Asignar metadona a presos que no están ya en prisión o que les falte a los que la tienen prescrita, entre los errores detectados
HUELVA INFORMACIÓN.ES – (RAQUEL RENDÓN, HUELVA).- La AGRUPACIÓN DE LOS CUERPOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (ACAIP) evidenció ayer los ‘graves fallos’ que presenta el nuevo programa de gestión sanitaria de la cárcel onubense de La Ribera, llamado OMI, y que entiende que está ‘poniendo en riesgo la salud de los internos y la seguridad de los trabajadores’, según informó ayer a través de un comunicado. Este software sanitario instalado este verano en el penal de Huelva -y que ha venido a sustituir al anterior programa informático, Sanit- ha tenido una ‘implantación cuanto menos deficiente’, según ACAIP, que lamenta que, pese a todo, la Secretaría General del Instituciones Penitenciarias haya decidido seguir adelante con él. EL SINDICATO EXIGELA ‘INMEDIATA PARALIZACIÓN’ DEL PROGRAMA INFORMÁTICO Huelva Información ha podido saber que el programa carece de un adecuado manual de uso que resuelva las dudas que surgen en su manejo para los funcionarios que deben manejarlo. La inestabilidad del software también preocupa a los que trabajan con él. Suele bloquearse, padecer continuas caídas de la red o tener bloqueados temporalmente los accesos. Pero los más flagrantes errores, según las fuentes consultadas por este diario, están en que a unos internos les desaparece la medicación prescrita y a otros, por ejemplo, se les asigna la que no les corresponde, como algunos que ni siquiera son receptores del tratamiento de metadona y a los que les aparecen las dosis a su nombre. Los desaciertos van más allá, y hay reclusos en tratamiento que no figuran en los listados o, por contra, otros que ya han conseguido salir del centro y que disfrutan de su libertad pero cuyos nombres sí se reflejan en la base de datos del programa. ACAIP recuerda que la penitenciaría onubense es una de las que registra mayor consumo de medicación psicotrópica del país. Esto, ‘unido a las carencias de profesionales sanitarios de nuestro centro (especialmente facultativos) y la falta de contrataciones en el reparto de medicación, hace que se convierta en una decisión temeraria la implantación de un programa de gestión sanitaria, cuanto menos, deficiente’. Para el sindicato, significa un ‘verdadero peligro para la salud de los internos y la seguridad de los trabajadores’ y exige a Instituciones Penitenciarias su ‘inmediata paralización’, que entiende que también deben estar sufriendo en otros penales. La de La Ribera es la única cárcel del territorio nacional que no ha migrado del Sanit al OMI de una forma progresiva. Sin que el segundo fuera testado siquiera, se convirtió de golpe y porrazo en la única herramienta de trabajo de los funcionarios que gestionan el área sanitaria de la prisión. Esto ha provocado ‘grandes cargas de trabajo y estrés al personal sanitario del centro’. Dice ACAIP al respecto en su comunicado que, ‘por tanto, dichas pruebas se han realizado directamente con la población reclusa, con el peligro que conlleva’. Por el camino se han quedado los datos sanitarios recabados en Sanit, un software que los especialistas consideran de contrastada fiabilidad. La transición de un programa a otro ha sido ‘tortuosa’. Entre otros motivos, ACAIP indica que la situación actual viene acaecida por ‘los graves problemas de planificación en la implantación de dicho programa’, algo que a su entender se refleja en cuestiones como que el diseño de este programa no tiene en cuenta las particularidades del medio penitenciario, que no existe una adecuada protección de los datos personales de los profesionales sanitarios penitenciarios, quienes además no han sido debidamente instruidos para su manejo ni cuentan con una asistencia especializada en caso de que el software falle, algo que sucede a menudo. Esta cadena de errores que pone ahora de relieve el sindicato de funcionarios de prisiones tiene, asegura, un ‘efecto directo en la gran labor diaria que realizan todos los empleados’ del presidio de Huelva. Ellos, asegura ACAIP, están ‘siendo denostados e infravalorados por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que ha decidido repartir exclusivamente entre el personal directivo de los centros penitenciarios una bolsa de productividad, lo que va a posibilitar que los equipos directivos perciban entre 1.800 y 2.184 euros adicionales a su retribución mensual excluyendo al resto de empleados penitenciarios’.