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Sin prisiones ni prisioneros

1 de septiembre de 2017

DEIA. COM – (JOSÉ RAMÓN BLÁZQUEZ).- Los artículos 10 y 12 del vigente Estatuto de Autonomía de Gernika recogen la competencia exclusiva de Euskadi en materia de prisiones, que ahora, de prosperar las negociaciones entre el PP y el Partido Nacionalista Vasco de cara a los Presupuestos Generales del Estado 2018, podría pasar, por fin, a ser gestionada por el Gobierno de Lakua. Catalunya tiene ese poder desde 1984. Con el descaro inherente a una recién llegada, la nueva secretaria del Partido Popular del País Vasco, Amaya Fernández, declaró hace poco, sobre la trasferencia de las prisiones, que “Euskadi también puede y debe gestionar esta competencia, pero las cosas no son de hoy para mañana, y una de las condiciones esenciales para asumirla es la disolución de ETA”. ¡38 años después! Los campeones de la legalidad, quienes piden a los catalanes el cumplimiento de las leyes, se burlan de ellas y, además, sabiendo de su calculada omisión, te dicen, sin ironías, que hay que ir poco a poco. Todos los gobiernos españoles, de Suárez a Rajoy, pasando por González, Aznar y Zapatero, sistematizaron la desobediencia a una norma con rango de ley orgánica. ¿Por qué? Porque convenía. El pretexto, ya lo sabemos, era y es ETA.

Vamos a creernos que, esta vez sí, Madrid entregará a Euskadi la administración de las cárceles. No quisiera restar satisfacción por este hecho; pero no me parece a mí que tengamos que tomarnos el traspaso con mucho entusiasmo. La “organización, régimen y funcionamiento de las Instituciones y establecimientos de protección y tutela de menores, penitenciarios y de reinserción social, conforme a la legislación general en materia civil, penal y penitenciaria”, según recoge el artículo 10.14 de nuestro Estatuto, no implica que tengamos en nuestras manos la política penitenciaria, es decir, la capacidad de decidir la libertad o el modo de cumplimiento de las condenas de los reclusos, porque esa potestad recae en los jueces encargados, cuando no la ejerce directamente el Ministerio del Interior con su proverbial sentido de la separación de poderes y su férreo control del sistema judicial. No nos engañemos, lo que regiremos será el orden de las cárceles. Por así decirlo, ahora nosotros seremos los carceleros.

Disponer de la competencia de las prisiones tendrá una incidencia menor de la que creemos en el proceso de paz y convivencia en el que estamos desde el fin de ETA. ¿Nos permitirá excarcelar a los presos enfermos? ¿Será posible trasladarlos de prisiones españolas a alguna de las disponibles aquí? ¿Tendremos capacidad para cambiar o mejorar el régimen de cumplimiento de las penas impuestas? Y en todo caso, ¿están nuestras cárceles, en cuanto a instalaciones, disponibilidad de medios, cualificación del personal y programas de reinserción a la altura de una sociedad ética y democrática como la vasca, sensibilizada tras tantos años de abusos del Estado, que no concibe la privación de libertad como venganza sino como instrumento de reintegración social? (...)

 

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