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El Defensor Andaluz urge a las administraciones a atender a la población sorda en las cárceles

27 de enero de 2019

Una resolución apremia a Gobierno y Junta para que atiendan convenientemente a las personas sordas, con discapacidad auditiva y con sordoceguera. El Defensor denuncia que el sistema no advierta con tiempo sus limitaciones comunicativas y no se les ofrezca la atención que merecen por ley.

ELDIARIO.ES (JAVIER RAMAJO).- Toque de atención del Defensor del Pueblo Andaluz a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y, sobre todo, a la Consejería de Igualdad de Andalucía por la atención que se presta a las personas sordas, con discapacidad auditiva y con sordoceguera internados en los centros penitenciarios de la comunidad autónoma. Una resolución firmada por Jesús Maeztu insta a ambas administraciones a que, básicamente, cumplan con la normativa y definan las actuaciones que den cumplimiento a las previsiones de la Ley 11/2011 que regula el uso de la lengua de signos española.

El aprendizaje e implantación de dicho lenguaje "debe acometerse en los distintos ámbitos de presencia de este colectivo de personas, incluido también el sistema judicial y penitenciario", dice el Defensor, que destaca que se trata de un aspecto "que necesita de una especial atención" ante "la carencia de sistemas de interpretación y lenguaje de signos" en las cárceles andaluzas.

El Defensor incide también en las "carencias" a la hora de detectar de la presencia de estas personas en el entorno carcelario. En ese sentido, denuncia "no sólo la falta de una advertencia previa de esta condición de limitación auditiva de algún interno en los distintos escenarios o destinos penitenciarios sino que, incluso, su incorporación había sido inadvertida".

"En ocasiones, una aparente falta de atención del sujeto o su escasa comunicatividad pueden ser atribuidas a limitaciones o actitudes del interno. Y no es sólo una deficiencia del sistema penitenciario, porque hemos de reseñar que, antes, esta persona ha sido protagonista de otras intervenciones en los niveles policiales, judiciales, asistenciales, sin haber sido oportunamente diagnosticada o, al menos, detectada en su peculiaridad", explica el Defensor, que parece aludir al caso de José María, por el cual se ha interesado.

A ese aspecto concreto señala que "tal descuido suele además tener una trascendencia en estos canales ya que el desconocimiento de su condiciones de sordera puede explicar las circunstancias en las que se ve envuelta esta persona en incidentes con otros sujetos, relaciones que se pueden volver conflictivas o casos inadvertidos por los agentes de la autoridad que pueden confundir una desatención con la simple incapacidad de asimilar una indicación policial", como ha publicado este periódico.

"Lamentablemente, ese circuito por el que transcurre el interno sordo suele concluir en la prisión, a la que accede sin presentar registrada su condición de persona sorda y quedando a la capacidad del sistema penitenciario de descubrir, siempre a destiempo, esa limitación", concluye en ese sentido.

Doble discriminación

El Defensor del Pueblo Andaluz acordó la admisión a trámite de una queja presentada por la Asociación Pro Derechos Humanos (APDHA) y que conllevó la petición de información dirigida a las administraciones. A dicha queja se suman las solicitudes hechas llegar por personas, familiares o entidades que han pedido acciones o medidas para la atención de personas sordas en prisión.

La institución recuerda que estamos ante personas implicadas "en una dualidad de escenarios potencialmente discriminatorios, ya que abordamos las trabas que afectan a estas discapacidades, en un sentido general, a las que se suma la condición de personas internadas en prisión en un escenario especialmente sensible para el eficaz disfrute de las medidas y derechos que el ordenamiento jurídico establece para la garantía de la igualdad y proscripción de las causas de discriminación".

 

(DOCUMENTO COMPLETO EN PDF ADJUNTO)

 

 

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