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La injustificable lacra de la prisión provisional

25 de abril de 2019

LA VANGUARDIA (JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ FRANCO. ABOGADO).- Lo dije en un artículo en este mismo medio a propósito de la prisión provisional de Sandro Rosell: dicha medida procesal es un expediente muy peligroso porque afecta al derecho a la libertad y un error de cálculo en su aplicación tiene consecuencias irreparables. Y la advertencia se ha hecho realidad precisamente en Sandro Rosell, un hombre que hoy debe de ser enteramente feliz, pero a quien nadie le va a devolver los días que no pudo compartir con su familia, y que quedan hoy para un olvido imposible.

La prisión provisional es, en efecto, una institución procesal que debería reformarse de modo que se reservara para situaciones en las que la libertad del investigado pusiera en riesgo bienes jurídicos de primer orden, como son la vida o la integridad física, no el patrimonio, por ejemplo, o la propia integridad de la investigación. Y ello porque la libertad de la persona ha de estar muy por encima de otros intereses procesales o bienes jurídicos de rango inferior, si no queremos incurrir en situaciones indeseables que no entienden (ni comparten) ni siquiera el resto de los ciudadanos, como sucede, en un ejemplo palmario, en el denominado caso del procés. Más allá de consideraciones jurídicas conocidas por todos (la tan cacareada –y, al mismo tiempo, ambigua– rebelión y otras lindezas jurídicas), y de la opinión política de cada uno, lo cierto es que una mayoría indiscutida de ciudadanos no comparte la reclusión obligada de unos representantes políticos a los que se les juzga por decisiones políticas –tengan relevancia jurídico penal o no– más o menos acertadas –e incluso totalmente desacertadas o políticamente desaforadas, si fuera el caso–. Digámoslo claro: no hay ninguna necesidad hoy de que estos señores continúen en prisión provisional. Y no la hay porque ni siquiera el hecho de que alguno pueda fugarse justifica una medida tan gravosa como esa en las circunstancias concurrentes. La libertad es un bien que está o debe estar muy por encima de cualquier otro interés preponderante en una causa penal, y sólo debe enervarse en casos extremos y evidentes.

A Sandro Rosell no le devolverán los días injustamente robados de su vida, y a los señores encausados en el Tribunal Supremo, en la hipótesis de que los absuelvan por el delito de rebelión, tampoco. Por eso hay que ser sumamente cuidadosos (y respetuosos) con la aplicación de la medida, lo que a mi juicio sólo es posible con una nueva regulación de la misma, pues parece evidente que la jurisprudencia de nuestros tribunales no es garantía suficiente para evitar las injusticias sufridas por muchos ciudadanos a la postre inocentes.

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