Sociedad. Problemática.
Los sindicatos alertan de la falta de recursos para estos internos y de las agresiones que provocan.
EL MUNDO (GEMA PEÑALOSA).- En el caótico universo de las carencias en las cárceles -un asunto ampliamente denunciado-, hay una arista sin tocar que preocupa y mucho a los funcionarios de prisiones: los presos con patologías mentales y el nulo tratamiento que reciben. Factores como el consumo de drogas, ligado a la concentración de personas con comportamientos sociales en ocasiones inadaptados, hacen de los módulos un polvorín que se traduce en un día a día tremendamente complicado para los trabajadores. También inseguro.
La realidad es que el problema no se trata. No hay psiquiatras. La Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) lleva mucho tiempo llamando la atención del Gobierno ante un problema que, lejos de aminorarse, se recrudece. Los datos avalan el temor de los trabajadores de prisiones.
Las estimaciones hablan de que más del 40% de la población reclusa tiene patologías psiquiátricas graves. Y esto, ante una falta unidades específicas y de profesionales en plantilla, complica las cosas. Como mucho este tipo de internos está en la Enfermería pero todos no caben así que es habitual que estén repartidos en los distintos módulos de los centros penitenciarios. Y ahí radica el problema.
La agresividad pasa factura y se traduce en golpes a los funcionarios que les atienden. Eso son los episodios más graves pero no hay que olvidar que los trabajadores de prisiones también son el blanco de faltas de respeto, amenazas, insultos y autolesiones. El pasado verano, una funcionaria de la cárcel de Picassent sufrió una agresión muy grave por parte de una presa con trastornos mentales.
Días antes, tal como recuerdan desde Acaip Valencia, la trabajadora había confeccionado un extenso informe solicitando que sacaran del módulo a la interna y la trasladaran a la Enfermería, dado su estado. La dirección del centro no lo hizo y días más tarde la presa dio una paliza a la trabajadora.
A principios del pasado mes de octubre, la cárcel de Castellón I daba cuenta de esta realidad. Acaip denunció una «oleada de incidentes» en una misma semana: un intento de suicidio, un incendio y varios agresiones. Situaciones estas de máximo riego y tensión.
Según el sindicato la mayoría de los incidentes fueron «protagonizados por internos con trastornos mentales, internos que deberían estar en un centro psiquiátrico, para ser tratados debidamente».
El problema es más profundo y se agrava con el consumo de sustancias estupefacientes. «La población penal es especialmente vulnerable a patologías de salud mental porque existe un elevado número de internos consumidores de drogas y existe una estrecha relación entre el consumo de sustancias estupefacientes y los trastornos mentales», precisan fuentes penitenciarias.
Lo cierto es que en la actualidad únicamente hay dos psiquiátricos penitenciarios en España: uno en Alicante y otro en Sevilla. En ellos están internos las personas que han cometido un delito pero que son inimputables porque se les aplican los atenuantes de eximente completa. Es decir, una patología muy grave.
El resto -trastornos psicóticos, enfermos bipolares o esquizofrénicos- cumplen condenas en prisiones que, tal como denuncian los sindicatos, no tienen los recursos necesarios para atenderles. La falta de tratamiento se traduce en inseguridad y en episodios violentos que, cada vez, es más difícil reconducir.