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El Gobierno apura los plazos para abrir la cárcel de Soria en 2019 inicialmente con cuatro módulos

4 de febrero de 2019

DESDESORIA.ES.- El Gobierno apura los plazos para abrir la cárcel de Soria en 2019 inicialmente con cuatro módulos, si bien como ha señalado la Delegada del Gobierno en Castilla y León, la soriana Virginia Barcones, no se renuncia a la apertura “completa” del centro penitenciario.

A lo largo de esta mañana, la delegada del Gobierno ha mantenido una reunión con los representantes de los trabajadores del actual centro penitenciario de Soria, con los sindicatos UGT, ACAIP, CSIF y CC.OO, el director de la cárcel de Soria Segundo Pascual y el subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre. En dicha reunión se habría trasladado a estos colectivos las previsiones de los trabajos encaminados a poner en marcha el centro “lo antes posible” dentro “del año en curso” siendo este el objetivo establecido por parte de Barcones.

Por su parte, los sindicatos han trasladado a la delegada las “fórmulas” más adecuadas para realizar la apertura, que se expondrán en próximas reuniones de Barcones tanto con el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, como con la presidenta de la Asociación de Infraestructuras de Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado, Mercedes Gallizo. Los sindicatos apuestan por un inicio de actividad con cuatro módulos más los auxiliares de enfermería y aislamiento, como se ha producido en otros centros similares a los de Soria, como el de Málaga II en Archidona.

Esta apertura de cuatro módulos de 72 celdas cada una, implicará que haya 288 plazas para internos. En cuanto a personal, se contratarán 230 personas, siendo 130 plazas ya las existentes, con 100 nuevos funcionarios que se contratarán de la actual oferta pública de empleo que se está llevando a cabo con 831 plazas para todo el país. En junio, estos trabajadores podrán iniciar sus trabajos de prácticas y estar listos para la apertura del centro. A pleno rendimiento, la cárcel soriana contaría con 684 celdas en módulos residenciales y 152 más repartidas entre enfermería y aislamiento, lo que implicaría la contratación de 430 puestos de trabajo directos.

Desde los sindicatos apuntan que el comienzo de apertura parcial garantiza más seguridad, ya que un centro “mal abierto” puede conllevar múltiples problemas, mientras que el desarrollo gradual de la actividad permite que se vayan haciendo correcciones. No obstante, indican que no hay un protocolo establecido ni de plazos para ir abriendo nuevos módulos, algo que también dependería de las necesidades del sistema español, que actualmente son muy inferiores a los de 2009, con cerca de 16.000 internos menos.

Barcones ha hecho un resumen de la tramitación pendiente y prevista para la apertura de la cárcel de Soria a finales de año. Por un lado, se está llevando a cabo la redacción del proyecto de equipamiento, que cuenta con cuatro millones de euros de presupuesto. En este sentido, SIEP ha encargado ya el inicio de fabricación, en los talleres en los que trabajan los 12.500 internos de las cárceles españolas, del equipamiento necesario del centro de Soria. Se confeccionarán 3.000 juegos de sábanas y mantas, toallas y ropa laboral; así como de 1.400 colchones y almohadas. También se ha licitado el material de suministro de madera para la fabricación del mobiliario tanto deportivo, con canastas, espalderas y porterías, como de 3.500 sillas y 1.500 mesas, junto a perchas, cajas, televisiones… Este mobiliario se realizará en Ocaña I, Ocaña II, Córdoba, Cáceres o Puerto III. El compromiso de entrega es para 2019.

Otro punto pendiente para la apertura es la solución del colector que fue aprobado en diciembre y que actualmente está en fase de alegaciones para su expropiación forzosa. Tras las alegaciones se convocará al perito y la realización de las actas previas, a partir de las cuales se abrirá un nuevo plazo de alegaciones hasta acordar, definitivamente, el acta de ocupación. Barcones espera realizar la tramitación antes de marzo, para que pueda iniciarse la ejecución de las obras que tendrán un plazo máximo de nueve meses, según han señalado César Moreno y Rafael Gil, representantes de UGT.

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