La institución del Defensor del Pueblo tiene atribuida la condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura para “minimizar” el riesgo de que se den malos tratos en los centros de privación de libertad
Ángel Gabilondo, el Defensor del Pueblo, presentó la semana pasada en el Congreso de los Diputados el documento correspondiente al año 2021, pues su institución es la encargada de elaborar este informe de carácter anual. En este sentido, Gabilondo explicó que el objetivo del MNP es “minimizar al máximo el riesgo de que se produzcan tortura o malos tratos en los centros de privación de libertad”, como las cárceles.
Un total de 52 condenas a funcionarios públicos por delito de tortura
El Código Penal contempla como delito de tortura aquel que consiste en el sometimiento, por parte de la autoridad o funcionarios públicos, a la víctima a procedimientos que le causen “sufrimientos físicos o mentales” para obtener información, a la hora de castigar al sujeto o por conllevar carácter discriminatorio.
De esta manera, la institución del Defensor del Pueblo ha informado de 52 condenas cometidas por funcionarios debido a esta infracción desde 2010. Por su parte, se han registrado 524 condenas por un delito contra la integridad moral, siendo el año 2021 en el que más se produjeron con un total de 78.
Aparte, se han notificado dos condenas a funcionarios públicos por el delito de no impedir tortura o atentado a la integridad moral. Tanto en el año 2018 como en 2019 hubo una sentencia respectivamente por este tipo de faltas, de acuerdo con la información proporcionada por el Defensor del Pueblo.
En 2021, se dieron 42 denuncias por comportamientos que vulneran los derechos de las personas
El Informe anual 2021 del Mecanismo Nacional de Prevención recoge 42 denuncias que puedan poner de manifiesto “una extralimitación o una vulneración” de los derechos de las personas por parte de las autoridades. De ellas, 17 corresponden a agresión con lesiones y cinco a tortura u otros delitos contra la integridad moral.
Por otro lado, y tal como se desprende de los datos del Defensor del Pueblo, el año en el que se registraron más quejas por estos comportamientos fue 2018, con un total de 94.
El comportamiento de agresión con lesiones ha sido el más denunciado desde el año 2017 con un volumen total de 137 quejas. También destacan las 14 acusaciones de tortura u otro delito contra la integridad moral por parte de los funcionarios públicos, aparte de las cinco denuncias por homicidio y “sus formas”.
Las competencias del Defensor del Pueblo como MNP
La ley del Defensor del Pueblo atribuye a este órgano la condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) de España desde 2009. Esto se produce después de que España suscribiese el Protocolo facultativo de la Convención de Naciones Unidas contra la tortura de 2002.
El Mecanismo tiene como finalidad velar por el cumplimiento de los artículos 15 y 17 de la Constitución española. Estos preceptos establecen que las personas no pueden ser sometidas “a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes”. Por lo tanto, el MNP lleva a cabo visitas preventivas a centros de privación de libertad dependientes de las Administraciones públicas.
Así, el objetivo de estas inspecciones es “verificar que los poderes públicos españoles y el personal a su servicio actúan conforme a los criterios exigidos por nuestra normativa e internacionalmente aceptados para este tipo de establecimientos”. Durante el año pasado, se visitaron 72 lugares de privación de libertad en 14 comunidades autónomas y en 24 provincias.
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