Defensor del Pueblo acusa a Instituciones Penitenciarias de no realizar “esfuerzos” para cubrir el déficit de sanitarios

DIARIOENFERMERO.ES (EUROPA PRESS).- La Oficina del Defensor del Pueblo, que ha dedicado especial atención a la situación sanitaria de los presos en su informe anual, ha acusado a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, organismo dependiente del Ministerio del Interior, de no haber realizado los esfuerzos necesarios para la contratación de personal interino o eventual que cubra el déficits de personal sanitario. Asimismo, Institución que dirige el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, y cuyo informe ha sido presentado este martes en el Congreso y Senado, ha reclamado que se proceda a la integración de los servicios sanitarios penitenciarios en el Sistema Nacional de Salud, y, por tanto se transfiera a las autonomías como prevé la Ley General de Sanidad, y, mientras esto sucede se establezcan en la ‘mayor brevedad’ la negociación entre el Ministerio del Interior y las comunidades autónomas para establecer convenios de atención. ‘Entretanto no culmine el proceso de transferencia de las competencias sanitarias penitenciarias, se ha de proceder a la renovación de los convenios con las comunidades autónomas en esta materia, en aras de una mayor seguridad jurídica y garantía de asistencia a las personas privadas de libertad’, advierte la institución. A principios de 2018, la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley en la que se instaba al Gobierno a llevar a cabo ‘cuanto antes’ la integración de la sanidad penitenciaria en los Servicios Autonómicos de Salud, ‘garantizando la transferencia de la financiación suficiente por el coste real y Informe anual del Defensor del Pueblo 2018 144 efectivo de los servicios’. Deterioro de la sanidad por falta de personal Uno de los expediente, promovidos por el un sindicato de la sanidad penitenciaria, es decir médicos de prisiones, ‘en la medida en que son conocedores de la situación de los centros penitenciarios’, demandan de los servicios centrales soluciones con la finalidad de proteger la salud y la vida de las personas privadas de libertad, cuya custodia ha sido atribuida a la Administración, y parten de la base de que ella debe cumplir escrupulosamente las obligaciones legalmente establecidas. Texto completo en PDF adjunto.

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