STC 17/2024, Pleno, de 31 de Enero. DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS (DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. MOTIVACIÓN REFORZADA.DERECHO A UN PROCESO CON TODAS LAS GARANTÍAS. DERECHO A LA LIBERTAD). EXTRADICIÓN.

Organo Judicial: Tribunal Constitucional
Tipo de disposicion: Sentencia
Numero: 17/2024
Voz: DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS
Subvoz: Derecho a la tutela judicial efectiva. Motivación.
Fecha: 2 abril, 2024

Texto:

STC 17/2024, Pleno, de 31 de Enero. DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS (DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. MOTIVACION REFORZADA. DERECHO A UN PROCESO CON TODAS LAS GARANTÍAS. DERECHO A LA LIBERTAD). EXTRADICIÓN.

El Pleno del Tribunal Constitucional desestima el recurso de amparo presentado frente al auto de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional por el que autorizó la entrega del demandante, por considerar que concurrían los requisitos establecidos en el convenio de extradición entre el Reino de España y el Reino de Marruecos, suscrito en Rabat el 24 de junio de 2009, y los de la Ley 4/1985, de 21 de marzo, de extradición pasiva, en particular los requisitos de doble incriminación y mínimo punitivo exigidos en el art. 2.1 del convenio bilateral.

El recurrente alegaba la vulneración de los arts. 17, 24 y 25 CE por basarse la solicitud en una orden de detención expedida por el fiscal, no equiparable a una resolución ejecutoria de condena ni a una resolución jurisdiccional, por lo que afirmaba que dicha orden era insuficiente y carente de legitimidad constitucional.

La sala niega que las autoridades reclamantes hubieran incumplido la obligación de determinar los hechos por los que solicitaban la extradición, pues tanto la orden de detención como el documento de resumen de hechos emitidos por el fiscal encargado del caso, contienen suficientes datos de cargo para que las autoridades reclamantes soliciten la entrega del recurrente a los efectos de su enjuiciamiento, correspondiendo al tribunal encargado de enjuiciarlos valorar si hay o no las pruebas que negaba la representación legal del reclamado.

Considera que la STC 147/2020, de 19 de octubre no es aplicable a este caso, porque las exigencias establecidas en el art. 12.a) del convenio bilateral de extradición con Marruecos no incluyen el dictado de una resolución judicial como punto de partida de la solicitud de entrega y la información complementaria remitida por el Estado requirente es suficientemente expresiva de la integración de la fiscalía en el órgano judicial, de sus condiciones de imparcialidad y del valor equivalente que la legislación del país otorga a las órdenes internacionales de arresto emitidas por el fiscal respecto de las emitidas por un juez de instrucción en el ámbito de su competencia, lo que excluye la necesidad de su validación judicial.

Aclara y matiza la doctrina sobre tutela judicial del derecho a la libertad en los procedimientos de extradición pasiva fijada en las STC 147/2020 y 147/2021 en el sentido de distinguir una garantía básica, consistente en que el órgano judicial verifique, al examinar la petición de extradición, la imparcialidad de la autoridad que la ha emitido, garantía inherente al deber de motivación reforzada de una decisión que ha de afectar necesariamente a la esfera de la libertad personal del reclamado y, una garantía específica, consistente en que la solicitud venga refrendada por una autoridad judicial desde el mismo país de origen, de modo que, aun cuando sea una exigencia inherente a la tutela judicial efectiva del derecho a la libertad personal que nuestros tribunales verifiquen que la necesidad y proporcionalidad de la medida ha sido debidamente ponderada por un órgano judicial del país emisor, dicha intermediación judicial puede dispensarse excepcionalmente cuando concurran las siguientes exigencias:

  • Que se trate de un procedimiento de extradición regido por un convenio bilateral o multilateral que admita la posibilidad de que la petición de entrega pueda emanar de una autoridad no jurisdiccional.
  • Que el país requirente suministre información suficientemente expresiva de que se trata de una autoridad competente que, conforme a su legislación interna, está facultada para emitir una solicitud de extradición en condiciones equivalentes a las de una autoridad judicial.
  • Que el contenido de la solicitud y de la documentación anexa proporcione a los órganos judiciales españoles la información suficiente para verificar que la misma resulta necesaria y proporcionada.

 

Cita la STC 147/2020, Sala Primera, de 19 de octubre.

Cita la STC 147/2021, Sala Primera, de 12 de Julio. 

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