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PRISIONES CATALANAS

La Generalitat planea que delincuentes con condenas cortas no pisen la cárcel

2 de julio de 2019

El Plan Estratégico de Ejecución Penal de Justícia cree que 74 condenados por malos tratos que están en prisión podrían cumplir en la calle con medidas alternativas. Penalistas y expertas en violencia machista lo consideran "injusticia para la víctima", y entre los mossos rechazan la "ausencia de disuasión" para estos delincuentes.

EL PERIODICO (JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ).-  Un plan penitenciario de la Generalitat propone que los condenados por violencia de género a penas de menos de tres años de prisión no lleguen a pisar la cárcel. Se trata del Pla Estratègic d’Execució Penal d’Adults del Departament de Justícia, elaborado en febrero y presentado en marzo por la 'consellera' Ester Capella a directivos del área de Presons.

En su "Análisis de situación", el plan fija el objetivo de "asegurar el cumplimiento en MPA de todas aquellas condenas que actualmente se cumplen en prisión y que se podrían cumplir en MPA". Las MPA, o medidas penales alternativas, son trabajos solidarios fuera de la cárcel.

En Catalunya, 449 condenados por violencia de género cumplen condena con MPA. El plan considera que otros 63 condenados a hasta dos años de cárcel, y 11 a entre dos y tres años, hoy entre rejas, podrían también cumplir fuera. Ellos y también los que en el futuro sean condenados a menos de tres años. Y no solo por violencia de género, también por conducción temeraria, narcotráfico, estafa, hurto… hasta 19 delitos.

Palizas, amenazas, vejaciones

"La rehabilitación como misión" es el lema del plan, y encabeza sus 110 folios de extensión. En septiembre del 2018, al comienzo de la legislatura en Catalunya, el Govern citaba un plan como este entre sus objetivos de gobierno en materia de política penitenciaria. Catalunya es la única comunidad autónoma con competencias en prisiones.

En el marco de los malos tratos de violencia de género, se castigan con de uno a tres años de cárcel delitos que citan cinco artículos del Código Penal. Los condenados, o sometieron a trato degradante y dañaron la integridad moral de la pareja (Artículo 173.1, entre seis meses y dos años de prisión), o ejercieron violencia física o psíquica habitual contra la cónyuge (Artículo 173.2, de seis meses a tres años), o le causaron lesiones que menoscabaron la salud física o mental (Artículo 148, de dos a cinco años), o profirieron amenazas continuas (artículo 169, uno a cinco años) en el ámbito de la pareja estable (artículo 169, seis meses a un año).

Son conductas iniciales en espirales de violencia machista "que pueden acabar mucho peor, incluso en la muerte", advierte la penalista María Durán, abogada experta en casos de violencia de género y vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, con afiliadas en toda España.

Justícia cree en las MPA

Desde el Departament de Justícia defienden la propuesta porque "se ha de aplicar dependiendo del caso –explica un portavoz-. Las medidas alternativas son útiles para tratar algunos casos de violencia machista, obviamente los más leves".

Esta filosofía se basa en conclusiones del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especializada (CEJFE, de la Generalitat) que indican que, si cumpliendo una pena entre rejas el grado de reinserción es del 70%, ese grado de "éxito" es del 90% en las MPA.

Los trabajos que hacen los condenados a medidas alternativas van desde guiar a los visitantes perdidos por la Ciutat de la Justícia a ayudar a enfermos de la Fundación Guttman.

"En cualquier caso –aclaran en Justícia- cumplir o no con MPA es algo que decide el juez". Al togado, Presons  le ofrece un catálogo de lugares y actividades de cumplimiento. El plan se plantea: "Hay que incentivar entre los órganos judiciales (…) valorar la viabilidad de la suspensión de la pena de prisión por medidas penales alternativas".

Mano blanda, mano dura

Los partidos no conocían este proyecto. Lo ha constatado el sindicato ACAIP, mayoritario en las cárceles regidas por Interior. Su coordinador en Catalunya, Francesc López, ha dedicado las dos últimas semanas a trasladar su inquietud y rechazo a estas medidas a todo el espectro del Parlament.

López se ha entrevistado con los diputados Vidal Aragonés (CUP), Lorena Roldán (Ciudadanos), Rosa María Ibarra (PSC), Esperanza García (PP), Yolanda López (Comuns), Eusebi Campdepadrós (JxCat) y Jordi Orobigt (ERC). Su reacción, relata, "se divide entre los que rechazan este plan y los que, más cerca del Govern, pedirán más información".

Para López, la aplicación de MPA a delitos machistas "banaliza la violencia de género. Hay ciertos ilícitos penales que deben tener una respuesta contundente en el tratamiento, que esas personas se den cuenta de lo que han hecho. En otros delitos, las MPA quizá son útiles; en violencia de género, no. Esos delincuentes suelen mostrar resistencia a cambiar su forma de pensar".

La penalista María Durán cree que "este plan tiene más de negativo que de positivo, y le falta perspectiva de género. El maltratador está convencido de que no ha hecho nada. Sin castigo efectivo, no desaparece su refuerzo ideológico. Del tratamiento penitenciario lo único que entiende es la parte disciplinaria".

En 35 años de experiencia no ha conocido "ningún maltratador genuinamente arrepentido", asegura Durán, y denuncia: "Hay una tendencia a aplicar el mínimo de las penas en violencia de género. Es una injusticia para la víctima, y permite al agresor reincidir con otras parejas".

Según las estadísticas que maneja Themis, el 90% de condenas por el artículo 173 del código penal terminan en penas de 31 días de trabajos en beneficio de la comunidad. "Es ínfimo el número de condenados a dos o más años. Y numerosos los casos en los que se aplican atenuantes. Esto elimina la función preventiva del derecho penal".

Y pone uno de sus casos como ejemplo. Dos años le cayeron a un agresor por malos tratos continuados entre el 2008 y el 2014 a su esposa, de 41 años. "Apenas la dejaba salir de casa, y cuando salía le metía una grabadora encendida en el bolso, que luego ella debía entregarle", relata. Ella tuvo que seguir tratamiento psicológico durante siete años; a él le cayeron, además, 5.000 euros de multa que no pagó. Y ese es otro aspecto que denuncia Durán: "Si apenas entran en la cárcel, menos aún pagan las  indemnizaciones".

Inquietud policial

El plan causa inquietud también entre policías. Un binomio de mossos en una misión de prevención de violencia de género tiene que vigilar a mujeres amenazadas en momentos en que su pareja puede atacarla: cuando dejan a los hijos en el colegio, a la salida del trabajo, al llegar a casa… "Si no damos abasto y tenemos que seleccionar casos según el grado de amenaza, imagínese con más maltratadores sueltos", explica un mosso barcelonés que ha hecho numerosas vigilancias. La carencia de efectivos es característica en las unidades de VioGen, y no solo en la policía catalana.

Sobre la aplicación de MPA a delincuentes de otros delitos, como el robo o el hurto, se manifiesta el mosso Toni Castejón, portavoz del sindicato FEPOL, que pone de ejemplo la plaga de carteristas en Barcelona. "Una delincuencia tendente a la multirreincidencia es un problema de seguridad –dice–. Si ya tenemos pocos recursos, que ciertos delincuentes tengan ante sí penas muy leves lo agrava. Si se lo vamos a poner más fácil sin verdaderas penas por sus delitos, apaga y vámonos".

 

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