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POLÍTICA

Las denuncias de agresiones de presos se elevarán al juez aunque no consten lesiones

2 de julio de 2019

Funcionarios cargan contra Instituciones Penitenciarias por la orden que ha dado a los directores de las prisiones: "Siembra la duda de que se maltrata en la cárcel" / Interior niega que sea una instrucción nueva y dice que es un recordatorio de la legalidad

ELINDEPENDIENTE.COM (ANTONIO SALVADOR).- Funcionarios penitenciarios consideran que el Ministerio del Interior “siembra la duda de que se maltrata” a la población reclusa en las cárceles al ordenar por escrito a los directores de las prisiones que pongan en conocimiento del juzgado de guardia la denuncia de cualquier interno que asegure haber sido agredido aunque no consten lesiones.

Una orden de servicio difundida este martes por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias con estas indicaciones ha causado un profundo malestar en la plantilla de Prisiones al entender que puede arrojar sombras ante la ciudadanía sobre el trato que los funcionarios brindan a los reclusos. “Nosotros pidiendo ser agentes de autoridad para qué se dé veracidad a nuestros partes y la Administración le da veracidad a los internos”, critica un funcionario.

Se trata de un documento interno en el que la Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social describe las actuaciones que tienen que poner en marcha los directores de los centros penitenciarios ante posibles agresiones de funcionarios a presos en cumplimiento tanto de la “legalidad vigente” como de las “indicaciones” formuladas por el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura.

“El hecho de que la ejecución de la pena privativa de libertad se realice en un contexto cerrado, propio de una institución total, motiva que sea especialmente relevante ejercitar la labor penitenciaria en el respeto más escrupuloso a le legalidad. Ello no sólo por el imperativo legal al que estamos sometidos, sino por erradicar la duda sobre la existencia de posibles abusos y desviaciones de poder por parte de quienes ejercemos una función pública”, expone la orden de servicio.

La forma de actuar es la siguiente. Tanto si hay parte de lesiones -emitido por los servicios médicos de la cárcel- como si no, los responsables de las prisiones tienen que ponerlo en conocimiento del juzgado de guardia. Aunque no exista dicho parte, el director tiene que “acordar la realización de las actuaciones tendentes a esclarecer” los hechos denunciados y enviar al juez tanto una “copia de lo actuado” como la “declaración del interno”.

A preguntas de este diario, fuentes de Instituciones Penitenciarias han negado que se trate de una orden nueva y han explicado que el documento se limita a recordar a las direcciones de los centros penitenciarios dependientes de la Administración General del Estado cuál es el deber legal que tienen ante este tipo de situaciones tras detectarse “disfunciones” entre la forma de proceder de unas prisiones y otras. En opinión de este portavoz, no hay margen para el malestar puesto que la orden es un recordatorio de lo que establece la legalidad.

 

Reeducación y reinserción social

No es la interpretación que realizan los representantes del colectivo, formado por casi 24.000 personas. “La orden ha caído muy mal porque siembra la duda de que hay maltrato a la población reclusa en los centros penitenciarios cuando no es así. Somos muy profesionales, escrupulosos y cumplimos el mandato constitucional de favorecer la reeducación y la reinserción social de la persona condenada a pena privativa de libertad”, expone Antonio González, delegado de UGT-Acaip.

González recuerda que el sistema penitenciario español es “muy garantista” y ofrece al interno la posibilidad de denunciar ante el juez de vigilancia penitenciaria cualquier “anomalía” que pueda ocurrir entre los muros del establecimiento. “Velamos por que haya transparencia en la gestión del día a día de los profesionales penitenciarios, pero de ahí a insinuar que puede haber tortura hay una gran distancia”, añade este representante sindical.

En la misma línea, desde la asociación de trabajadores penitenciarios ‘Tu abandono me puede matar’ también arremeten contra el citado oficio. “¿Por qué la Administración, que debe defender y dignificar nuestro trabajo ante la sociedad, es garante del preso en vez del funcionario? Es el mundo al revés”, se queja Manuel Galisteo, coordinador general de dicha organización.

“Miedo en el cuerpo”

“Vuelven a tratar de meter miedo a nuestro trabajo. En situaciones hay que actuar en prisión ante el comportamiento de internos extremadamente peligrosos, pero difícilmente podremos intervenir bien sin la formación adecuada y con el miedo en el cuerpo a ser tú el fiscalizado y juzgado en lugar de dicho recluso. Pongo la mano en el fuego por el 99,99 % de mis compañeros. Nos sentimos discriminados ante el que delinque”, añade Galisteo.

También han mostrado su preocupación a este diario otros empleados de Instituciones Penitenciarias por el contenido de dicho oficio. “Ahora nos vamos a pasar la vida en los juzgados acusados hasta por no sonreír. Cuando los cacos lo descubran vamos todos a los juzgados”, advierte un funcionario.

Oficio enviado por la Secretaría General de Instictuiones Penitenciarias a los Directores de los Centro Penitenciarios en PDF adjunto.

 

 

 

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