Instituciones Penitenciarias trabaja en una nueva normativa para regular las entrevistas en prisión. El Tribunal Constitucional fijó doctrina al amparar que los presos puedan ser entrevistados en prisión. Los políticos condenados en el Supremo por el 1-O han concedido varias entrevistas.
NIUSDIARIO.ES (I. S./ Europa Press Madrid).- Instituciones Penitenciarias trabaja desde hace meses en una fórmula para regular el derecho de los presos a ser entrevistados por la prensa. La nueva normativa incorporará la doctrina favorable del Tribunal Constitucional, que acaba de dar la razón a un interno de Córdoba al que se había denegado en 2017 la posibilidad de hablar con un periodista.
Según informó Europa Press, la nueva instrucción combinará el fallo del TC con el reglamento penitenciario y la obligación de proteger a las víctimas. La norma empezó a consensuarse a petición del Defensor del Pueblo tras la llegada del actual secretario de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz. Ortiz y su equipo están trabajando con organizaciones de periodistas para la nueva regulación.
La normativa penitenciaria, eso sí, establece que sea el preso el que dé el visto bueno para este tipo de entrevista. Además, las autorizaciones se analizan “caso por caso” y teniendo en cuenta cuestiones organizativas y de seguridad de cada centro penitenciario, así como la protección de las víctimas, si las hubiera.
Los datos: 300 entrevistas en 2019
Algunas de las entrevistas que más interés han generado son las que en los últimos meses se han hecho a los líderes independentistas juzgados en el Tribunal Supremo por el referéndum del 1-O. Varias han sido autorizadas por las cárceles de Madrid y de Cataluña, por lo que han entrado cámaras en las salas habilitadas para tal fin, y los reclusos también han respondido por escrito a preguntas o enviado notas de voz publicadas luego por la prensa.
Una de esas entrevistas la cancedió el exconseller catalán Raül Romeva a este diario.
En 2019, la dirección general dependiente del Ministerio del Interior autorizó unas 300 entrevistas a internos y solo en enero de 2020, el último mes con datos, se ha permitido una veintena de entradas a las cárceles españolas para que los profesionales de la prensa se entrevisten con los reclusos.
En el caso de presos preventivos, las comunicaciones de un interno dependen del juez que ha ordenado su ingreso en prisión. La Administración tiene en cuenta, además, la gravedad de los delitos cometidos por el penado para que no se produzca lo que se conoce como “doble victimización”; es decir, se tiene en cuenta el dolor que una entrevista puede generar a los familiares de las víctimas del recluso.