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El nuevo secretario general de Instituciones Penitenciarias se compromete a dar prioridad a la sanidad y al trabajo en prisión

20 de julio de 2018

La APDHA se ha reunido con Ángel Luis Ortiz para proponerle que salga de la inacción del anterior Gobierno y atienda los reclamos de los organismos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos

APDHA (Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía).- El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, se ha comprometido a dar prioridad a la sanidad y al trabajo en prisión, y a estudiar las mejoras planteadas por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) durante la reunión celebrada ayer con la Secretaría de Instituciones Penitenciarias.

La APDHA ha trasladado al nuevo responsable la necesidad de dar un giro en política penitenciaria, salir de la inacción del anterior Gobierno y atender los reclamos de organismos nacionales e internaciones que vienen criticando graves deficiencias y recomendaciones “desoídas sistemáticamente” desde el Ministerio del Interior.

Pasar de la negación a la aceptación de los problemas” es el principal objetivo de la organización, que ha señalado la deficitaria sanidad penitenciaria como uno de los ejes que requiere un cambio inmediato. “El sistema actual provoca muertes evitables, que están conectadas con la precaria sanidad en prisión, no obstante, la administración está obligada velar por la vida, la salud y la integridad de las personas presas y a dispensar una atención médica equivalente a la del exterior, algo que claramente se incumple”, denuncian desde la APDHA.

Falta de personal sanitario, bajas que no se cubren por norma, ausencia de historial médico de los pacientes, dispensación de medicamentos sin control y pérdida de consultas y citas médicas hasta del 30% en algunas prisiones, son algunas de las dificultades, denunciadas por el Defensor del Pueblo Español, que encuentran las personas presas en su acceso a la sanidad y que han provocado “muertes prematuras intolerables”, aseguran. Durante el año pasado se perdieron 10.411 citas en España, según el propio Ministerio del Interior[1].

Por ejemplo, detalla la organización, entre 2008 y 2017 solo se han cubierto la mitad de las bajas producidas, 62 de 123 en todo el territorio nacional, a juzgar por los datos del ministerio, y el número de fallecimientos dentro de prisión de los últimos 17 años asciende 3.885, según se desprende del informe 2016 La Tortura en el Estado Español, elaborado por la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT), de la que forma parte la APDHA.

Desde la asociación sostienen que la transferencia de las competencias a las comunidades autónomas mejoraría la prestación sanitaria dentro de las prisiones, así lo confirma un reciente estudio que analiza las diferencias entre los procesos y los resultados de las prestaciones asistenciales según la administración competente.

Por otro lado, el último informe del Comité Europeo para la prevención de la Tortura del Consejo de Europa declaró “especialmente preocupante” que los enfermos mentales, considerados por los jueces inimputables por su diagnóstico y, por tanto, absueltos de una pena privativa de libertad, se vean encerrados durante años en las enfermerías de las prisiones, por lo que pedía que fueran trasladados a un centro adecuado. En la actualidad, hasta un 8% de enfermos mentales graves se encuentran presos en prisiones ordinarias, según la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria[2].

Junto a la sanidad, Ortiz se ha comprometido a priorizar el trabajo en prisión. Según la APDHA, sentencias recientes reconocen que los derechos laborales de las personas presas no son respetados. Horas extraordinarias trabajadas y no abonadas, falta de descanso, opacidad en los criterios de selección de los aspirantes, ceses arbitrarios, y salario de hasta de 1€ la hora son algunas de las realidades que enfrentan las personas que trabajan dentro de las cárceles.

Torturas y malos tratos

El citado comité de prevención de la tortura, junto al Defensor del Pueblo Estatal y el Consejo General de la Abogacía Española han señalado además el uso excesivo de inmovilizaciones y el que se hagan sin supervisión médica, por lo que han pedido que las contenciones mecánicas en prisión no se usen o se apliquen excepcionalmente y siempre de acuerdo con la Guía de buenas prácticas en contenciones mecánicas, elaborada por el Defensor del Pueblo.

Otro de los temas abordados en la reunión ha sido el elevado número de denuncias por torturas y malos tratos en prisión y la inactividad que ha caracterizado a la administración, para lo que desde la APDHA se ha pedido formación al personal y un registro de lesiones que se observen en cualquier persona presa o detenida por parte del personal sanitario, dado que son numerosas las quejas que llegan por casos de tortura dentro de las cárceles.

Por último, la APDHA ha manifestado su repulsa por que la administración impida la defensa de los derechos humanos expulsando a asociaciones con un perfil de denuncia pública de los centros penitenciarios e impidiendo el acceso a prisión de los periodistas, que no han conseguido autorización alguna entre 2015 al 2017.

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