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«Hay jóvenes que prefieren estar en la cárcel antes que en Sograndio»

19 de noviembre de 2017

La Asociación de Vigilantes asegura que en el centro impera «la ley del silencio» y teme que el Principado y la Fiscalía «hagan caso omiso» a las denuncias del informe del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura

LA VOZ DE ASTURIAS.ES – (PILAR CAMPO).- La Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias (Avispa) comparte «en un 90%» el informe elaborado por el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura que da credibilidad a las quejas de algunos internos sobre posibles tratos «degradantes e inhumanos» en el Centro de Responsabilidad Penal de Menores Casa Juvenil de Sograndio. Pero entiende que aún «se queda corto» en las denuncias. Su coordinador general, Jorge Fernández Cuesta, lleva denunciando desde hace varios años el progresivo empeoramiento del funcionamiento interno pero reconoce que hasta el momento, tanto la Fiscalía de Menores, como la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana del Principado y la propia dirección del centro «han hecho caso omiso» a sus peticiones de mejora y a las recomendaciones que desde instituciones como la Defensora del Pueblo se han realizado para invertir esta tendencia.

La pauta del «ordeno y mando»

«Todos sabemos que la reclusión de los menores en celdas de aislamiento o en camarillas, como las llaman, está en la normativa reguladora a nivel nacional y en la Ley del Menor y que por una cuestión de un grave altercado o que pueda suponer una peligrosidad para el resto de usuarios, trabajadores o residentes menores internos si se superan las cuatro horas debe ser autorizada por la Fiscalía de Menores y, sin embargo, no han contestado nunca a estas graves denuncias», explica.

Jorge Fernández Cuesta asegura que en Sograndio impera «la ley del silencio» y que la política de «ordeno y mando del director, Manuel Vicente Ramos» es la pauta que impide que tanto la Defensora del Pueblo como los miembros del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura puedan llegar hasta el fondo con las pruebas que, a su juicio, confirmarían las presuntas prácticas irregulares. «Trabajadores, educadores y vigilantes tienen miedo a hablar. Nosotros ya denunciamos que había prácticas irregulares que contravenían lo que marca la normativa reguladora del ejercicio de nuestras competencias y desarrollo profesional que es la Ley de Seguridad Privada y el reglamento. Lo denunciamos porque lo que a nosotros más nos puede perjudicar es el corporativismo mal entendido», incide.

El coordinador general de Avispa advierte de que ha habido casos de vigilantes que se negaron a realizar esas supuestas prácticas, «como puede ser las de engrilletamiento durante un periodo prolongado de tiempo a la silla o a la propia celda de aislamiento» y sufrieron represalias, en forma de despido.

La petición de dimisión

Tampoco entiende las razones que han llevado a los sucesivos responsables del Gobierno regional, en los últimos 26 años, a mantener en el cargo al director del centro, pese a las peticiones de dimisión que se han sucedido por estas denuncias, a las que se ha sumado en las últimas horas el grupo de Izquierda Unida. «Nadie ha sido capaz de tener la valentía de apartarle pese a tener motivos más que suficientes. De hecho, muchos internos, con los que hablé, dicen que prefieren estar cumpliendo su condena en el Centro Penitenciario de Asturias antes que en Sograndio», ratifica.

Jorge Fernández Cuesta desconfía de un futuro cambio en el funcionamiento interno del centro, mientras no varíe la forma de actuar del equipo directivo. «El Principado va a hacer oídos sordos, como otras veces. Dirá que da traslado a la Fiscalía de Menores y ésta lo incluirá en la memoria de actividades de 2017 y al final todo va a continuar de la misma manera. Es todo un paripé», expone.

El «mal ambiente laboral» que según su apreciación se palpa en el centro de Sograndio ha sido uno de los principales desencadenantes de las numerosas bajas laborales que se registran entre el colectivo de vigilantes de seguridad. «Hubo picos donde se llegó a registrar el 30% de bajas de la plantilla por estrés, ansiedad, depresión y lesiones», señala el coordinador general.

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