Cronología sobre la crisis del Covid-19 en los centros penitenciarios

25 DE ABRIL: Un segundo preso, también de la cárcel de Estremera, fallece por Covid 19 elevando a cinco las personas fallecidas en el ámbito penitenciario.

22 DE ABRIL: Instituciones Penitenciarias y MUFACE generan el protocolo específico para las pruebas de detección del coronavirus que se aplicará solamente al personal de prisiones.

20 DE ABRIL: Los casos positivos por COVID 19 en los centros penitenciarios asciende a 231 trabajadores y 41 internos.

17 DE ABRIL: La tercera víctima en el ámbito penitenciario es un funcionario de la prisión de Cuenca.

15 DE ABRIL: La Administración Penitenciaria inicia la apertura paulatina y progresiva de talleres productivos, que habían quedado en suspenso desde el pasado 19 de marzo salvo aquellos que reorientaron su producción al material sanitario, con el personal imprescindible y para atender a los pedidos de urgencia.

10 DE ABRIL: En el Centro Penitenciario de Ocaña I varios presos protestan por la falta de atención sanitaria a un compañero que se desmayó.

3 DE ABRIL: El Síndic de Greuges pide a la Administración penitenciaria, en la línea de lo expuesto por el relator de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que se agilicen las actuaciones tendentes, en lo posible, a excarcelar internos que no supongan un riesgo a fin minimizar los posibles contagios. En este sentido, se dirige al presidente de la Generalitat y a su consejera de Justicia para conocer su posición y la existencia de instrucciones al respecto de las autoridades.

3 DE ABRIL: El Defensor del Pueblo se mantiene en contacto con responsables de la Administración Penitenciaria del Estado y la Generalitat para seguir las medidas que han tomado para la protección de la  población reclusa y los funcionarios que trabajan en centros penitenciarios. La Institución considera conveniente, siguiendo las pautas publicadas por la OMS y del Consejo de Europa en marzo, que se adopten medidas que atiendan a los grupos más vulnerables y se potencie el uso de nuevas tecnologías en las comunicaciones. Ya ha realizado visitas virtuales a varios centros penitenciarios, de las que están siendo elaborados escritos de conclusiones.

1 DE ABRIL: Internos del Centro Penitenciario Sevilla I, seleccionados entre los numerosos que se ofrecieron voluntarios, colaboran con la Fundación SAMU en la confeccionando batas sanitarias.

31 DE MARZO: la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias remite a prisiones dependientes del Estado terminales móviles para que las personas presas puedan comunicar con sus familiares por videollamada que compense la suspensión de comunicaciones tras la declaración del estado de alarma. Serán de 10 minutos de duración y se realizarán en espacios que garanticen tanto intimidad como seguridad de la comunicación.

Asimismo se insta a los Centros Penitenciarios a implementar ese mecanismo para que los internos también puedan acceder por este medio al Servicio de Orientación Jurídica. Pero en tanto no sea una realidad, se posibilita a los letrados a contactar telefónicamente y excepcionalmente por locutorio, siempre que las condiciones sanitarias lo permita.

La comunicación con los abogados defensores tiene que estar totalmente garantizada.

29 DE MARZO: Instituciones Penitenciarias confirma el primer fallecimiento por coronavirus de un funcionario de prisiones, un hombre de 57 años que trabajaba en el centro penitenciario de Foncalent (Alicante).

25 DE MARZO: personas reclusas de los talleres productivos de las prisiones de Alcalá-Meco (Madrid), Córdoba, Alcalá de Guadaira (Sevilla), Sevilla I, Huelva y Topas (Salamanca) comienzan a fabricar mascarillas.  

24 DE MARZO: fallece en el centro penitenciario Madrid VII de Estremera una mujer interna de 78 años que padecía patologías previas, la primera víctima mortal por coronavirus que se produce entre la población reclusa.

20 DE MARZO: se inician las primeras acciones de protesta y huelgas de hambre por parte de la población reclusa en las cárceles de Brians I y Wad Ras (Barcelona), Soto del Real (Madrid) o Fontcalent (Alicante), entre otras prisiones, ante la falta de medidas de protección o de personal sanitario en los centros penitenciarios, falta de información sobre la epidemia o las duras condiciones de los aislamientos forzosos en las celdas.

18 DE MARZO: el Ministerio del Interior facilita que algunas personas reclusas en régimen de semilibertad cumplan su condena en su domicilio cuando están afectados por el coronavirus.

16 DE MARZO: varios colectivos y asociaciones presentan un escrito ante el Ministerio del Interior y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias en el que solicitan “una serie de medidas urgentes para velar por los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad”, entre las que se encuentran:

  • El refuerzo del personal sanitario dentro de prisión, así como que el aislamiento de las personas afectadas por Covid-19 se produzca en una instalación médica en lugar de una celda.
  • La excarcelación inmediata de las personas presas enfermas graves y de más de 70 años por constituir un grupo con doble riesgo, así como de la población preventiva, estableciendo otro tipo de controles en caso de ser necesarios.
  • La gratuidad de las llamadas telefónicas extras y el incremento de las comunicaciones.
  • La excarcelación de las personas con condenas de poca duración y cumplimiento del régimen abierto fuera de los establecimientos.

15 DE MARZO: al amparo del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo que declara el estado de alerta, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias emite la Orden INT 227/2020 de 15 de marzo, por la que toma las siguientes medidas:

  • Se suspenden todas las comunicaciones ordinarias con familiares y amistades de los reclusos.
  • Se suspenden las salidas por permisos, salidas programadas o cualesquiera otras, salvo que se produzcan por causas de fuerza mayor o situación de necesidad para evitar los desplazamientos prohibidos por el art. 7 del RD 463/2020, de 14 de marzo.
  • Las personas presas clasificadas en tercer grado o que tengan aplicado un régimen de flexibilidad en centros de inserción social, secciones abiertas o centros ordinarios podrán salir para la realización de las actividades expresamente relacionadas en el art. 7 del RD 463/2020, adoptándose los protocolos establecidos cuando regresen al centro penitenciario.
  • Se amplían las comunicaciones telefónicas que tengan autorizadas las personas presas, y especialmente con su representación letrada para garantizar el derecho a la defensa.

12 DE MARZO: como consecuencia de los dos primeros casos de Covid-19 positivo en una funcionaria de Madrid VI y un recluso de Álava, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias amplía las medidas de restricción a todos los centros penitenciarios; entre otras:

  • Sólo se permitirá el acceso a personal funcionario, laboral y extrapenitenciario cuya labor sea imprescindible.
  • Se suprimen las visitas vis a vis y las comunicaciones de convivencia.
  • Todas las visitas, tanto de familiares, amistades o profesionales de la abogacía, se producirán a través de locutorio, al poder mantener separación mediante cristales.
  • Queda excluida la entrada de voluntarios de ONG, entidades colaboradoras o profesionales acreditados.
  • Se suspenden las salidas programadas o de tratamiento penitenciario.
  • La actividad docente queda sujeta a lo que dispongan las administraciones educativas.
  • Se suspenden los traslados intercentros, salvo aquellos que obedezcan a razones excepcionales, sanitarias o judiciales.
  • Se acuerda el aislamiento en celda individual de los casos positivos o de sospecha, en tanto se notifica a la autoridad sanitaria para su evaluación y toma de medidas.
  • Todos los ingresos de libertad o de permiso tendrán que permanecer en observación sanitaria en módulos separados del resto de las personas reclusas.
  • Estas restricciones no implican, sin embargo, la suspensión de los permisos penitenciarios, ni las salidas del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.
  • Las personas penadas en tercer grado, residentes en los centros de inserción social o secciones abiertas de los centros penitenciarios continuarán con su régimen de semilibertad.​

11 DE MARZO: los sindicatos del personal funcionario de prisiones reclaman más medidas de protección, tests de coronavirus y aprovisionamiento de material de EPI en los centros penitenciarios.

11 DE MARZO: un preso de la cárcel alavesa de Zaballa, procedente de un anterior ingreso hospitalario en Txagorritxu, da positivo en la prueba del Covid-19 y se convierte en el primer caso de coronavirus que se produce entre la población reclusa.

7 DE MARZO: se produce el primer caso conocido de coronavirus en una cárcel española; una funcionaria que trabaja en el módulo de la guardería de la prisión Madrid VI de Aranjuez da positivo en las pruebas de Covid-19.

6 DE MARZO: la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias acuerda las primeras medidas de restricción, que afectan en un primer momento a las cárceles de Madrid, Araba, Logroño, Ocaña, Burgos y Dueñas:

  • Se suspenden las visitas, comunicaciones y cualquier otro tipo de actividad que implique el contacto con internos o funcionarios de personas procedentes de zonas con transmisión comunitaria.
  • Se prohíben las salidas a diligencias judiciales o traslados a otros centros, salvo por razones estrictamente sanitarias, de personas reclusas que hayan dado positivo en coronavirus o muestren síntomas sospechosos.
  • Se suspenden actividades formativas dirigidas a personas trabajadoras o internas que impliquen el acceso al centro de profesionales sanitarios extrapenitenciarios y se aplaza también la asistencia a congresos, jornadas o cursos de formación.

6 DE MARZO:  el centro penitenciario de Picassent (Valencia) acuerda, de forma preventiva, la cuarentena de dos funcionarios de prisiones tras dar positivo en las pruebas de coronavirus uno de sus familiares.

27 DE FEBRERO: la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ofrece a su personal pautas de actuación ante el riesgo de pandemia y elabora un Protocolo que define cómo actuar en el caso de que una persona privada de libertad presente síntomas compatibles con el Covid-19. Entre las medidas incluidas, se establece que si una persona presa hubiera tenido un “contacto estrecho con un caso probable o confirmado de infección”, aun cuando se tratara de un “contacto asintomático sin sintomatología respiratoria aguda”, deberá permanecer en su celda individual en situación de aislamiento y “vigilancia activa” durante los 14 días siguientes, período de incubación.

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