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Odisea hasta la cárcel de Campos del Río

29 de julio de 2018

Los afectados, la parroquia penitenciaria y las ONG que trabajan con los presos piden, desde hace años, un sistema de transporte público que llegue a la prisión de Campos del Río

LAVERDAD.ES (MARTA SEMITIEL).- Si Homero levantase la cabeza, podría ver que su famosa Odisea se hace realidad cada semana en la Región para decenas de familias sin recursos. Los protagonistas son esposas, madres, padres, hijos «que se buscan la vida como pueden» para visitar a sus seres queridos en el centro penitenciario Murcia II. No hay transporte público que llegue a esta cárcel, ubicada en Campos del Río, en mitad de la nada y lo suficientemente lejos de toda población. La parada de autobús más cercana, de la línea que une Murcia con Mula, se encuentra a unos 4,5 kilómetros de la prisión. Cada sábado desde hace siete meses, Estela, que no quiere dar su nombre real en este reportaje, se levanta a las cinco de la mañana para comenzar el viaje hasta la cárcel. Cuando consigue dejar los quehaceres cotidianos y a sus hijos con la abuela, coge un autobús junto a su suegra desde Los Barreros hasta Cartagena, y luego otro hasta la estación de autobuses de Murcia, y luego el último, que las deja sobre las 12.45 horas casi en mitad de la autovía. A partir de ahí, suegra y nuera comienzan un peregrinaje de hora y media, a pleno sol, hasta la prisión. «A veces nos mareamos, pero gracias a Dios siempre salimos de casa con botellas de agua congelada, para beber y para refrescarnos por encima».

Desde Cartagena «Echamos el día de viajes, pero nos compensa»

Estela no quiere dar su nombre por miedo a que su marido sufra cuando lea esta historia, pero entiende que contarla es la única forma de «hacer que alguien reaccione para que pongan un autobús que llegue hasta allí, o que por lo menos nos deje más cerca; porque hay muchas personas que no van a visitar a sus familiares porque no pueden hacer ese camino andando y no tienen cómo ir. Y lo que la gente no entiende es que, hayan hecho lo que hayan hecho, estar allí es muy duro, y los que no tienen comunicación con su familia lo pasan muy mal». Sobre las cuatro de la tarde, Estela y su suegra hablan con su marido e hijo unos 45 minutos. Es entonces cuando desandan el camino y deshacen la trayectoria de autobuses, hasta que llegan a casa sobre las 20.30 de la tarde. «Echamos todo el día de viajes, aunque él siempre nos dice que no vayamos todas las semanas, porque sabe lo que nos cuesta; pero nos compensa. Yo no puedo pasar sin ir a verle...», se le atraganta la frase.

Reivindicación parroquial «Los presos no dan votos, por eso no interesan»

La ausencia de transporte no solo castiga a los presos. Castiga a las familias que no han cometido delito alguno. «Esta es una realidad que hace sufrir a mucha gente y que rompe familias. Poner un autobús que llegue hasta aquí es una cuestión de humanidad», apunta Antonio Sánchez, capellán del Centro Penitenciario Murcia II. «Recuerdo a un hombre mayor, que vino a ver a su hijo y, tras hacer el camino andando, cuando llegó a la cárcel se desplomó. Es muy triste ver eso». Hace más de cuatro años que él encabeza, junto a las ONG que trabajan con los presos y algunos trabajadores de la prisión, las reivindicaciones para instaurar una línea de transporte que llegue hasta la cárcel. «Hemos denunciado la situación, hemos hablado con los partidos políticos, con los ayuntamientos de Campos del Río, Albudeite y Mula, pero nada. Los presos no dan rédito político, no dan votos, por eso no interesan».

Decenas de familias caminan más de cuatro kilómetros para visitar a sus allegados

Para él, lo ideal «sería que hubiese un autobús directo desde Murcia hasta aquí, o bien que la línea que va a Mula parase en algunos horarios en la prisión. Y si apuramos, por lo menos que tengan una parada de ida y otra de vuelta una vez a la semana, que es cuando pueden hablar con ellos». Según el capellán, muchas familias dejan de visitar a los presos «para poder ahorrar y pagarse un taxi una vez al mes, que es cuando tienen el vis a vis. Y otros ni eso, directamente no vienen. Pero lo que tienen que entender los políticos es que el autobús no solo sería una ayuda para las familias sin recursos, sino también una inversión en reinserción, porque está comprobado que los presos que tienen cerca a los suyos, los que pueden hablar con ellos, se rehabilitan mejor que los que no lo hacen».

Solidaridad vecinal «Le pagamos un taxi porque con sus hijos no puede ir de otra forma»

El capellán no es el único que entiende la injusticia que supone no tener medios para visitar a los familiares encarcelados. En el barrio de La Fama, un grupo de mujeres encabezadas por Pepita Esparza se ha unido para ayudar a otra vecina, de nacionalidad búlgara y con dos hijos menores, cuyo marido también está en el Centro Penitenciario Murcia II y que tampoco quiere dar su nombre por miedo a que eso le perjudique de alguna forma, «ya que los abogados siguen intentando sacarlo de allí». A sus 92 años, Pepita es conocida por ser una gran activista social; por eso no pudo resistirse a organizar un fondo económico «para ir pagando los taxis que la lleven hasta la cárcel, porque con sus dos hijos no puede ir de otra forma». Gracias a la solidaridad de sus vecinas, esta madre búlgara visita a su marido unas tres o cuatro veces al mes. En función de lo majo que sea el taxista, Pepita cuenta que los viajes de ida y vuelta pueden oscilar entre los 20 y los 40 euros, «pero los seguiremos pagando como sea, porque conocemos desde hace muchos años a esta familia y son muy buenas personas». Para Cande Hernández, otra de las vecinas implicadas en la recaudación, está claro que «la forma de sacar a las familias de la exclusión es apoyándolas, no haciéndoles las cosas más difíciles».

Desde Alcantarilla «Aquí los familiares pagan a quien les hace el favor»

En el centro de Campos del Río hay unos 1.100 presos. De ellos, «un 60% son gente de barrios marginales que han llegado aquí por pequeños delitos de trapicheo con drogas, y el 20% viene de familias que no tienen recursos», explica el capellán. «Si tuviéramos que dar una cifra, la dificultad de transporte perjudica seriamente a más de 30 núcleos familiares, con todos sus miembros de por medio», dice. María José Serrano es trabajadora social de Cáritas en el barrio San José Obrero de Alcantarilla, donde también viven varias familias afectadas por la ausencia de transporte público hasta la cárcel: «Aquí la gente lo que suele hacer es pagar unos 10 euros a alguien que les haga el favor y les lleve; pero, en realidad, el autobús no solo beneficiaría a esas personas, sino que sería un recurso más para todas las demás y para los trabajadores de la prisión, que imagino que también lo cogerían», apunta. Varias de las familias a las que atiende María José tienen actualmente este problema. «Por ejemplo -relata- veo a una madre que tiene a su marido allí y que se apaña como puede; pero sus hijos llevan más de un año sin ver a su padre».

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