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El futuro cierre de la cárcel de Martutene abre incógnitas con los presos aún por despejar

16 de septiembre de 2018

Todavía no se ha tomado una decisión oficial sobre la compleja ecuación que representa dar respuesta a los reclusos de segundo grado Con la legislación actual, abrir un CIS sin contemplar una prisión “dimensionada” en el territorio podría suponer una dispersión de internos que dificultaría su reinserción

NOTICIAS DE GUIPUZCOA (Jorge Napal Javi Colmenero).- No es fácil encontrar una solución mágica que satisfaga a todas las partes una vez se proceda al derribo de la prisión de Martutene. De hecho, no existe. Se plantea un escenario complejo, sujeto a distintos intereses, por lo que el trabajo de cocina previo está siendo proceloso, mucho más lento de lo esperado. Tras un verano de especulaciones, todas las fuentes consultadas por este periódico confirman que, por el momento, “no hay firmado un solo documento oficial” que certifique una decisión tomada respecto a la alternativa tras el más que previsible adiós al centro penitenciario.

La única certeza es esa. Que el penal del barrio donostiarra, que acaba de cumplir 70 años, será clausurado “más pronto que tarde”. Se ha demorado tanto la decisión que los reclusos cuentan ya con nuevos vecinos, de Txomin Enea, y un Consistorio cansado de esperar una decisión al respecto para avanzar en el desarrollo de la nueva zona residencial del barrio.

Pero por encima de las infraestructuras están las personas, como se han encargado de recordar una y otra vez las asociaciones que han denunciado “intereses urbanísticos ajenos a las necesidades” de los presos. Así, la decisión que se tome entre las distintas opciones que se barajan, como es la apertura de un Centro de Inserción Social (CIS) en Zubieta, una cárcel dimensionada, o ambas alternativas conjuntas, condicionará el futuro de las 700 personas con arraigo en Gipuzkoa que actualmente cumplen condena en las prisiones del Estado.

Se trata de un escenario complejo en el que confluyen multitud de factores. Fuentes cercanas a la negociación que se está llevando a cabo en Madrid informan de que se trabaja para dilucidar cuáles son las necesidades penitenciarias del territorio, una realidad sobre la cual “por el momento no se ha cerrado ningún acuerdo”, insisten las mismas fuentes. Eso sí, “se espera que se solucione pronto”.

De las 700 personas con arraigo en Gipuzkoa que mantienen contacto con la Administración Penitenciaria, en torno a 300 cumplen condena en la prisión de Martutene, 200 de ellos en segundo grado y un centenar en sección abierta.

Pero sentar las bases de una decisión firme y definitiva exige una visión de conjunto. Es decir, no solo tener en cuenta a los reclusos del viejo presidio, sino a los otros 250 internos de segundo grado que cumplen condena en cárceles del Estado y no lo hacen en Martutene porque la obsoleta infraestructura no da más de sí.

Dispersión. Menos de la mitad de ellos están en el centro penitenciario de Zaballa (Araba), y el resto se hallan repartidos por toda la geografía estatal, en municipios como Palencia, Burgos, Santander, Zaragoza o Logroño. A todos ellos habría que sumar otros 150 penados en tercer grado, capacitados para llevar a cabo un régimen de vida en semilibertad. Los traslados a otras prisiones del Estado son la válvula de escape que ha permitido durante estos años no masificar Martutene, dando lugar a una dispersión de presos que va en contra de la propia ley y de los derechos humanos.

Este es el escenario sobre el que se está planteando una solución, en un contexto político en el que el interlocutor en Madrid ha cambiado y es ahora socialista. El Gobierno Vasco confirma “diferencias radicales” entre el actual y el anterior Gobierno de Rajoy, un muro infranqueable que no permitió dar un solo paso adelante en el calendario de competencias pendientes. Entre ellas, la de prisiones. “No existen dificultades jurídicas para hacerla efectiva porque hay precedentes, como en Catalunya”, ha defendido estos días el portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka.

El Ejecutivo autonómico tiene mucho que decir al respecto. Tampoco son un convidado de piedra las diputaciones forales y los ayuntamientos, puesto que, al margen de transferencias que pudieran materializarse en un futuro más o menos cercano, hoy por hoy tienen todas las competencias en materia social, educativa, sanitaria, formativa y de empleo, lo que les capacita para asumir las necesidades de atención a las personas privadas de libertad.

Una vez esbozado el mapa actual, es hora de entrar en la letra pequeña. Ya en la época del PP se barajó la posibilidad de abrir un CIS y no una cárcel, viendo que las infraestructuras de la CAV eran suficientes para dar cabida a los internos. Durante este verano se ha especulado en ese sentido con una supuesta decisión en firme que habría tomado el Ministerio del Interior, descartando un centro penitenciario en los terrenos de Eskuzaitzeta, en el barrio de Zubieta, entre Donostia y Usurbil, para trabajar exclusivamente con la edificación de un CIS en el que tendrían cabida los presos de tercer grado y alguno de segundo. En suma, aquellos que duermen en el penal sin pasar el día entre rejas.

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