Un grupo de presos disidentes de la organización terrorista se reunieron con víctimas de forma individual en 2011. La mediadora y los responsables políticos relatan cómo fue el proceso
EL PAIS (MÓNICA CEBERIO BELAZA).- Esther Pascual había pedido reuniones pequeñas, con grupos de tres personas, para poder explicar tranquilamente en qué consistía el programa y que cada cual planteara sus dudas. No le importaba que eso supusiera visitar varios días la cárcel, a 350 kilómetros de su casa. Estaba ante el mayor reto profesional de su vida y quería ir con calma. Pero, como sucede tantas veces, la realidad arrolla los planes perfectamente calculados. – ¿De tres en tres? – le dijo entre risas Juan Antonio, el director de la prisión-. Venga, entra, que ahí están. – Que ahí están… ¿cuántos? – Pues todos. Pascual respiró hondo antes de entrar en la sala. Se encontró con una veintena larga de personas. Presos con extensas condenas por terrorismo a sus espaldas que habían acabado reunidos en la cárcel de Nanclares de Oca (Álava) porque se habían alejado de ETA. Eran todos disidentes, pero mantenían planteamientos muy diversos. Ella les ofreció entrar en un proceso de mediación penal para encontrarse con sus víctimas. Les habló sobre la reconciliación y el perdón. ‘Fue una reunión complicada, tensa’, recuerda la mediadora y abogada, más de siete años después. La recibieron con desconfianza. Lo primero que le preguntaron fue si era del CNI o una periodista infiltrada; luego, si era una enviada del entonces ministro del Interior, el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba. ‘Les expliqué cómo iba a funcionar el programa. Que era voluntario y que no iban a tener ningún beneficio penitenciario por participar en él; que era algo puramente personal; que si alguien estaba interesado, tenía que empezar a trabajar conmigo de forma individual en un proceso que podía ser largo; y que se arriesgaban a que luego las víctimas no quisieran reunirse con ellos. Era un paso que dábamos todos sin saber hasta dónde íbamos a poder llegar’. Los reclusos comenzaron un debate acalorado sobre el perdón, sobre si había que pedirlo de forma individual o lo tenía que hacer ETA como colectivo. Entre ellos no había acuerdo. Finalmente, cinco le dijeron que estaban interesados en hablar con ella individualmente. Uno lo expresó públicamente. Los otros, de forma discreta. Así empezó un programa que acabó con una decena de encuentros entre presos por delitos terroristas y víctimas de la organización a lo largo de 2011. En algunos casos eran sus víctimas directas, familiares de una de las personas a las que habían matado. En otros, los internos se presentaban como miembros de una organización con estructura militar en la que todos se hacían responsables de todos los atentados. Tres de los protagonistas de que estos encuentros se llevaran a cabo se han reunido una mañana de finales de abril en Madrid a petición de este periódico. Se trata de la propia Pascual, la entonces secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, y Txema Urkijo, que en 2011 era adjunto de la Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco -dirigida por Maixabel Lasa, víctima ella misma después de que ETA asesinara en 2000 a su marido, Juan Mari Jauregi, exgobernador civil de Gipuzkoa-. Los tres defienden un camino, la vía Nanclares, que luego se frenó pero que supuso que miembros de ETA reconocieran sin ambages el daño causado a las víctimas y que la violencia no debió usarse jamás para alcanzar fines políticos. Nanclares, el intento de quebrar la cohesión del colectivo de presos Las cárceles han sido siempre una clave de la política antiterrorista, un punto central tanto para ETA como para el Estado. La banda terrorista tenía (y tiene) mecanismos de férreo control sobre los presos que apuntala con apoyo jurídico y económico tanto para ellos como para sus familias. Y el Estado, desde que a finales de los 80 inauguró la política de dispersión, ha tratado en todo momento de quebrar este frente con distintas estrategias según el momento y el Gobierno de turno. Mercedes Gallizo llegó a Instituciones Penitenciarias en 2004. Se encontró con muchos presos con dudas sobre su vinculación con ETA, sobre la violencia. Cuando la banda terrorista volvió a matar después de la tregua de 2006, las críticas aumentaron dentro de la cárcel. Muchos, además, se sentían abandonados por una organización que apenas había hablado de su situación durante sus conversaciones con el Gobierno. A finales de 2008 Interior fue trasladando a estos reclusos críticos a prisiones cercanas al País Vasco -Zuera, en Zaragoza, y Villabona, en Asturias- para favorecer el debate entre ellos. Había presos que habían sido miembros destacados de ETA, como Francisco Mujika Garmendia, Pakito, miembro de la dirección entre 1987 y 1992 que en 2004 ya había escrito una carta a la dirección de ETA pidiendo el fin de la violencia, Joseba Urrusolo Sistiaga, Iñaki de Rentería, Valentín Lasarte, Carmen Gisasola -exjefa del comando Bizkaia-, José Luis Álvarez Santacristina, Txelis, o Kepa Pikabea. Los dos últimos también habían escrito una carta después del fin de la tregua defendiendo ‘la inutilidad de la lucha armada’. TEXTO COMPLETO EN PDF ADJUNTO
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