Las ocho cárceles de la comunidad autónoma arrastran un déficit de personal de casi el 13 por ciento, que en el caso de Burgos supera el 16 por ciento El 41 por ciento de los trabajadores tienen más de 55 años de edad
BURGOS CONECTA.ES – (G. DE LA IGLESIA).- Los centros penitenciarios de Castilla y León se encuentran en una situación límite. Así lo han denunciado los responsables de la Sección de Instituciones Penitenciarias de Comisiones Obreras (CCOO), que han criticado la gestión que está realizando el Gobierno de un servicio público que entienden fundamental, aunque a menudo pase desapercibido. Y motivos para la crítica parecen tener de sobra. No en vano, las ocho cárceles de la comunidad autónoma arrastran un déficit de personal que alcanza el 12,86 por ciento de las plantillas. Ahora mismo, en todo Castilla y León hay 362 plazas vacantes de las 2.813 reflejadas en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). Sin duda, la situación más compleja se está viviendo en Burgos, cuyo centro penitenciario arrastra un déficit de algo más del 16 por ciento (42 vacantes de 261 plazas), seguido de la cárcel de Topas, con un déficit del 15,97 por ciento (92 vacantes de 576). También Soria (14,92 por ciento), León (14,49 por ciento) y Valladolid (14,37 por ciento) se encuentran en una situación muy delicada. A juicio de Ángel Moreno, responsable de la Sección Sindical, esta situación no es sino la consecuencia directa del proceso de paulatina ‘privatización’ a la que se está viendo sometido el servicio de Instituciones Penitenciarias. Un proceso que comenzó meses atrás con la contratación de empresas para la vigilancia exterior de los centros y que desde el sindicato se teme que se propague por todo el sistema. De momento, Moreno ha cifrado el coste de los servicios ya externalizados en 91 millones de euros, un dinero con el que se podría haber cubierto la contratación de alrededor de 3.000 trabajadores públicos. Es decir, que de golpe y plumazo se podría haber acabado con el déficit de personal que arrastran los centros penitenciarios de todo el país. Más problemas Pero la situación va mucho más allá de la simple falta de personal. Y es que, la ausencia de una oferta de empleo público adecuada en los últimos años ha derivado en un significativo envejecimiento de las plantillas. Ahora mismo, según los datos de CCOO, el 41 por ciento de los trabajadores de Instituciones Penitenciarias en Castilla y León tiene más de 55 años, lo que pone en riesgo real el futuro a medio y largo plazo del servicio. Y es que, a partir de los 57 años, todos los trabajadores de prisiones pueden solicitar la figura de ‘segunda actividad’, mediante la que pasan a desempeñar funciones meramente administrativas, limitando aún más las labores de vigilancia. A todo esto se le está sumando un problema añadido, como es la proliferación de agresiones, que se están convirtiendo en una suerte de ‘pandemia’. Según Moreno, entre 2007 y 2015 se incrementó un 95 por ciento el número de agresiones en las cárceles de toda España, una situación que se refleja también en Castilla y León, que en 2016 registró 38 agresiones a funcionarios, algunas de ellas de gravedad. Cambio de política Vista la situación, desde el sindicato se exige al Gobierno un cambio de rumbo total en la política de prisiones, que derive en la convocatoria de una oferta de empleo público adecuada para cubrir las carencias, la adquisición de más y mejores medios técnicos, la paralización de todos los procesos privatizadores, la apertura de una vez por todas de la nueva cárcel de Soria y la redacción de un Plan de Seguridad y Salud específico para Instituciones Penitenciarias que no cargue la ‘responsabilidad’ sobre los trabajadores, tal y como plantea el borrador que actualmente se está negociando.