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Andalucía se niega a integrar el sistema informático sanitario en las cárceles por falta de convenio con el Gobierno central

7 de enero de 2019

-Una resolución del Defensor del Pueblo Andaluz sugiere que se promueva el acceso del sistema Diraya en los centros penitenciarios: "Es un déficit muy severo que debe ser corregido con absoluta prioridad" -Este sistema informático, al que solo accede de manera parcial la cárcel de Córdoba, permite consultar los datos sanitarios de los usuarios del Sistema Sanitario Público de Andalucía -Pese a que la Junta reconoce que el balance del Hospital Reina Sofia de Córdoba es "positivo", pues permite a los médicos de la cárcel un mayor conocimiento de la historia clínica de sus pacientes, "no se considera oportuna la extensión del sistema" -Un total de 28 centros penitenciarios en España no disponen de guardia médica presencial las 24 horas del día

ELDIARIO.ES (JAVIER RAMAJO).- "No se considera oportuna la extensíón del sistema Diraya al conjunto de centros penitenciarios de Andalucía". La Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud no quiere que este sistema, que permite la gestión de los datos sanitarios e historias clínicas de los usuarios del Sistema Sanitaria Público de Andalucía (SSPA), acabe con la desconexión informática entre los sistemas penitenciario y sanitario.

El motivo que esgrime la Junta es "la ausencia de convenio entre el Ministerio del lnterior y la Consejería de Salud, desde el 31 de diciembre de 2013", según consta en un informe remitido al Defensor del Pueblo Andaluz. Pese a la negativa de la Consejería, una actuacion de oficio iniciada por el departamento que dirige Jesús Maeztu establece como primera sugerencia "que se promueva el acceso del sistema Diraya con los respectivos servicios médicos de los centros penitenciarios en Andalucía, a través de los acuerdos o fórmulas de convenio que se negocien y comprometan entre el Ministerio del Interior y la Junta".

Cabe recordar que la prestación de la asistencia sanitaria a la población reclusa en Andalucía, así como en el resto de las comunidades autónomas, se desarrolla en base a convenios firmados entre el Ministerio de Interior y las administraciones autonómicas. En Andalucía, estos convenios se han ido renovando durante 17 años, hasta 2012, año en el que quedó sin efecto. En agosto de 2013 se firmó un nuevo convenio que estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2013. Desde esa fecha, no existe convenio alguno.

Fuentes oficiales de Instituciones Penitenciarias informan al respecto a este periódico que "la actual Secretaría General ha mantenido contactos y una reunión con la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía para abordar este tema pero, tras las elecciones en la comunidad autónoma, se está esperando a la formación de Gobierno para retomar las conversaciones".

La Oficina del Defensor viene clamando desde hace años por una mejora en la prestación de la sanidad penitenciaria. Buena prueba de ello fue el  informe sobre las Unidades de Custodia Hospitalarias donde denunciaba en general el propio modelo organizativo y definía a la persona encarcelada como "un enfermo que deambula bajo dos sistemas sanitarios". Las reivindicaciones no sólo vienen de ahí sino de los propios partidos. Hace dos años  el Senado pidió unánimemente que las autonomías gestionaran la sanidad penitenciaria. Posteriormente,  en febrero de 2017, el Gobierno central anunció que la sanidad penitenciaria sería transferida antes de que acabara la legislatura, que terminó precipitadamente con la moción de censura a Mariano Rajoy.

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