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Las cárceles se quedan sin médicos y el Gobierno no se da por enterado

11 de marzo de 2018

Las cárceles se quedan sin médicos y el Gobierno no se da por enterado

ELDIARIO.ES (JAVIER RAMAJO).- Andalucía. Los centros penitenciarios españoles "sufren las penurias derivadas de la falta de personal". Lo dice un informe del Sindicato Profesional de Sanidad Penitenciaria y también lo viene a reconocer el propio Gobierno de España en los datos facilitados a la senadora andaluza de Podemos, Maribel Mora.

La situación de "caos asistencial" que describe el sindicato se verá "agravada" en los próximos años, según advierten, pidiendo "medidas urgentes que faciliten la transferencia de la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas" ( el Senado lo pidió unánimemente en octubre de 2016) e insistiendo en que se realice "la trasferencia inmediata de la sanidad penitenciaria al Ministerio de Sanidad y una negociación conjunta con todas la comunidades en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud". Interior anunció hace casi un año que sería en 2017 cuando iba a cerrar el traspaso de la sanidad penitenciaria a las regiones, sin que hasta ahora se haya concretado traspaso alguno.

De la información oficial en varias respuestas a la senadora Mora se desprende que las bajas definitivas del personal del Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria que se producen cada año no se cubren ni siquiera en las plazas que se convocan. En concreto, de 2008 a 2017 hay 123 bajas de las que sólo se han cubierto 62. Pero es que las plazas ofertadas ni siquiera cubren el total de las bajas: 105. Por tanto, a la falta de personal existente hay que añadir 61 médicos que tras bajas definitivas no se han repuesto sus plazas.

A eso se le suma la elevada edad de los facultativos (el 88,51% tiene más de 50 años y 97 de ellos tienen más de 60 años), según la abundante información aportada por el Gobierno, y que las contrataciones ofertadas para interinos por carga de trabajo no llegan ni al 50% de la oferta en algunos años (29,5% en 2016 y 33,3% en 2017). “Sería muy interesante que el Ministerio de Interior explicara por qué razón los profesionales non quieren ser contratados en la administración penitenciaria”, comenta Mora.

A expensas de que el Ministerio quiera aclarar esta cuestión (este periódico ha probado suerte sin éxito), la senadora considera que "ni siquiera se ofertan las bajas definitivas, no se cubren las convocatorias y de sustituciones de bajas temporales ya ni hablamos". "La precarización, las condiciones son cada vez peores, y eso afecta a la atención a los presos, que ya era muy deficitaria antes". En su opinión, la actitud del Gobierno obedece a que quieren "traspasar por el mínimo de dinero la sanidad cuando la consigan transferir a las comunidades autónomas, por supuesto a costa de los profesionales y, sobre todo, de los presos".

"Caos asistencial" y traspaso competencial

Según denuncia el Sindicato Profesional de Sanidad Penitenciaria en un informe del pasado diciembre, al que acompaña un completo listado con las relaciones de puestos de trabajo de funcionarios médicos, facilitado por el portal de transparencia del Ministerio del Interior, "no debiera Instituciones Penitenciarias permanecer ajena a su responsabilidad de garantizar la vida y la salud de la población reclusa.

"Distintos centros penitenciarios sufren las penurias derivadas de la falta de personal" y, en muchos casos, las relaciones de puesto de trabajo que aparecen como cubiertas no lo están, puesto que se trata de profesionales con situaciones de excedencia por cuidado de hijo, comisiones de servicios, bajas laborales de larga duración, etc.", advierten.

"Esta situación lleva a que en muchos centros se produzcan alteraciones muy graves en la normal asistencia sanitaria a la población reclusa, en algunos casos los profesionales se ven incluso en la obligación de realizar una denuncia pública de la misma", por ejemplo en Jerez o en Algeciras. Este periódico publicaba hace unos meses la situación en el Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla.

En los próximos años el problema asistencial se recrudecerá más ante la falta de efectivos médicos, ya que actualmente más del 75% de los médicos que trabajan en los centros penitenciarios tienen más de 55 años, apunta el sindicato. Por otro lado el ingreso de nuevos funcionarios médicos para sustituir las bajas se ve afectado notablemente por "la gran diferencia retributiva con los servicios de salud de las comunidades autónomas". A modo de ejemplo señalan que "en la promoción de médicos del 2016 aprobaron 14 médicos, actualmente solamente 6 permanecen trabajando en la institución". Según los datos recogidos del portal de transparencia del Ministerio del Interior por parte del sindicato, el 25,1% de las plazas de médicos de los centros penitenciarios están vacantes.

La opinión del Gobierno

En el citado informe se narra un episodio ocurrido el 30 de noviembre de 2017 en la Comisión de Interior del Congreso.

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