«Las peleas entre internas son frecuentes», indica después de hacer una visita sorpresa en la que vio cristales rotos y buena atención sanitaria
ELCOMERCIO.ES (RAMÓN MUÑIZ).- El 10 y 11 de septiembre el Defensor del Pueblo envió a la cárcel asturiana a un técnico en Seguridad y Justicia y a dos del Mecanismo de Prevención contra la Tortura. Llegaron sin avisar para auditar cómo es el día a día en la penitenciaría. Entrevistaron a los reos y a los funcionarios, recorrieron los once módulos y revisaron los partes de incidentes. Su informe reconoce mejoras respecto a la visita sorpresa de 2013 y deja quince recomendaciones para seguir avanzando. En febrero se las remitió a Instituciones Penitenciarias, departamento que está centrado en gestionar la lucha contra la pandemia y no ha tenido tiempo de responderlas.
«Durante la visita, se percibió inseguridad en el módulo de mujeres», describe el informe. «Al parecer, las peleas entre internas son frecuentes y no existe personal suficiente para abordar esta circunstancia, lo que incrementa la sensación de peligro de sus residentes», anotaron.
Es un talón de Aquiles: todas las mujeres están en el mismo pabellón, lo que impide apartar a las reincidentes de las que entran por primera vez y en prisión preventiva. El riesgo de acabar ahí motivó que, por ejemplo, Marta Renedo y María Jesús Otero ingresaran voluntariamente en una prisión alavesa para cumplir sus condenas. Prefirieron complicarse las visitas de los familiares al día a día entre rejas.
El Defensor del Pueblo achaca a la falta de personal esa conflictividad y que el registro electrónico de instancias no tenga quien lo atienda. El centro tiene atribuidas 512 plazas de funcionario, de los que 105 están vacantes. Entre los que sí trabajan, «la edad media es de 53 años». Uno de cada diez puestos previstos para el personal con contrato laboral también está sin cubrir. Por todo ello solicita a Instituciones Penitenciarias «la cobertura de los puestos vacantes» de funcionarios y personal laboral.
El organismo aplaude que exista servicio médico las 24 horas y farmacia. Lo que cuestiona es que los viernes a los reos, bajo tratamiento de psicofármacos, se les entregue la medicina de todo el fin de semana «a pesar de los conflictos que puede originar la acumulación de la medicación de este tipo». Es una crítica que viene haciendo UGT y que está entre los factores que facilitan sobredosis como la sufrida en su día por Gonzalo Montoya, el conocido como ‘preso resucitado’.
Tutores que median
En el régimen cerrado y «a diferencia de otros centros visitados», los presos tienen un funcionario tutor que ejerce de mediador en determinadas circunstancias y logra «que se reduzca la conflictividad en el módulo, lo que se valora positivamente». Ahora «todos los internos entrevistados» en aislamiento dijeron haber visto al médico en una dependencia habilitada para ello, mientras que en 2013 se les reconocía «a través de los ‘cangrejos’ situados en las celdas», sin abrir la reja.
El mismo pabellón «continúa presentado unas características arquitectónicas excesivamente restrictivas». Los patios son «de reducidas dimensiones y siguen cubiertos con unas mallas metálicas, lo que aumenta la sensación de encierro para unos internos que permanecen la mayor parte del día en su celda».
Los auditores entienden que el centro es más antiguo que otros que dejan más margen en su pabellón de aislamiento, pero como observa que se sigue aplicando ese primer grado al mismo volumen de presos que en 2013, aconseja hacer obras.
Los reos «están contentos con la comida». El informe cuestiona que solo se dé recompensas económicas a los internos de apoyo varones, y pide que se les amplíe la formación para prevenir suicidios. Los auditores creen que su conservación es «aceptable» aunque con margen de mejora, «ya que se observaron cristales rotos y humedades».