TJUE, Gran Sala, 21/12/2023. DERECHOS FUNDAMENTALES (ORDEN DE DETENCIÓN EUROPEA PARA LA EJECUCIÓN DE UNA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD. DERECHO A LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR. INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR)

Organo Judicial: Otros
Tipo de disposicion: Sentencia
Numero: Asunto C-261/22
Voz: DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS
Subvoz:
Fecha: 5 febrero, 2024

Texto:

TJUE, Gran Sala, 21/12/2023. DERECHOS FUNDAMENTALES (ORDEN DE DETENCIÓN EUROPEA PARA LA EJECUCIÓN DE UNA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD. DERECHO A LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR. INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR)

Asunto C-261/22.

Hechos: Una autoridad judicial belga emitió en 2020 una orden de detención europea (ODE) contra GN para la ejecución de una pena (dictada en rebeldía) de cinco años de prisión por los delitos de trata de seres humanos y facilitación de la inmigración ilegal. GN fue arrestada en Italia en septiembre de 2021. En el momento de su arresto, GN vivía con su hijo menor de tres años y estaba embarazada de un segundo hijo.
El Tribunal de Apelación de Bolonia, Italia, solicitó a las autoridades belgas que proporcionaran información sobre las disposiciones internas para la ejecución de las penas impuestas a madres que viven con hijos menores, las condiciones de custodia a las que estaría expuesto GN en caso de entrega, las medidas que se tomarían en relación a su hijo menor de edad y la posibilidad de un nuevo juicio en el proceso que llevó a GN a ser condenada a cinco años de prisión.
Al no recibir respuesta a su solicitud, el Tribunal de Apelación consideró que no estaba seguro de que el ordenamiento jurídico belga “prevea disposiciones de custodia comparables a las del Estado miembro de ejecución, que protegen el derecho de la madre a no ser privada de su relación con sus hijos y su derecho a cuidar de ellos, y que garanticen que los niños reciban la asistencia materna y familiar necesaria”, tal como lo prevén la Constitución italiana y la Carta Europea de los Derechos Fundamentales (ECFR, párr. 19). El Fiscal General del Tribunal de Apelación de Bolonia recurrió esta sentencia ante el Tribunal Supremo de Casación, que decidió remitir el caso al TJUE.
La cuestión que nos ocupa es si la Decisión Marco 2002/584 sobre la ODE (DF ODE) debe interpretarse “en el sentido de que no permite a la autoridad judicial de ejecución denegar o, en cualquier caso, aplazar la entrega de una madre que tiene hijos menores”. hijos que viven con ella” y, en caso afirmativo, si los artículos pertinentes de la DM ODE son compatibles con el CEFR, la jurisprudencia del TEDH, “y las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros, en la medida en que exigen la entrega de la madre, rompiendo así los vínculos con los hijos menores que conviven con ella sin considerar el interés superior del niño”.

Ley: Artículos 1 y 15 de la DM ODE Después El Tribunal recordó que, en aplicación del principio de reconocimiento mutuo, la negativa a ejecutar una ODE “tiene por objeto ser una excepción que debe interpretarse estrictamente” (párr. 37, véase EDL, C-699/21, 2023 sobre motivo de denegación basado en la salud de la persona buscada). También observó que la DF ODE no prevé que una ODE pueda ser denegada “por el único motivo de que la persona objeto de esa orden de detención sea la madre de niños pequeños que viven con ella” (párr. 38). Sin embargo, al implementar la DM ODE, los estados miembros de la UE deben respetar sus obligaciones en materia de derechos fundamentales. Tras recordar los principios fundamentales que deben regir la actuación de los poderes públicos en materia de derecho a la vida privada y familiar (art. 7 CEFR) y de los derechos del niño (art. 24 CEFR), el Tribunal afirmó que “la existencia de un riesgo real de que la persona respecto de la cual se ha emitido una [ODE] y/o sus hijos, si esa persona es entregada a la autoridad judicial emisora, sufran una violación de esos derechos fundamentales es […] capaz de permitiendo a la autoridad judicial de ejecución abstenerse, excepcionalmente, de dar cumplimiento a esa [ODE]” (párr. 43). Para establecer que existe tal riesgo, basta con una mera “falta de certeza […] en cuanto a la existencia, en el Estado miembro emisor, de condiciones comparables a las existentes en el Estado miembro de ejecución en materia de internamiento de madres de niños pequeños y el cuidado de de esos niños” no es suficiente (párr. 44). La decisión de la autoridad judicial de ejecución de negarse a ejecutar una ODE debe basarse en un examen en dos etapas. En primer lugar, debe establecer que existen “deficiencias sistémicas o generalizadas en las condiciones de detención de las madres de niños pequeños o del cuidado de esos niños en el Estado miembro emisor, o deficiencias en esas condiciones que afectan más específicamente a un grupo de personas objetivamente identificable”. , como los niños con discapacidad” (párr. 45). En segundo lugar, también debe determinar “de manera específica y precisa, en qué medida las deficiencias identificadas en el primer paso del examen […] pueden tener un impacto en las condiciones de detención de la persona que es objeto de la [ODE] o del cuidado de sus hijos, y si, teniendo en cuenta su situación personal, existen motivos fundados para creer que esa persona o sus hijos correrán un riesgo real de violación de esos derechos fundamentales” (párr. 48 ). A tal fin, la autoridad judicial de ejecución tiene derecho a solicitar información complementaria a la autoridad judicial de emisión para poder llevar a cabo cada paso del examen.

Por último, el Tribunal reiteró que si bien la DM ODE permite el aplazamiento de la ODE por razones humanitarias, esto debe seguir siendo temporal y excepcional y, por lo tanto, es “impracticable durante un período de tiempo considerable” (párr. 56 – ver también EDL citado anteriormente).

Conclusión: La autoridad judicial de ejecución puede negarse a ejecutar una orden de detención europea respecto de una madre de niños pequeños cuando existan deficiencias sistémicas o generalizadas en las condiciones de detención de las madres de niños pequeños y del cuidado de esos niños en el Estado miembro emisor. Estado y cuando exista riesgo de violación de los derechos fundamentales de las personas interesadas a causa de estas condiciones.

www.prisonlitigation.org

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