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APDHA denuncia la muerte de tres presos por sobredosis en la cárcel de Albolote

19 de abril de 2018

- La organización pide a la Subdelegación del Gobierno una investigación sobre el consumo de sustancias prohibidas en prisión. - Albolote, la segunda cárcel del Estado con el mayor número de muertes. - Desde el pasado mes han fallecido nueve personas en las cárceles andaluzas, que acumularon el pasado año el mayor número de muertes en prisión.

ASOCIACION PRO DERECHOS HUMANOS DE ANDALUCIA (APDHA).- La delegación de Granada de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía denuncia la muerte de tres personas presas por sobredosis en la cárcel de Albolote. Este martes se produjo la tercera muerte que apunta, a falta de confirmación, también a la sobredosis como posible causa, después de que hace unas tres semanas perdieran la vida otras dos personas por el mismo motivo. Con estos, son nueve los fallecimientos de personas bajo custodia de la administración penitenciaria desde el mes de marzo en Andalucía.

Tal como denunció la organización en un comunicado, cuatro de ellas se produjeron en marzo en las cárceles del Puerto de Santa María y a otras dos, la pasada semana en la macro cárcel de Huelva. Para la APDHA, “es lamentable que en un espacio de máxima seguridad donde las personas se encuentran bajo la custodia de la administración penitenciaria, sigan produciéndose este tipo de muertes. Instituciones Penitenciarias está obligada a velar por la vida, la salud y la integridad de las personas presas, y a adoptar medidas para abordar sus causas e impedir que estas muertes evitables se produzcan”.

Por ello, la delegación granadina ha presentado un escrito ante la Subdelegación del Gobierno de Granada reclamando una investigación sobre el tratamiento de sustancias cuyo consumo está prohibido o restringido por prescripción facultativa en prisión. Además, la organización exige que se depuren responsabilidades.

La APDHA señala a la falta de personal sanitario dentro de prisión y las condiciones en las que se encuentra como causa de estas muertes. Según datos facilitados por el Gobierno en una respuesta parlamentaria el pasado 18 de diciembre, entre 2008 y 2017 se produjeron 123 bajas dentro del Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria. Sin embargo, solo se han cubierto 62.

Durante 2017, según datos del Gobierno, murieron 147 internos en todo el Estado, siendo Andalucía, con 39 fallecimientos, la comunidad donde más personas perdieron la vida. Con 1.360 personas presas, la cárcel de Albolote es la segunda prisión con la mayor población penitenciaria de todo el Estado. A su vez, con siete personas fallecidas dentro de sus muros, Albolote ha sido en 2017 la segunda prisión con el mayor número de muertes, tres de ellas por sobredosis.

Otra razón, indica la APDHA, es la profunda y grave precarización de las condiciones laborales del personal sanitario que, en última instancia, termina vulnerando el derecho a la salud de la población reclusa. La asociación se suma a la denuncia de colectivos como el Sindicato Profesional de Sanidad Penitenciaria, que en su último informe describe la situación de la sanidad en prisión como un “caos asistencial”. Por su parte, la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias señala que “la falta de personal sanitario y las deficiencias en la implantación de un software de gestión sanitaria suponen un verdadero peligro para la vida de la población reclusa”.

Por último, hace unos meses el Defensor del Pueblo Español (DPE) denunciaba en su informe anual “estas disfunciones no son una mera molestia o incomodidad, sino que repercuten directamente sobre la salud de las personas privadas de libertad, sobre las que la administración penitenciaria tiene un deber específico de especial protección legalmente establecido”.

La APDHA sostiene que la solución a esta situación pasa por la transferencia de las competencias de la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas. Especialmente, en el caso del Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria que, a juicio de la organización, “debería formar parte de los Servicios Autonómicos de Salud”, una petición que también formuló Comité Europeo para la Prevención de la Tortura en su informe de 2017.

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