Su decana, Lurdes Maiztegui, ha solicitado tanto al Ministerio del Interior como al alcalde de Donostia que se construya el penal de Zubieta
EL DIARIO VASCO (GAIZKA LASA).- Mientras el Ministerio del Interior deshoja la margarita sobre el futuro la cárcel de Martutene, los colectivos vinculados a esta infraestructura arrojan su opinión sobre las consecuencias de una de las opciones que baraja el Gobierno central de prescindir de construir un nuevo penal en Zubieta y, en su lugar, crear un Centro de Inserción Social (CIS) destinado a presos que disfrutan de tercer grado. El Colegio de Abogados de Gipuzkoa tiene claras dos ideas. La primera, el territorio «no tiene que quedarse sin centro penitenciario». Y, la segunda, no es lo mismo una cárcel como la actual de Martutene y un CIS. Son complementarios, nunca canjeables. La decana de la institución, Lurdes Maiztegui, sostiene que el cierre de la actual cárcel «no debe producirse hasta que esté construida la prevista en Zubieta, con las dimensiones, prestaciones y servicios acordes al territorio guipuzcoano y a su población reclusa, que la hay y la habrá». Esta es la posición que ha trasladado durante las últimas semanas tanto a la secretaría general de Instituciones Penitenciarias como al alcalde de Donostia. Su hilo argumental pasa por que «Gipuzkoa y la población reclusa actual del centro penitenciario en San Sebastián no puede quedarse sin el equipamiento comunitario que es un centro penitenciario, so pretexto de ser sustituido por un Centro de Inserción Social, porque no son instituciones reemplazables entre sí». Maiztegui deja claro que una cárcel «no excluye la conveniencia de un Centro de Inserción Social dependiente del mismo como en otros territorios o incluso independiente del mismo para muy concretos internos, cumplimiento de muy concretas penas y situaciones personales». Pero lo que un CIS en Gipuzkoa «nunca debería justificar» es, según la decana, la no existencia en el territorio de un centro penitenciario de referencia. Maiztegui considera necesario dejar claro este extremo porque después de años dando por sentado la existencia de un proyecto de cárcel en Zubieta, «al día de hoy no vemos que se acometa la construcción del centro que se preveía inicialmente, ni según parece el rediseñado en el año 2016, y sí vemos que esta realidad se está empezando a mezclar con otra». El cierre de Martutene, sin más alternativa que un CIS en Zubieta, implicaría que un tercio de la población reclusa podría quedarse en Donostia debido al régimen al que están adscritos, pero el resto, incluidos los preventivos, tendría que trasladarse a cumplir su condena probablemente a la prisión alavesa de Zaballa, donde viven 700 internos en una infraestructura con mil plazas de capacidad. Familiares, abogados y ONGs ya se han pronunciado sobre esta posibilidad, no confirmada aún por el Ministerio del Interior, alertando del coste personal y económico de tener que trasladarse un centener de kilómetros desde sus puntos de origen. Maiztegui añade que «el primer efecto y fundamental es que complicaría enormemente la defensa del interno». Coste económico y personal La decana explica que la preparación de la defensa, «en muchas ocasiones cuando menos necesita de entrevista previa, otra próxima para realizar el escrito de defensa, para la preparación del juicio y para la notificación de la sentencia y, en su caso, decisión de interponer o no recurso». Esto obliga a traslados y tiempo, advierte Maiztegui. Pero los perjuicios no se agotan en el ejercicio estrictamente profesional de la abogacía y trascienden al ámbito personal. Partiendo de la premisa de que «el arraigo familiar junto con las ayudas de las entidades sociales son un pilar fundamental para los internos e internas en el cumplimiento de la pena y su fin último que es la reinserción social», la decana constata que el traslado de presos a Zaballa «dificultaría enormemente el contacto de los internos con sus familias», muchas de las cuales cuentan, además, con recursos económicos limitados. También cita una cuestión de costes. Los casos de un gran porcentaje de internos de Donostia se han tramitado en la Audiencia Provincial de Gipuzkoa o en alguno de sus Juzgados de los partidos judiciales de San Sebastián, Tolosa, Azpeitia, Eibar, Bergara e Irun, y han sido asistidos en su defensa por un letrado o letrada, generalmente con despacho principal abierto en el territorio guipuzcoano. Maiztegui recuerda que «todo traslado tiene su coste económico» pero poner en valor «un coste personal que no debe promoverse desde la Administración, porque es añadir una sanción diferente a la que está obligado a cumplir el condenado o condenada». El alejamiento de los reclusos a la cárcel alavesa acarrearía asimismo consecuencias al propio oficio de abogado, más concretamente al Turno de Oficio. La decana explica que un letrado designado por Turno de Oficio que tenga que defender en un Juzgado de Gipuzkoa a una persona en un Procedimiento Abreviado Penal -por estafa, apropiación indebida, robo o imprudencia temeraria, por ejemplo- percibirá conforme al baremo establecido por el Gobierno Vasco, por toda la tramitación del procedimiento, 325,50 euros brutos. Los costes de traslado y de tiempo no cuadran las cuentas. Maiztegui concluye que el servicio público de la Asistencia Jurídica Gratuita y Turno de Oficio que regula y organiza el Colegio de Abogados de Gipuzkoa «no puede llevar a que esa cantidad que tiene que quedar a disposición del letrado designado para su propio patrimonio por su trabajo tenga que destinarlo a pagarse los traslados, y a ver reducido su tiempo para ocuparse de otros asuntos profesionales».