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Factores psicosociales, trastornos psicológicos y delitos violentos

21 de septiembre de 2017

La asociación entre la violencia y la enfermedad mental deriva en discriminación

ABC.ES.– El bajo nivel educativo es la variable con más poder predictivo cuando se estudia la relación entre factores psicosociales, trastornos psicológicos y delitos violentos, según un estudio entre presos que cumplen su pena en cárceles andaluzas. Por el contrario, otros factores clásicos, como el alcoholismo o los trastornos de personalidad, no aparecen en la ecuación que mejor predice los delitos violentos. Los autores del estudio han trabajado con 472 reclusos, todos hombres, que cumplen condena en las cárceles de Andalucía. Su trabajo ha partido de los datos de un estudio previo sobre la prevalencia de los trastornos psicológicos de la población penitenciaria andaluza, a partir de los cuales se analizó la relación entre los diagnósticos de los internos evaluados con los delitos por los cuales estaban condenados mediante algunas técnicas estadísticas. La asociación entre la violencia y la enfermedad mental está fuertemente instaurada en la sociedad y es uno de las características del estigma de las personas diagnosticadas que deriva en discriminación. Sin embargo, la violencia que puede ser atribuible a personas diagnosticadas con trastornos mentales graves no supera el 10%, mientras que el riesgo de estas personas de sufrir violencia es mayor que el riesgo de que la ejerzan.

 El resultado más relevante es que padecer una psicosis no es el factor de riesgo más importante: las personas con bajo nivel educativo padecían 10.32 veces más riesgo de cometer delitos violentos que las personas con un nivel educativo alto. No obstante, los resultados también indican, en un sentido semejante a las últimas investigaciones, que los internos diagnosticados con alguna psicosis funcional (no relacionada con patología orgánica ni con el consumo de sustancias tóxicas) tenían 3.5 veces más riesgo de cometer asesinato, homicidio, intento de homicidio u lesiones que las personas no diagnosticadas.

Otras variables que funcionan como factores de riesgo de cometer delitos violentos son el haber padecido intentos de suicidio, un resultado que no es totalmente nuevo en la literatura, y el haber sido atendido en un centro de salud mental un año antes del ingreso en prisión. «Nosotros lo interpretamos en el contexto de una asistencia psiquiátrica baja para los reclusos, por lo tanto sólo los pacientes más conflictivos y con conductas más disruptivas fueron conducidos, en algunos casos obligatoriamente, a consultas psiquiátricas o psicológicas en centros de salud mental. Tampoco hemos podido determinar si recibieron tratamiento y, en el caso de que lo recibieran, de qué tipo», destaca Javier Saavedra, coordinador del estudio. Los investigadores subrayan que la presencia de estos factores no significa que sean los causantes del comportamiento violento. «Es importante señalar que los estudios correlacionales no permiten asegurar relaciones causales. Es decir, en nuestro caso sabemos que la psicosis y la violencia están asociadas pero no sabemos cuál es la causa o el efecto», explica Saavedra.

«Como resumen, yo diría que más allá de factores exclusivamente relacionados con la psicopatología, nuestros resultados apuntan a que es el fracaso social en un contexto de marginación el que mejor explica el riesgo de cometer delitos violentes. Esperemos que este resultado pueda ayudar a disminuir el estigma asociados a estos problemas mentales», concluye Saavedra.

Por el contrario, parte de los resultados de esta investigación no concuerdan con la mayoría de literatura existente sobre la cuestión. Esto es debido a que los análisis estadísticos aplicados han dejado fuera de la ecuación final que mejor predice los delitos violentos otros factores clásicos como el alcoholismo y los trastornos de personalidad.

 A la luz de estos resultados, Javier Saavedra destaca que «es necesario mejorar la atención psiquiátrica en nuestros centros penitenciarios y probablemente haya que potenciar la coordinación y la colaboración entre la sanidad pública normalizada y la penitenciaria. Aunque es de justicia decir que se están haciendo esfuerzos».

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