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“Se está abusando de la prisión preventiva”

9 de abril de 2018

La miembro de Juezas y Jueces para la Democracia sostiene que los detenidos por el 'proces' no son presos políticos, pero cree que se ha hecho "una interpretación desproporcionada" del delito de rebelión. "La mayoría de los jueces son independientes. No tenemos casos de corrupción, y si los hay, son anecdóticos, pero sí podemos recibir presiones de tipo político". "A ningún gobierno le ha interesado una justicia independiente capaz de detectar y perseguir actuaciones ilegales como la corrupción o los delitos de cuello blanco... En suma, la delincuencia económica".

ELDIARIO.ES (AMAYA OLIVAS, magistrada).- Licenciada en derecho por la Universidad Complutense de Madrid, Amaya Olivas es magistrada de lo social en Madrid. Con anterioridad trabajó en Calatayud (Zaragoza) y en diversos partidos judiciales de Cataluña. En esta entrevista habla como asociada de Juezas y Jueces para la Democracia, una asociación de larga trayectoria que trabaja por la democratización de la carrera judicial, “reivindicación de la crítica interna/externa, y de una justicia comprometida con la realidad de la polis; independencia frente al poder y apertura a la sociedad”. Olivas responde en esta entrevista realizada en Madrid, y explica la flexibilidad y las limitaciones de los jueces a la hora de tomar decisiones y hacer justicia.

¿Depende de la suerte la justicia? ¿Depende de la línea ideológica de quien toque?

Nosotros aplicamos las normas positivas: la legislación que emana del Parlamento. Pero esta se integra dentro de un ordenamiento más amplio: en primer lugar, la Constitución del 78, que tiene efectos jurídicos vinculantes, una serie de valores orientadores esenciales, como la libertad, la igualdad, el pluralismo social y los tratados internacionales. Por otro lado, cualquier interpretación pasa por garantizar los derechos fundamentales y sociales. Quiero decir que no hay una interpretación unívoca. Desde Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) hemos defendido históricamente el garantismo: ante la duda, se debe resolver cualquier caso de la forma que sea más efectiva para defender los derechos y libertades y proteger a la población vulnerable. Evidentemente, no todos los jueces tenemos la misma ideología. 

Pero la mayoría tiene un matiz ideológico conservador...

Según los datos de afiliación de JJpD, solo el 10% de la carrera está afiliado a la asociación. Ahora bien, no por el mero hecho de pertenecer a una asociación se realiza el trabajo de una determinada manera. Hay magistrados y magistradas que no están afiliados o que pertenecen a otras asociaciones igualmente trabajadores y garantistas. Además, el perfil de la carrera judicial es conservador. ¿Por qué? En primer lugar, porque en el Estado español no existe un sistema público de acceso a la oposición. Ahí ya tenemos un sesgo de muchísima gente que no puede costearse el acceso a unas oposiciones, en las que de media se requiere invertir entre cuatro y seis años.  Solo queda recurrir a un sistema privado, donde la mayoría de los preparadores son conservadores, con lo que la mayoría de la gente que se integra tiene ese perfil. Además, es una oposición que en JJpD hemos criticado mucho porque se basa exclusivamente en la memoria. Se tienen que estudiar unos 400 temas, sin pautas para interpretar las leyes de acuerdo a la realidad social. Hay muchos temas que no se tratan adecuadamente, como el Derecho del Trabajo. Tampoco existe formación en igualdad de género, ni se explican cosas básicas como el funcionamiento de las instituciones penitenciarias, los centros de menores o los de internamiento de extranjeros. Es en la Escuela Judicial, al menos para mi promoción, donde se comienzan a conocer los espacios de mayor opacidad, en los que existe un mayor riesgo de vulneración de derechos.

¿Los jueces reciben presiones, son libres?

La mayoría son independientes. No tenemos casos de corrupción, y si los hay, son anecdóticos. Pero es verdad que sí podemos recibir presiones de tipo político. Por ejemplo, tenemos un compañero, Ricardo de Prada, que está en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Y cuando en una ponencia explicó que el Estado español había sido condenado ocho veces por falta de investigación de torturas recibió una crítica directa del titular del Ministerio del Interior, de Fernández Díaz. Esto resulta inadmisible. En Derecho del Trabajo también tenemos problemas. El Círculo de Empresarios acaba de sacar otro manifiesto en contra del llamado “activismo judicial”. No es quizás una presión directa sobre cómo dictar una sentencia. Pero de alguna manera afecta al trabajo. Ante ello, tenemos al Consejo del Poder Judicial, al que se supone que debemos reclamar cualquier tipo de protección en lo que afecta a nuestra independencia. Una cuestión es que se haga una crítica a una determinada sentencia, y otra es que el Círculo de Empresarios haga un manifiesto hablando de “activismo judicial” (aunque tengan derecho a hacerlo). ¿Por qué lo llaman así? Porque hemos tenido una serie de reformas laborales durísimas, que han ido vaciando de contenido el Derecho del Trabajo. La última reforma laboral, de 2012, fue la traducción extrema de una concepción neoliberal de la sociedad. ¿Qué ha ocurrido? Que ha habido una serie importante de jueces que hemos aplicado el derecho internacional y una interpretación armonizadora del ordenamiento, para proteger (en los casos concretos) a la clase trabajadora. Que una reforma le dé mayor laxitud a la actuación de la empresa no significa que valga todo ni muchísimo menos. Cuando en los ámbitos hegemónicos se ha comprobado que la reforma laboral no se aplicaba de forma pura y dura, sino que se hacía una interpretación en favor de la “parte débil” para que no quedara aún más precarizada, reaccionaron. En primer lugar, por la vía legal: la interposición de recursos; pero en un segundo ámbito, cuestionando y poniendo en jaque nuestra interpretación.

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