Este debate cumple una función: focalizar la causa del delito única y exclusivamente sobre la maldad del autor. Ello permite exculparnos como sociedad de cualquier responsabilidad (no penal) colectiva
ctxt.es XABIER ETXEBARRIA En 2015 se reintrodujo la cadena perpetua en España con el nombre de prisión permanente o perpetua -revisable, como no puede ser de otro modo en Europa en virtud del art. 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos. Esta involución en el proceso de humanización de nuestro sistema de penas (que reintroduce una pena que había desaparecido en España en 1928, durante la dictadura de Primo de Rivera) fue recurrida al Tribunal Constitucional por la casi totalidad de los grupos parlamentarios del momento (GP Socialista, GP Catalán de Convergencia i de Unió, GP de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, GP de Unión Progreso y Democracia, GP Vasco (EAJ-PNV) y GP Mixto (Bloque Nacionalista Galego, Nueva Canaria y Compromís-Q), al considerar que no es compatible con los arts. 10, 15, 17, 25.1 y 25.2 de la Constitución. La resolución aún está pendiente. Casi todos los partidos políticos con representación parlamentaria se presentaron a las elecciones con la derogación de la prisión permanente en sus programas. El electorado no puede llamarse a engaño. El PP, un partido que defiende la democracia representativa y denuesta la democracia directa, el partido de las mayorías silenciosas, no debería dar valor legislativo al millón de firmas de firmas recogidas contra la derogación. Tampoco deberíamos nadie ignorarlas o despreciarlas. En el debate celebrado en el Congreso el 10 de octubre de 2017 para aprobar la tramitación de la Proposición de Ley de derogación de la prisión permanente (presentada por el PNV el 16 de septiembre de 2016), que obtuvo 162 votos a favor, 129 en contra y 31 abstenciones, solo el PP y UPN se pronunciaron en contra de la derogación. Ciudadanos, nadando y guardando la ropa, calificó la prisión permanente como ‘demagogia punitiva’ y se abstuvo. Desde octubre, PP y Ciudadanos, por su mayoría en la Mesa del Congreso, vienen ampliando el plazo de presentación de enmiendas a una Proposición de Ley de dos páginas y media, impidiendo así que se convierta en Ley. Ahora, en el momento en que se produce una cierta remisión del interés público, respecto al pasado otoño, por el llamado ‘desafío catalán’, aprovechando la aparición del cadáver de Diana Quer -el PP tiene sobrados antecedentes en la utilización de la muerte como instrumento partidista desde el 11 de marzo de 2014- y con la complicidad de los grandes medios de comunicación -por lo general acríticos y reluctantes al conocimiento experto sobre criminología y derecho penal- el Partido Popular quiere defender su opción por la prisión permanente en los medios, en la opinión pública, para ejercer presión sobre la mayoría parlamentaria que acordó tramitar su derogación. Sorprendentemente, aprovechando un delito mediático que en el actual estado de la investigación no parece que pueda dar lugar a tal pena, lo que seguramente anuncia otros debates punitivistas en el futuro. (Texto completo en pdf adjunto)
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