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SISTEMA PENITENCIARIO

Andalucía quiere las competencias de sanidad en las prisiones

9 de mayo de 2019

Los profesionales sanitarios que trabajan en las cárceles preparan una huelga ante el deterioro del sistema

PÚBLICO (RAÚL BOCANEGRA).- “El 30 de mayo de 2003, hace más de quince años, entraba en vigor la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, en cuya disposición adicional se expresaba: “Los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias serán transferidos a las Comunidades Autónomas para su plena integración en los correspondientes servicios autonómicos de salud. A tal efecto, en el plazo de 18 meses desde la entrada en vigor de esta Ley y mediante el correspondiente Real Decreto, se procederá a la integración de los servicios sanitarios penitenciarios en el Sistema Nacional de Salud (SNS), conforme al sistema de traspasos establecido en los estatutos de autonomía”.

Para la diputada de Adelante Andalucía, Maribel Mora, “la rotundidad de la disposición transitoria no ha impedido su más radical incumplimiento, de manera que hoy día únicamente el País Vasco y Cataluña han asumido la referida transferencia”. “Y ello -prosigue Mora- pese a que la actual situación de dependencia de la sanidad penitenciaria de la administración central acarrea graves deficiencias que provocan que, al fin y a la postre, la población reclusa no disfrute de una atención médico-sanitaria y de unas prestaciones farmacéuticas equivalentes a las dispensadas al conjunto de la población.”

La urgencia de la transferencia es un clamor unánime entre todos los agentes profesionales, sociales o sindicales que tocan el tema, asegura Mora, quien ha registrado una proposición no de ley (PNL) que se debate y se vota la próxima semana en el Parlamento de Andalucía. El Gobierno, formado por una coalición de PP y Ciudadanos, está a favor de que la Junta asuma las competencias.

El consejero andaluz de Salud, Jesús Aguirre (PP), dijo en fechas recientes que la transferencia a las Comunidades “es imparable”. “No se puede estigmatizar a nadie. Es lógico que el recluso tenga las mismas prestaciones y en las mismas condiciones, así como la misma accesibilidad a los medicamentos que tiene cualquier ciudadano”, dijo el consejero. Fuentes de su departamento indicaron a Público que esta sigue siendo su posición, en resumen, que la Junta quiere las competencias.

Este es uno de esos asuntos, no tan raros en política, en que todo el mundo está de acuerdo, pero nadie hace nada por ejecutar ese acuerdo. La plataforma de sanidad penitenciaria, que lleva la doctora Carmen Hoyos y su gente dejan esta reflexión al respecto: “Es posible que el fondo del problema esté en la estigmatización social. Este país solo se preocupa de determinados colectivos cuando algún escándalo proporciona material de entretenimiento. Las personas privadas de libertad pierden su libertad pero ningún otro derecho”.

 

(DOCUMENTO COMPLETO EN PDF ADJUNTO)

 

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