MIENTRAS TANTO.ORG – (ROSA ANA ALIJA FERNÁNDEZ).- La persistencia en España de prácticas asimilables a la tortura y a los tratos o penas inhumanos o degradantes es un tema que colea desde hace décadas. En 2015, en sus últimas observaciones al informe que periódicamente debe presentar España, el COMITÉ CONTRA LA TORTURA DE LAS NACIONES UNIDAS, que vigila la correcta aplicación por los Estados de la Convención contra la Tortura de 1984, identificó algunos aspectos preocupantes que venían ya de antiguo y que el Estado no acababa de resolver satisfactoriamente. En concreto, se refirió a estos aspectos: la configuración del delito de tortura en el ordenamiento jurídico español (tipificación en el Código Penal que no reproduce la definición de tortura contenida en el artículo 1 de la Convención contra la Tortura, penas poco severas para un delito muy grave, y previsión de que el delito prescriba —a no ser que constituya un crimen contra la humanidad—), la duración excesiva del régimen de incomunicación y de aislamiento, la expulsión y/o extradición de extranjeros a países donde pueden ser sometidos a tortura y las condiciones de los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes, los obstáculos a la represión de los crímenes de la guerra civil y el franquismo (bien por aplicación aquí de la ley de amnistía de 1977 o bien por denegar la extradición de presuntos responsables solicitada en el marco de la querella argentina), y, en general, el favorecimiento de ciertas dinámicas que podrían contribuir a la creación de una cultura de impunidad respecto de la tortura entre las fuerzas del orden españolas. Algunas de estas cuestiones han vuelto a ponerse sobre la mesa este otoño, después de que el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa (CEPT) hiciera público en noviembre el informe sobre su visita a España en 2016, publicación que se produce apenas unas semanas después de que el Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas visitara también España. La visita del CEPT se desarrolló entre el 27 de septiembre y el 10 de octubre de 2016, y se centró en examinar el trato dado por las distintas fuerzas del orden a personas privadas de libertad en tres escenarios: dependencias policiales, establecimientos penitenciarios, y centros de detención de menores delincuentes. En general, el CEPT observa avances para salvaguardar a las personas detenidas de maltratos y/o torturas, si bien deja constancia de algunas cuestiones que siguen sin resolverse adecuadamente. (…) TEXTO COMPLETO EN ARCHIVO .PDF ADJUNTO
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