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El jurista de la prisión de Tahíche (Lanzarote) ya se opuso a que cumpliera condena en 'semilibertad'

D. M. vuelve a prisión sin tercer grado tras anularse este beneficio penitenciario

18 de octubre de 2017

“Reingresó” el pasado lunes en régimen ordinario, después de que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria estimara el recurso que presentó la Fiscalía. “No se entiende ni justificado ni ajustado a derecho", advertía

LA VOZ DE LANZAROTE.COM – (ISABEL LUSARRETA).- El líder histórico del PIL, D. M., “reingresó” el pasado lunes en el Centro Penitenciario de Tahíche para cumplir en régimen ordinario su primera condena del caso Unión, por la pieza de F. R. B. D. M. ya estaba cumpliendo esta condena desde hace meses, pero en régimen de tercer grado, que le permitía ir a la cárcel solo a dormir, pasando en libertad los fines de semana y las horas diurnas de lunes a viernes. 

Ahora, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria ha anulado ese tercer grado, estimando el recurso que presentó el Ministerio Fiscal. “No se entiende ni justificado ni ajustado a derecho el mantenimiento del tercer grado del interno”, había advertido la Fiscalía, pidiendo que fuera revocado. Y entre los motivos señalaba la “reincidencia y trayectoria delictiva” de D. M., las condenas que aún tiene pendientes de cumplir y, sobre todo, que no ha cumplido con el pago de la responsabilidad civil a la que fue condenado en ésta y en otras causas anteriores.

Pese a todo ello, el pasado mes de junio la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario de Tahíche decidió que continuara en régimen de tercer grado. D. M. accedió a este beneficio penitenciario cuando había cumplido buena parte de una condena anterior y se le mantuvo al empezar a cumplir la siguiente, de 2 años y 9 meses de cárcel por malversación de fondos públicos de Inalsa y del Ayuntamiento de Arrecife.

 “Escalada delictiva” y “nula intimidación” por el cumplimiento de condenas

En esa Junta de Tratamiento, tal como subrayaba en Ministerio Fiscal en su recurso, se opusieron a mantener este beneficio penitenciario tanto el Coordinador de Servicios del CIS como el jurista del Centro Penitenciario, que llegó incluso a emitir un voto particular. “Durante la trayectoria del interno, se observa un aprovechamiento en beneficio propio de la posición política con el objetivo de crear una red de influencias y de apoderarse de dinero público”, señalaba el jurista, que agregaba que “además se observa una escalada delictiva que no se ve atemperada por las estancias sucesivas en prisión, sino que resulta patente la nula incidencia e intimidación que ha tenido sobre el interno el cumplimiento de las condenas”.

“Esto llega a su culmen cuando el interno es detenido en su propia celda en el año 2009, dentro de la Operación Unión”, recordaba en ese voto particular, reproducido por la Fiscalía en su recurso. Además, recordaba las dos condenas que tiene ya D. M. dentro de esa causa y subrayaba que esos delitos fueron “organizados y cometidos” mientras cumplía otras penas de cárcel, “con un total desprecio a las instancias administrativas y judiciales”. Y también hacía referencia a los juicios que tiene aún pendientes, donde la Fiscalía “solicita penas de prisión muy elevadas”, de hasta 13 años en uno de los casos.

Además, hacía especial hincapié en el hecho de que D. M. no ha pagado la responsabilidad civil que se le impuso, ni en condenas anteriores como la del complejo agroindustrial ni en la que está cumpliendo actualmente. “Ni paga ni quiere pagar”, subrayaban tanto el jurista del Centro Penitenciario como el Ministerio Fiscal en su recurso para que se revocara el tercer grado.

 “Ofertas de trabajo de dudosa solvencia” e “instrumentales”

En cuanto al supuesto arraigo social, laboral y familiar, que es uno de los argumentos en los que se basaron para conceder el tercer grado, el jurista advertía de que “fue precisamente su prestigio e influencias políticas las que le permitieron delinquir”. Y también que “en las investigaciones de su patrimonio aparecen presuntamente implicadas algunas de las personas cercanas a él que pudieron servir para ocultar propiedades o bienes de origen delictivo”.

Respecto al hecho de que haya podido aportar un contrato laboral, subrayaba que “no es infrecuente que internos de esa naturaleza presenten ofertas de trabajo de dudosa solvencia, siendo habituales las ocupaciones instrumentales” para conseguir el tercer grado. De hecho, recordaba que la Fiscalía Anticorrupción solicita dos años y tres meses de cárcel para J. F. R., al que se refiere como “uno de los mayores empresarios de la isla de Lanzarote”, por un delito continuado de falsedad documental, “por fingir un contrato laboral para que D. M. pudiera acceder al tercer grado”, pese a que “no iba a desempeñar ni desempeñó actividad laboral real alguna”.

Todos estos argumentos expuestos por el jurista fueron desoídos por la Junta de Tratamiento de Tahíche, que decidió "por mayoría" mantener el tercer grado a D. M. Sin embargo, tras tener acceso al acta de esa reunión, el Ministerio Fiscal decidió presentar un recurso, que es el que ahora ha sido estimado y ha llevado al líder histórico del PIL a volver a cumplir condena en régimen ordinario.

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