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La Guardia Civil desbloquea el acceso a la cárcel de Picassent

18 de noviembre de 2018

Los manifestantes sólo dejaron salir una ambulancia que trasladaba a un recluso al hospital e impidieron las visitas de los familiares de los presos

LASPROVINCIAS (JAVIER MARTINEZ).- Una treintena de guardias civiles desocuparon este mediodía la entrada del centro penitenciario de Picassent tras empujar con sus escudos a los funcionarios que bloqueaban la puerta. Desde primera hora de la mañana, un grupo numeroso de manifestantes impedía el acceso a unos 60 compañeros que debían de relevar a los funcionarios que realizaban los servicios mínimos en la cárcel.

Los agentes abrieron paso a los trabajadores de la prisión para que pudieran sustituir a los funcionarios del turno de la noche. El relevo debía de haberse realizado a las ocho de la mañana, pero los manifestantes bloquearon la puerta como medida de protesta. También impidieron las visitas de los familiares de los presos.

Uno de los funcionarios resultó herido leve al sufrir un corte cuando los guardias civiles les empujaban con los escudos. Los agentes desbloquearon el acceso a la cárcel a las 14.45 horas, por lo que los funcionarios retrasaron más de seis horas el relevo de los trabajadores que realizaban los servicios mínimos en la prisión.

Pocos minutos después de la intervención de la Guardia Civil, los manifestantes volvieron a bloquear la entrada hasta las 19 horas y sólo dejaron salir a una ambulancia que trasladaba a un preso a un hospital. Además, un jefe de servicio de la cárcel valenciana resultó herido al recibir un golpe cuando separaba a dos presos durante una pelea en uno de los módulos más conflictivos de la prisión. Los directivos del centro penitenciario tuvieron que abrir algunas celdas de internos debido a la huelga, según informaron fuentes del sindicato Acaip.

Instituciones Penitenciarias ha cifrado hoy de nuevo en un 65 % el seguimiento de la huelga que mantienen desde ayer los funcionarios de prisiones, que han vuelto a bloquear con piquetes las entradas a varias cárceles en su protesta para reivindicar mejores condiciones salariales y laborales.

Tras protagonizar dos jornadas de paro en octubre, los sindicatos CSIF, Acaip, CC.OO., UGT y CIGA decidieron retomar las movilizaciones con cuatro días más de huelga -de ayer sábado al próximo martes- para presionar al Ministerio del Interior.

Instituciones Penitenciarias estima hoy que el seguimiento es similar al de ayer, en torno al 65 %, mientras que CSIF lo eleva a más del 90 % y Acaip asegura que sólo se han cubierto los servicios mínimos, según apuntan a Efe fuentes de ambos sindicatos.

Según fuentes de Instituciones Penitenciarias, un autobús de trabajadores ha sido apedreado por los piquetes en Navalcarnero (Madrid) y los bloqueos han vuelto a provocar retrasos en los cambios de turnos, con Andalucía y la Madrid como las comunidades más afectadas.

El sindicato Acaip ha presentado una denuncia contra el director de la prisión provincial de Huelva, Alejandro Zulueta, acusándolo de agredir ayer a un funcionario que se manifestaba ante la cárcel, pero desde Instituciones Penitenciarias se desmiente «rotundamente» que hubiera tal agresión.

Los funcionarios han vuelto a manifestarse delante de las prisiones en distintos puntos del país con pancartas reclamando «un trabajo digno» y un «salario justo» y lemas como «prisiones sin agresiones» o «prisiones exige negociación».

Los sindicatos no reseñan incidentes graves, aunque las fuerzas de seguridad han intervenido para desbloquear los accesos a algunos centros penitenciarios y CCOO ha informado a través de Twitter de que una integrante de un piquete informativo en Alcalá Meco (Madrid) ha tenido que ser trasladada en una ambulancia «por pérdida de conocimiento por asfixia».

Las organizaciones sindicales de prisiones denuncian que han sido «engañados» por el Ministerio de Interior, que les prometió una subida salarial que luego retiro. Según los representantes de los trabajadores, el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, les ofreció destinar una partida de 123 millones de euros en el periodo 2019-2021 para la subida salarial de los 25.000 funcionarios de prisiones, que luego todo quedó en nada.

Desde Interior se afirma que lo se les presentó fue un estudio técnico sobre el que trabajar, que incluía además la reforma de la clasificación de los funcionarios

 

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