El tercero caso corresponde a un interno que asegura que, durante los 30 días que permaneció a finales del verano en el módulo de aislamiento, sufrió “insultos, vejaciones y malos tratos”. Este caso no consta como judicializado e Instituciones Penitenciarias lo clasifica en su respuesta parlamentaria como “en curso”. La cuarta denuncia es la del recluso al que se le intervino un móvil, y que Interior ha remitido al juez de guardia, según confirman fuentes del ministerio. En julio de 2019, Instituciones Penitenciarias ordenó a los directores de las cárceles ahondar en la investigación de las denuncias de malos tratos a reclusos en una instrucción interna en la que les instaba a remitir a los juzgados todas las quejas de internos por agresiones “aunque no consten lesiones”. La medida recogía una recomendación del Defensor del Pueblo.

En sus respuestas parlamentarias al diputado Iñarritu, Interior explica la alta incidencia de denuncias en la cárcel de Estremera en que es uno de los centros penitenciarios con más presos –alberga 1.200 internos y trabajan 500 funcionarios- y que, por ello, “concentra internos con un perfil de conflictividad y peligrosidad más altos”. En el escrito, también considera como posible causa de la conflictividad la ubicación de la prisión, alejada de núcleos urbanos, lo que “hace dificultoso la frecuencia de las visitas a la población reclusa”.

En septiembre de 2019, el informe anual del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) elaborado por el Defensor del Pueblo ya destacaba que “un número muy significativo” de presos de esta cárcel madrileña –una de las siete existentes en la región– habían referido “haber sufrido o haber sido testigo de algún tipo de maltrato o agresión por parte de funcionarios del centro”. El documento, elaborado tras las visitas realizadas durante 2019 por técnicos de la institución que dirige en funciones Francisco Fernández Marugán a 16 centros penitenciarios, recalcaba también que esta prisión madrileña era, además, de la que “procede un porcentaje considerable de todas las quejas de malos tratos” que recibe anualmente la institución.

Los técnicos del Mecanismo de Prevención de la Torturan destacaban que solo “un porcentaje muy reducido” de los internos a los que entrevistaron durante su visita y que aseguraron haber sufrido agresiones o lesiones en la cárcel de Estremera habían presentado denuncia o queja por estos hechos. “El principal motivo alegado es el miedo a las represalias, tales como sanciones disciplinarias, cambios injustificados de prisión o de módulo, o la sensación de que no sirve de nada o que, incluso, puede resultar contraproducente”, añadía el documento.

En anteriores informes, el Defensor del Pueblo había reclamado a Instituciones Penitenciarias la instalación de cámaras de videovigilancia allí donde se cachea a los internos y la elaboración con “urgencia” de una norma para asegurar la conservación de las imágenes grabadas como la mejor manera de prevenir los casos de malos tratos. También ha reclamado que las cámaras, además de captar imágenes, recojan sonido.

 

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