El feminismo hegemónico reconoce el sistema penitenciario como una solución al patriarcado y demanda penas más severas para los hombres acusados de diferentes delitos cometidos sobre las mujeres.
OPINIÓN
EL SALTO (PABLO MUÑOZ ROJO).- Vivimos en un mundo de prisiones. Unas físicas, otras mentales y algunas simbólicas. Estamos acostumbrados a estar encerrados, en nosotros mismos, en nuestras formas de pensar, de ser y de sentir. El concepto de cárcel ha llegado un punto que es útil para definir demasiados elementos de la sociedad. El cuerpo es una cárcel, el trabajo es una cárcel, la casa es una cárcel, las identidades son cárceles, las naciones son cárceles, las redes sociales, las ideologías, las epistemologías también lo son, y como nos muestra Sirin Adlbi Sibai en su maravilloso libro La cárcel del feminismo, el feminismo puede serlo también.
Estamos tan acostumbrados a estar encerrados, que cada vez más queremos encerrar al resto. Nunca antes las prisiones fueron un elemento tan importante de las sociedades, y nunca antes fueron tan aceptadas. Cada vez hay más presos en el mundo, y esto no siempre está relacionado en todos los países con un aumento de la delincuencia.
Nunca antes las prisiones fueron un elemento tan importante de las sociedades: pese al descenso de delitos que se cometen la población en las cárceles no disminuye
En España encontramos que las infracciones criminales han pasado en el 2008 de 2.396.900 a 2.131.000 en el 2018 con un pequeño repunte del 4,1 por ciento entre el 2017 y el 2018. Y por el contrario el número de personas en las cárceles se mantuvo, incluso llegó a aumentar, como muestra el informe Prisiones en Europa 2005-2015. Es decir, que pese al descenso de delitos que se cometen la población en las cárceles no disminuye, motivado, según diferentes expertos en la tendencia de los cambios legales que han llevado a endurecer y con ello alargar las penas de cárcel de los delitos.
Como señala María Ángeles Rueda, profesora de Derecho Penal de la Universidad de Zaragoza en unas declaraciones a Ctxt, “una causa que puede explicar la elevada tasa de población penitenciaria en España puede residir, por una parte, en que el número de conductas que se consideran delictivas y que se castigan con penas de prisión superiores a dos años es muy superior al de otros países” ya que desde 1995 “se han producido casi 30 reformas del Código Penal, y casi todas ellas con una ampliación del número de delitos y una agravación de las penas”.
Se sabe, y resulta evidente, que cuanto más tiempo pase una personas encerrada más ajena será de la evolución social externa y más complicado se volverá el proceso de reinserción social, que es supuestamente el fin último del modelo penitenciario actual tal y como se contempla en el artículo 25.2 de la Constitución Española al afirmar que “las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social”. En base a ello, se preguntaba Jacobo Dopico, profesor de Derecho Penal en la Universidad Carlos III de Madrid, en una entrevista al www.eldiario.es, “de qué modo analizarán que una persona está preparada para reinsertarse si ha pasado, por ejemplo, 30 años encerrado en una prisión”.
Con penas cada vez más largas, y con un mayor número de caso de cumplimiento íntegro, nos encontramos que el 69% de las personas se reintegra con éxito, o lo que es lo mismo, un 31% no lo consigue, lo cual no es para nada un porcentaje pequeño en tanto que hablamos de la posibilidad de que personas reales puedan vivir con todas las garantías en sociedad. A esto se le añade la percepción social de las personas que pasan por las cárceles, ya que socialmente se presupone que la persona que sale de la cárcel va a volver a delinquir. En este punto encontramos ciertas contradicciones.
La población defiende el modelo carcelario como la forma de castigo a la que se debe recurrir, pero no confía en la rehabilitación de las personas
La población defiende el modelo carcelario como la forma de castigo a la que se debe recurrir, pero no confía en la rehabilitación de las personas. Es decir, se puede entender que lo que se busca son condenas eternas. Parece que toda condena es poca, incluso cada vez que se mediatiza algún crimen especialmente violento, se coloca en el debate público la prisión permanente revisable e incluso la cadena perpetua, llegando estos debates a las esferas políticas.
De esta forma tienen lugar los juicios mediáticos paralelos en función de cómo narran los medios, desde una lógica del espectáculo, casos puntuales. Dentro de la propia sociedad del espectáculo en la que vivimos, se basa en elementos emocionales que buscan una condena social movida por la ira. Esto se vuelve aún más radical en los casos donde se cruzan elementos raciales como en el caso en el que una mujer dominicana afrodescendiente fue acusada de la desaparición y asesinato de un niño. Espacios donde los odios son de alguna forma legitimados y se justifican socialmente consignas extremadamente racistas que en este caso implicaron que mujeres negras los días posteriores fueran increpadas por la calle con algunos casos que llegaron a violencia física.
No solo hay una constante de exigencias para endurecer el código penal, y que no implican la misma severidad para unos cuerpos que otros, si no que cada vez es más habitual escuchar a gente que no duda en hablar castigos físicos. Se está normalizando la violencia de tal forma que hasta se llega a justificar que un grupo de personas se vaya a rodear un centro de menores extranjeros para apalearlos.
En ese juego de sentimientos extremos a los que apelan los medios de comunicación y que son instrumentalizados desde la política, existe un deseo de captar espectadores de tal forma que pareciera que les gusta crear percepciones de peligro sin que se corresponda con los datos. Así lo denunció el colegio de Criminólogos de Catalunya tras el excesivo foco mediático sobre la delincuencia en Barcelona en los últimos meses a partir de un discurso racista con las poblaciones inmigrantes. Se hablaba de Barcelona como una de las ciudades más violentas de Europa cuando según Numbeo a mitad de año estaba en el número cuarenta en el índice de criminalidad superado por ciudades como Bruselas, Milán, Roma, París o Londres.
Otro de los lados oscuros de las prisiones son las muertes que tienen lugar en ellas. A lo largo del 2017 murieron 188 personas de las cuales 35 fueron suicidios, el dato más alto desde el 2013.
Si bien es cierto que en España no existen prisiones privadas como en el caso de los Estados Unidos donde según la organización The Sentencing Project el sistema penitenciario mueve 2.900 millones de dólares anuales y se entiende como un negocio que debe ser rentable y por el que se encierran de forma desproporcionada a las poblaciones racializadas, y concretamente a las personas afrodescendientes como una doble forma de control de los cuerpos negros y enriquecimiento privado como relata perfectamente Michelle Alexander en su obra “El color de la justicia”.
En los últimos años ha habido una tendencia por externalizar mediante concesiones privadas algunos elementos esenciales de las prisiones, los centros penitenciarios de menores y los centros de internamiento de extranjeros o Cies. Desde la externalización de la vigilancia con concesiones a la empresa Ombuds recogido en el Boe del 10 de diciembre de 2012 a la apertura a la entrada de la gestión privada con el artículo 45.3 de la Ley Orgánica de responsabilidad penal del menor (LORPM) que afirma que “Las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla podrán establecer los convenios o acuerdos de colaboración necesarios con otras entidades, bien sean públicas, de la Administración del Estado, Local o de otras Comunidades Autónomas, o privadas sin ánimo de lucro, para la ejecución de las medidas de su competencia, bajo su directa supervisión, sin que ello suponga en ningún caso la cesión de la titularidad y responsabilidad derivada de dicha ejecución.” Con todas las consecuencias que ello tiene y cuya lección deberíamos tener aprendida con echar un vistazo a los EE UU.
Vemos entonces cómo la sociedad está evolucionando a un sentir más punitivo alimentada con cada vez más discursos de odio normalizados en diferentes esferas mediáticas. Se quiere castigar más y más. Y llama especialmente la atención cómo estas lógicas punitivas han sido interiorizadas por las izquierdas. Se evidencia cómo los movimientos de izquierdas han ido alejándose de una de las luchas que le caracterizaron durante mucho tiempo y que se basaba en el fin de modelo carcelario vigente.
El feminismo hegemónico reconoce el sistema penitenciario como una solución al patriarcado y demanda penas más severas para los hombres acusados de diferentes delitos cometidos sobre las mujeres
Por el contrario, estamos entrando en un modelo cada vez más punitivo respaldado por movimientos sociales de izquierdas. Un ejemplo lo vemos en el caso de los condenados por terrorismo. Cuando estas personas han cumplido sus condenas y salen de prisión se pone el grito en el cielo, señalando que siguen siendo una amenaza para la sociedad en su conjunto. Se pretende que queden inhabilitas de por vida bajo la idea de que toda sentencia es poca, pasando de la condena legal a la condena social. Otro caso lo encontramos con los Centros de Internamiento de Extranjeros, que sin ser oficialmente centros penitenciarios sirven para privar de libertad en celdas incomunicadas a personas inmigrantes. Socialmente no se cuestiona que personas inmigrantes por el mero hecho de ser ilegales, debido a toda una estructura reglamentada que les impide serlo, sean perseguidas y puedan ser encerradas en centros sin haber cometido ningún tipo de delito.
Otro ejemplo de ello, quizás el más actual, es el feminismo hegemónico que reconoce el sistema penitenciario como una solución al patriarcado. Demanda siempre penas más severas para los hombres acusados de diferentes delitos cometidos sobre las mujeres.
Al final, encerrar persona por persona, lo que hace es reducir problemáticas sociales y estructurales a meros incidentes individuales. No se articula un discurso sobre la necesidad de la reparación mientras que se sobredimensiona los postulados de castigos. Se asume así los postulados del llamado “populismo punitivo” del que nos habla Laia Serra en su artículo “Populismo punitivo, o cómo se instrumentaliza el dolor de las víctimas” en la plataforma Pikara Magazin señalado que “se define como la estrategia ideológica, manipuladora y reaccionaria del Estado de explotar las inseguridades de la colectividad para neutralizar ciertos debates sociales y criminalizar selectivamente ciertas conductas y sectores sociales para ir restringiendo libertades fundamentales”.
A partir del impacto emocional de los crímenes se refuerzan emociones de rabia que facilitan la defensa de decisiones apresuradas, así como la toma de posturas que invitan a resoluciones violentas de los conflictos. Se exigen modificaciones legales para que las condenas sean más severas y se da pie a que desde la política se refuerce discursivamente posturas punitivas que a su vez suelen ser instrumentalizadas para reforzar otros relatos racistas a partir de la constante vinculación de violencia-inmigración.
De forma paralela, y a la vez entrecruzada, lo mediático ha permitido visibilizar cómo, por ejemplo, en el caso de los delitos cometidos sobre los cuerpos de mujeres por el mero hecho de serlo, las estructuras judiciales siguen siendo ampliamente machistas en sus sentencias. Ello, que sirve para explicar, entre otros factores, la profunda rabia de tantas mujeres, no termina de ser un elemento que permita justificar que por parte de los movimientos del feminismo hegemónico se refuerce la necesidad del modelo de justicia carcelario de nuestra sociedad.
Como solicitan diferentes colectivos feministas, se debe llevar a cabo una transformación de las lógicas judiciales sobre los derechos de las mujeres
Como solicitan diferentes colectivos feministas, se debe llevar a cabo una transformación de las lógicas judiciales sobre los derechos de las mujeres y sobre lo que se entiende por dominación machista en todas las formas de violencia que afectan a las mujeres por el mero hecho de serlo. Pero, el dolor y la frustración ante un sistema judicial intrínsecamente machista no deben llevar a justificar la violencia del Estado, en tanto que no hay figura más patriarcal que el modelo de Estado actual.
El Colectivo de Apoyo a Mujeres Presas en Aragón, con un posicionamiento en contra del modelo carcelario señala la necesidad de “abogar por una justicia restaurativa para mediar entre la reparación y la reconciliación”. Es necesario generar un debate que abra alternativas a todo este modelo. O más bien, es importante que se empiece a escuchar a los colectivos, que llevan tiempo tratando de poner este tema en las agendas mediáticas.
En este sentido, si hay colectivos que saben lo que significa que les priven de libertad son las poblaciones racializadas que tanto en Estados Unidos, como en España, y como en prácticamente todos los lugares del mundo están sobre representadas en los centros penitenciarios.
De ahí la importancia del feminismo antirracista como un ejemplo de feminismo anticarcelario que está en contra del encierro de personas en los CIEs, del encierro de jóvenes en centros de menores extranjeros y que es consciente de que bajo el sistema penitenciario las principales víctimas son los cuerpos racializados a quienes se les persigue, se les detiene, se les juzga con mayor severidad, y se les encierra de forma explícitamente desproporcionada en un porcentaje más alto en todo tipo de centros de privación de libertad.
En este punto, se vuelve trascendental la figura de Angela Davis como uno de los principales referentes que entiende que el antirracismo debe ser feminista, anticapitalista y por supuesto, anticarcelario. Angela Davis, uno de los rostros más importante en el movimiento abolicionista de prisiones del mundo desde la militancia hasta la academia con publicaciones muy transcendentes como “Are Prisons Obsolete?” en el 2003 o “Abolition Democracy: Beyond Prisons, Torture, and Empire” en el 2005, señala cómo el complejo de prisiones te todo el mundo viene a ser un modelo esencialmente racista y clasista que somete a las capas más vulnerables de la sociedad. Este artículo bebe precisamente de las posturas abolicionistas expresadas por Angela Davis.
Las cárceles hacen parte de las tecnologías de poder fundamentadas en dispositivos biopolíticos que muchas veces se traducen en lo que Achile Mbembe señala como la necropolitica. Todo el entramado del estado formulado a partir de políticas que suponen la muerte física y social de diferentes sujetos con la finalidad del despojo material y cultural.
El problema es lo complejo que resulta la abolición de un sistema que está tan naturalizado que es difícilmente pensable vivir sin él. Pero como señalaba en un discurso en la Universidad de Chicago el 4 de mayo de 2013 que sería recogido en el texto “Feminismo y abolición: teorías y prácticas para el siglo XXI“ debemos aprender a pensar, actuar y luchar contra la ideológicamente entendido como “normal”.
Por eso, el movimiento feminista hegemónico debería ser responsable y frenar los ataques racistas que se vierten sobre los cuerpos de los hombres racializados, la mayoría de las veces inmigrantes, como sujetos naturalmente violentos, machistas, y en última instancia, violadores. El feminismo hegemónico debe asumir las lógicas antirracistas que van de la mano de posturas anticarcelarias y dejar de entender como conquistas sociales las reformas que endurecen el Código Penal reconociendo que el entramado penal y penitenciario solo genera más violencia
A su vez, se debe terminar con el modelo mediático que transforma la violencia sobre las mujeres en espectáculo. Cuando una persona comete un delito que se mediatiza, ya sea un asesinato o un secuestro, u otros de carácter machista como violaciones, muchas veces se pueden encontrar fotografías exhibiendo los rostros de estas personas en todo tipo de plataformas. Vivimos en un momento en el que una persona acusada de agresión, un hombre acusado de violación o de asesinato es condenada socialmente con mucha anterioridad que las sentencias judiciales, las cuales por el contrario siempre son leídas como insuficientes. Ello, que puede ser muy recurrente bajo emociones de rabia o frustración, invita de forma directa o indirectamente un modelo de justicia paralelo cercano a la cultura de linchamiento y que una vez más se intensifican con las personas racializadas.
Es importante que replantemos el modelo de justicia, las estructuras legales de castigo individuales, alejándolo de dinámicas autoritarias extremadamente deshumanizadoras que invitan al encierro desmedido de las personas, y que hacen parte cada vez más de toda una cadena de corrección mercantilizada donde se reproducen las mismas estructuras de poder y pirámides pigmentocráticas de las sociedades. Porque al final en las cárceles lo que encontramos son los cuerpos que son pobres, racializados, divergentes y disidentes.
En definitiva, el sistema de penitenciario viene a defender el relato por el cual por una suerte de la naturaleza estas personas se convierten en ladrones, violadores y asesinos de forma irremediable, eliminando el carácter social de los individuos. Esa idea de que quien es un criminal lo será siempre impide creer en la reinserción. Y si no se cree en la reinserción entonces no se cree en el sentido de las cárceles, por lo que exigir la entrada en prisión viene a ser como exigir el castigo perpetuo estableciendo una idea de revancha y destrucción social del sujeto.