Los jueces aplican con diferente criterio la prisión preventiva para los investigados, una medida con la que buscan que no se fuguen o destruyan pruebas
ABC.ES – (LUIS P. ARECHEDERRA).- JAIME GARCÍA).- R. R. nunca ha estado allí, el paso de A. M- V. fue fugaz, y F. G. permaneció 954 días, incluidas dos Navidades. La prisión provisional -una medida cautelar excepcional, que busca evitar que los imputados entorpezcan una investigación y que supone encarcelar a una persona que no ha sido condenada- ha llevado a prisión a numerosos poderosos investigados por corrupción, con estancias muy desiguales entre sí. Miguel Bajo, catedrático de Derecho Penal por la Universidad Autónoma de Madrid y abogado defensor de algunos imputados de renombre, justifica esta disparidad por ‘la imprescindible independencia’ de los jueces, que aplican la ley a cada caso concreto, solo limitados por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC). Los magistrados, obligados a motivar la decisión, deben argumentar que el encarcelamiento evita uno de los fines fijados en la ley para legitimar esta medida: impedir que el imputado se fugue, evitar que destruya pruebas y actúe contra los bienes de la víctima, e imposibilitar que vuelva a delinquir. La intención es, en definitiva, asegurar que el imputado no entorpece la investigación y garantizar que la justicia sigue su curso, atando cabos, según se desprende de los artículos 502 y 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la que regula el proceso penal. (…) TEXTO COMPLETO EN ARCHIVO .PDF ADJUNTO
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