ARTÍCULO 100.2
Podrá estar fuera de la cárcel 9 horas al día, incluido el tiempo de desplazamiento
LA VANGUARDIA (AGENCIAS. TARRAGONA).- La ex presidenta del Parlament Carme Forcadel ha salido por primera vez de la prisión de Mas d’Enric (El Catllar, Tarragona) este lunes por la mañana en aplicación del artículo 100.2 para hacer voluntariado y cuidar a su madre, de edad avanzada. Lo ha hecho en un vehículo conducido por su marido. La propia Forcadell ha colgado en su cuenta de Twitter una imagen de ella saliendo de la cárcel con un simple y elocuente mensaje “Persistim” (“persistimos”).
La Junta de Tratamiento del centro acordó la semana pasada que Forcadell pudiera salir tres días entre semana para hacer voluntariado y cuidar de un familiar de edad avanzada. Así lo había pedido la propia ex presidenta del Parlament, clasificada en segundo grado. Podrá estar fuera de la cárcel nueve horas al día, incluido el tiempo de desplazamiento.
Todos los presos del ‘procés’ se beneficiarán del artículo 100.2
Jordi Cuixart ya comenzó a hacer beneficiarse de este artículo la semana pasada. Otros presos también lo podrán utilizar después de que las juntas de sus prisiones lo autoricen, como Jordi Sánchez, Joaquim Forn y Dolors Bassa. De hecho, el Departament de Justícia ha admitido que su intención es que todos los presos condenados por el procés se beneficien de este artículo del reglamento penitenciario.
En las últimas semanas la junta de tratamiento de la cárcel de Lledoners (Barcelona) también ha acordado flexibilizar el régimen de los Jordis: el expresidente de la ANC podrá salir tres días a la semana y cinco el líder de Òmnium Cultural, para ir a trabajar y participar en actividades de voluntariado.
Asimismo, el exconseller de Interior Joaquim Forn y la de Trabajo Dolors Bassa podrán salir de prisión para ir a trabajar y a cuidar de familiares, una vez que las cárceles donde cumplen condena por el ‘procés’ -Lledoners y Puig de les Basses, respectivamente- acordaron la pasada semana aplicarles el artículo 100.2.
El 100.2 lo proponen las juntas de tratamiento de las cárceles -integradas por juristas, psicólogos, educadores sociales, médicos y maestros- y los eventuales recursos se agotan en la Audiencia de Barcelona, a diferencia de la clasificación penitenciaria, en que la última palabra la tiene el tribunal sentenciador.