Los jeltzales siguen sin conocer el plazo que se contempla para la clausura del centro penitenciario
NOTICIAS DE GUIPUZKOA (JORGE NAPAL JAVI COLMENERO). – Donostia- El PNV formulará el próximo miércoles en el Pleno de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados una pregunta que sobrevuela sin respuesta. El diputado jeltzale Mikel Legarda le interpelará al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska sobre ‘cuándo va a proceder al cierre de la prisión de Martutene’, una cuestión que, según entienden los jeltzales, no admite más dilación. En la sesión plenaria, Legarda utilizará sus dos minutos y medio de intervención para tratar de despejar dudas y buscar concreción en torno al plan de actuación previsto por el Gobierno central con los reclusos de la vieja prisión donostiarra, una de las infraestructuras más antiguas del Estado, que ha cumplido ya 70 años. El Congreso de los Diputados abordará el miércoles una cuestión que está de plena actualidad y que sigue sin estar ni mucho menos clara, en la medida que influyen infinidad de factores, como la transferencia de prisiones, el modelo penitenciario hacia el que camina Euskadi o cuestiones de índole urbanística, como es la ampliación del barrio de Txomin Enea, que necesita los terrenos ahora ocupados por la cárcel para proseguir con la expansión de la segunda fase. Afectados. Pero son personas -en torno a 300 reclusos de Donostia, sus familiares, funcionarios, abogados y organizaciones sociales- las que se ven afectadas por una decisión que no llega, y que ha dado paso a un compás de espera que se torna insoportable. El número de reclusos con arraigo en Gipuzkoa asciende a 700 personas, y ‘no vale cualquier respuesta’. La de la jueza de vigilancia penitenciaria del País Vasco, Ruth Alonso, ha sido la última voz discordante con el plan que contemplaría el cierre de Martutene sin plantear otra prisión redimensionada, más allá de un Centro de Inserción Social, en el que tendrían cabida principalmente los reclusos de tercer grado. ¿Qué ocurrirá con el resto? Una de las dudas por despejar es cómo solucionar la atención a los internos de segundo grado, unos 200 en Martutene, a los que habría que sumar otros 250 repartidos en el Estado, a los que habría que ir atendiendo conforme se asuma la competencia de prisiones. El socialista Guillermo Echenique, el nuevo subdelegado del Gobierno de Pedro Sánchez en Gipuzkoa, revelaba a este periódico hace tres semanas que ‘los últimos estudios e informes’ analizados sobre las necesidades penitenciarias apuntan a que sería suficiente con la construcción de un CIS, si bien reconocía que durante las últimas semanas estaban llegando al Ministerio ‘nuevos inputs’, en relación a otras propuestas que podrían hacer modificar parcialmente el planteamiento inicial. Si la solución pasa por cerrar las cárceles de Bizkaia (Basauri) y Gipuzkoa (Martutene) planteando como única opción sendos CIS y una sola prisión que concentre a todos los reclusos en Zaballa, ‘las cuentas no dan’. Así lo entiende la jueza de vigilancia penitenciaria del País Vasco. ‘Sería irresponsable, una barbaridad e inviable’, llegó a afirmar. Más aún teniendo en cuenta que una posible transferencia de prisiones a Euskadi conllevaría la atención de ‘todos’ los reclusos. ‘Los números no dan para poder eliminar’ las cárceles de Martutene y Basauri. Zaballa, como máximo, podría absorber 1.440, utilizando todos los módulos con dos reclusos por celda. Pero, según sus cálculos, teniendo en cuenta las cifras globales, Euskadi generaría unos 1.800 presos entre las tres prisiones actuales y los que llegarían de otras zonas del Estado, cifra a la que habría que sumar los reclusos preventivos. Alonso insistió en que hay que potenciar la reinserción ‘y eso no se puede hacer con una macroprisión en Zaballa, donde la convivencia sería espantosa y habría más conflictividad’. La única solución intermedia es la que ha defendido el Ararteko, que apuesta por un CIS que incluya ‘dependencias cerradas’ para el cumplimiento de condenas cortas.