La activación por teléfono del servicio que resuelve dudas legales a presos reduce sus consultas de 25 presenciales a 5. Letrados critican que tenga coste y no se habiliten espacios.
DIARIO DE NOTICIAS (ENRIQUE CONDE).- El Servicio de Orientación Jurídica Penitenciaria que presta el Colegio de Abogados de Pamplona en la prisión de la capital navarra sigue en activo pese al decreto de alarma. El centro penitenciario de Pamplona, junto al de Sevilla, fueron pioneros en activar dicho servicio de manera telefónica para reducir la entrada de abogados/as en prisión (que pueden acceder previa autorización) y que su presencia pudiera suponer algún foco de contagio. En Pamplona los abogados siguen prestando su servicio los tres días por semana, pero en lugar de acudir a la cárcel para dialogar con los reclusos desde los locutorios, ahora se desplazan a la sede del Colegio de Abogados.
Sin embargo, la innovadora atención telefónica cuenta con varias trabas que influyen en el descenso de la demanda de consultas. Así, este servicio ha pasado de atender una media de 25 reclusos en cada guardia a una media de cinco a través del hilo telefónico. “Es una muestra palpable de que a las personas presas también les está afectando el estado de alarma. Además, no pueden recibir visitas de familiares. Los abogados pueden acudir y se han producido visitas si el centro los autoriza, pero las concesiones de los terceros grados a presos se han paralizado. La inactividad prácticamente total del servicio de Justicia es demoledora para la ciudadanía y la abogacía. Nosotros seguimos trabajando, ofreciendo explicaciones a los clientes, preparando sus asuntos, realizando las guardias…”, resume Blanca Ramos, decana del Colegio de Abogados de Pamplona.
Las razones del menor uso de la orientación jurídica penitenciaria pueden ser varias, pero los abogados las concentran en tres: a diferencia del convenio firmado con el Gobierno foral el servicio no es gratuito y tiene coste la llamada que efectúan al colegio de abogados. No se descuentan dentro del cupo limitados de contactos telefónicos que todos los presos pueden realizar semanalmente, que han aumentado de 10 a 15 llamadas, pero tienen coste y no se han ampliado los horarios. A su vez, en los tres módulos aptos en la prisión de Pamplona y que concentran a los 320 internos de dicha cárcel, solo disponen de dos cabinas por módulo (tres activos y el de ingresos) y de otra en la enfermería. Por tanto, la privacidad de las conversaciones es mínima, puesto que varios internos hacen cola para poder usar también la cabina. Por ello, organizaciones como Salhaketa han exigido que se habiliten otros espacios dentro de prisión para que se puedan efectuar esas llamadas.