STC 147/2021, Sala Primera, de 12 de Julio. (DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. MOTIVACIÓN REFORZADA. DERECHO A UN PROCESO CON TODAS LAS GARANTÍAS. DERECHO A LA LIBERTAD). EXTRADICIÓN.

Organo Judicial: Tribunal Constitucional
Tipo de disposicion: Sentencia
Numero: 147/2021
Voz: DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS
Subvoz: Derecho a la tutela judicial efectiva. Motivación.
Fecha: 2 abril, 2024

Texto:

STC 147/2021, Sala Primera, de 12 de Julio. (DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. MOTIVACIÓN REFORZADA. DERECHO A UN PROCESO CON TODAS LAS GARANTÍAS. DERECHO A LA LIBERTAD). EXTRADICIÓN.

Estima el recurso de amparo al considerar vulnerados los derechos a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías en conexión con el derecho a la libertad personal del recurrente.

La demanda de amparo cuestiona que una solicitud de extradición no respaldada en una orden judicial de detención o prisión pueda ser acogida ya que la fiscalía angoleña no es independiente, en el ejercicio de la acción penal, respecto del poder ejecutivo y el «relatorio final» en que se apoya la fiscalía angoleña no es equivalente funcional de un auto de prisión o de procesamiento.

Este objeto, referido a las condiciones que ha de reunir el título jurídico transmitido por las autoridades del país reclamante junto con su demanda extradicional para que pueda ser considerado legítimo y suficiente en orden a justificar una decisión de entrega, se aborda en la STC 147/2020, de 19 de octubre. Esta sentencia fue publicada en el BOE con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda de amparo.

Aplica el mismo criterio que la STC 147/2020, de 19 de octubre y la Sentencia dictada por la Sala Primera del Tribunal de Justicia de la Unión Europea el 10 de marzo de 2021, en el asunto C648/20 PPU, que establece que «las exigencias inherentes a la tutela judicial efectiva de la que debe gozar una persona contra la que se haya dictado una orden de detención europea para el ejercicio de acciones penales no se cumplen cuando tanto la orden de detención europea como la resolución judicial sobre la que se fundamenta han sido dictadas por un fiscal que puede calificarse de ‘autoridad judicial emisora’, en el sentido del artículo 6, apartado 1, de dicha Decisión Marco, pero no pueden ser objeto de un control judicial en el Estado miembro emisor antes de la entrega de la persona buscada por el Estado miembro de ejecución».

En el marco normativo vigente en la República de Angola, la Procuraduría General de la República, a la que corresponde la formulación de las peticiones de extradición, es definida por la Ley 22/2012, de 14 de agosto, de la Procuraduría General de la República y del Ministerio Público, en su artículo 1.1, como un organismo del Estado con una función de representación del Estado, especialmente en el ejercicio de la acción penal, de defensa de los derechos de otras personas físicas y jurídicas, de defensa de la legalidad en el ejercicio de la función jurisdiccional y de fiscalización de la legalidad en la fase de instrucción preparatoria de los procesos y en lo que afecta al cumplimiento de las penas. El artículo 8.3 de la citada ley añade que el procurador general de la República recibe instrucciones directas del presidente de la República, en el ámbito de la representación del Estado por la Procuraduría General de la República, es decir, en el ejercicio de la acción penal. En tales circunstancias, no parece posible entender que en el órgano competente para formular las demandas de extradición de la República de Angola se cumplan los estándares de independencia del poder ejecutivo.

La petición de extradición es únicamente un acto de impulso del procedimiento. Las resoluciones judiciales impugnadas, al aceptar de las autoridades angoleñas, como soporte de la demanda extradicional, un escrito del fiscal carente de genuino refrendo judicial, han incurrido en un déficit de tutela del derecho a la libertad del reclamado.

El cumplimiento del canon de motivación reforzada obligaba a un escrutinio previo de la solicitud de extradición y de su justificación documental para comprobar si se sustenta en decisiones o actos que hayan sido adoptados de una forma respetuosa con las garantías procesales y una ponderación adecuada de su necesidad y proporcionalidad para realizar los fines de la extradición.

Citada por la STC 17/2024, Pleno, de 31 de Enero.

Cita la STC 147/2020, Sala Primera, de 19 de octubre.

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