De fabricantes chinos, se han popularizado en las prisiones porque cuestan 20 euros, miden como un dedo meñique y se pueden introducir con facilidad.
EL CORREO (AINHOA DE LAS HERAS).- Miden unos 67 milímetros, algo así como un dedo meñique o un mechero y cuestan menos de 20 euros. De fabricantes chinos, se pueden adquirir fácilmente a través de páginas de internet o en tiendas del sector, y se han popularizado en las prisiones. En la cárcel alavesa de Zaballa, donde cumplen condena muchos vizcaínos y extranjeros detenidos en el territorio, se incautaron durante el año pasado varias de estas unidades (en la imagen, dos aparatos retirados a internos de Zaballa).
Su precio les convierte en objetos muy atractivos y su escaso y discreto tamaño permite que burlen los controles. Dentro de prisión emerge un auténtico mercado negro. Los internos los compran a otros presos o los intercambian por tabaco, droga u otros artículos que escasean en los penales. Su detección es difícil ya que, por su pequeño volumen, pueden ser ocultados en los orificios naturales del cuerpo humano o incluso en la suela de un zapato, como se ha llegado a descubrir. Pero, los funcionarios de prisiones sólo pueden realizar un registro corporal previa autorización judicial siempre que existan sospechas fundadas de que esa persona esconde droga o un objetivo prohibido, explican fuentes internas.
«Si queremos que las prisiones sean permeables, hemos de asumir que cada día entran familiares y otras personas ajenas. Es el mismo fenómeno por el que en las cárceles hay droga».
Se considera una falta leve y la sanción por portar uno de estos minimóviles se limita a reducir las salidas de la celda, cuando puede facilitar la comisión de un delito, advierten las mismas fuentes. La Ertzaintza ha llegado a detectar a un individuo condenado por un caso de maltrato y con una orden de alejamiento y prohibición de comunicarse con la víctima, que la llamaba desde la cárcel de Zaballa, según denunció la mujer. La Policía autonómica transmitió la información a los responsables de la cárcel, que retiraron el dispositivo al reo.
Sanciones más duras
En otros casos, por ejemplo, individuos acusados de pertenecer a bandas del crimen organizado podrían seguir dirigiendo acciones delictivas intramuros. «Estos comportamientos deberían tener sanciones más duras», apuntan fuentes de los funcionarios de prisiones.
Cada año, desde hace varios, se incautan en las cárceles españolas una media de 1.500 teléfonos móviles y el 90% de ellos son ya de estas miniaturas. Uno de los más comunes es una copia del clásico ‘Nokia’. Tan sólo permiten hacer llamadas, no tienen acceso a internet ni a whatsapp o a las redes sociales, pero pueden guardar hasta 500 contactos o enviar un centenar de mensajes.
Según los datos oficiales, las primeras incautaciones de estos diminutos teléfonos se registraron a partir de 2007, y desde entonces su presencia entre rejas ha ido en aumento hasta los 1.606 móviles requisados a presos en 2018. En 2017 fueron 1.383 y en 2016, 1.189. No existen datos diferenciados de las tres cárceles (Zaballa, Basauri y Martutene) del País vasco, aunque son menores que en otros centros penitenciarios.
Los funcionarios de prisiones se han quejado de que los inhibidores de frecuencias que llegaron a utilizarse para impedir que se activaran los teléfonos móviles desde prisión se han quedado obsoletos y ya no funcionan. Servían cuando los teléfonos eran 2G o 3G, pero al llegar el 4G, da igual que el inhibidor esté incluso encendido.