Un proyecto internacional presta apoyo jurídico a aquellos que han sufrido un proceso dudoso y no tienen recursos económicos. Tras saltar de Estados Unidos a Latinoamérica, aterriza en Barcelona
EL PAIS (PATRICIA PEIRÓ).- Manuel Mena, colombiano, analfabeto, pobre, empleado de la construcción y condenado a 16 años por homicidio agravado. Fue detenido en 2007, vivió tres años en la saturada cárcel de La Picota, en Bogotá, hasta que una iniciativa legal pionera le sacó de prisión. Ni le faltaba la dentadura superior ni tenía una cicatriz en la cara, como describieron todos los testigos del crimen. Fue el primero de toda Latinoamérica en conseguir la absolución gracias a Innocence Project (Proyecto Inocencia en algunos países), una asociación que defiende a aquellos que han sufrido juicios irregulares y no pueden pagar un buen abogado. Esta organización acaba de abrir su sede en España. La psicóloga y criminóloga Guadalupe Blanco promovió esta iniciativa hace dos años después de ver el documental Making a murderer, que sigue el caso de un condenado por asesinato y creó un enorme revuelo al cuestionar el sistema judicial estadounidense. ‘Me puse en contacto con la oficina de Innocence Project en Nueva York, que comenzó a prestarme apoyo y nos involucró en una reunión de la incipiente red europea de este proyecto. En 2017 empezamos a darle forma y este septiembre comenzamos a trabajar como una clínica jurídica dentro de la Universidad de Barcelona’. La profesora de Derecho Procesal Nuria Mallandrich dirige un equipo formado por el también docente David Carpio, la propia Blanco y el psicólogo forense Miguel Ángel Soria. El proyecto nació en Estados Unidos y su modelo se repite en las sedes abiertas en todo el mundo. Las oficinas están siempre ligadas a una universidad porque cumplen una función pedagógica: son los estudiantes los que analizan los casos y proponen una estrategia de defensa, coordinados por los profesores. ‘Los que forman parte de este programa son algunos de los juristas del mañana, así que si les enseñamos a ver los defectos de los procesos, contribuye a una mejora del sistema’, apunta Blanco. En Barcelona hay cinco alumnas trabajando en este proyecto. Todos son voluntarios y los casos que priorizan son los de personas con pocos recursos. ‘O.J. Simpson se salvó porque pudo pagarse un equipo de defensa multidisciplinar y muy bueno que costó millones. Nosotros no tenemos una varita mágica, solo somos cabezas que piensan y dan lo máximo de sí para conseguir la igualdad en el ámbito del proceso judicial’, señala Mallandrich. En estos tres meses han registrado cinco casos que están estudiando para decidir en primer lugar si existen indicios de una condena injusta en primer lugar, y si ellos pueden hacer algo. ‘Son todas condenas graves, no hablamos de estafas ni hurtos, sino delitos de sangre’, es todo lo que quieren decir por ahora. Innoncence Project nació en 1992 cuando comenzó a generalizarse el uso de pruebas de ADN en las investigaciones criminales. Los abogados Peter Neufeld y Barry Scheck crearon esta iniciativa dentro de la Universidad de Nueva York. El equipo combina profesionales y estudiantes del ámbito del derecho, psicología y trabajo social (la organización en Nueva York cuenta con más de 70 miembros). La entidad saltó a América Latina ya en los 2000 y Colombia fue en 2007 uno de los primeros países en los que se fundó más allá de las fronteras estadounidenses. En este país nació bajo el seno de la Universidad Manuela Beltrán. Ana María Baptista, abogada, es su directora: ‘Hemos atendido a 13.042 usuarios y registrado 15 casos exitosos, estamos presentes en 57 prisiones’. Para aceptar las defensas, detalla Baptista, los presos tienen que haber mantenido en el tiempo su inocencia, no tener recursos económicos, debe existir una condena firme y el equipo tiene que discernir si realmente existe la posibilidad de aportar nuevas pruebas o que haya circunstancias que no se conocieran en el momento del juicio. ‘Nos llegan bastantes solicitudes de personas acusadas de un delito sexual pero esos no los atendemos’, especifica la letrada. Una de las directoras del organismo colombiano responsable de atender las denuncias contra el Estado reconocía en una entrevista el año pasado que la Fiscalía debía 965.000 millones de pesos (270 millones de euros) y que la ‘privación injusta de la libertad es la cuarta causa más frecuente de demandas’. La masacre de Pompeya Una noche de enero de 2005, la policía confundió a Fernando Carrera con un ladrón, le disparó en la mandíbula cuando iba conduciendo, perdió el control del vehículo y mató a tres transeúntes. Cuando el coche se detuvo, los agentes dispararon 18 veces más y ocho balas terminaron en su cuerpo. A estos hechos se les conoce como la Masacre de Pompeya, por el barrio bonaerense en el que sucedieron. Carrera no murió, así que acabaron falseando pruebas para incriminarle. Siete años más tarde consiguió demostrar su inocencia. El documental Rati Horror Show cuenta su calvario. Esta defensa fue el germen del proyecto en Argentina, que dirige el exdiputado y exfiscal anticorrupción Manuel Garrido y que también involucra al director de la película y a defensores de derechos humanos. ‘Después de ese documental nos llegaron varios pedidos y creamos esta ONG’, resume Garrido. ‘Claramente los procesos penales seleccionan a personas con menos recursos, las cárceles están llenas de pobres’, defiende el abogado. La saturación de las prisiones es uno de los grandes problemas de Latinoamérica, cuyos países son, en general, incapaces de procurar una atención que les permita formarse y rehabilitarse tras la privación de libertad. Aunque la población carcelaria crece, los delitos no disminuyen, lo que constituye para los expertos uno de los grandes lastres para el desarrollo de la región. La organización argentina recibe unas 100 solicitudes por año, de las que asume el 25%. Una de ellas es la de Clemente Vera, un indígena condenado a perpetua en 2011 por asesinar a dos turistas francesas. ‘El ADN no es concluyente, es un caso gravísimo, cuestionado por toda la sociedad en el que ni siquiera la familia de las víctimas están satisfechas con el resultado’. Garrido explica el objetivo final de la organización: ‘En última instancia, el objetivo de esta iniciativa es promover reformas normativas para evitar condenas erradas’. En España, el informe La Justicia dato a dato, que elabora cada año el Consejo General del Poder Judicial, reconoce que en 2017 los tribunales cometieron seis errores judiciales. Por este y otros motivos como pérdida de pruebas o el ‘funcionamiento anormal de la prisión preventiva’, Justicia desembolsó el año pasado 2,4 millones de euros en compensaciones.