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Más cámaras de seguridad para frenar la violencia en las cárceles

7 de septiembre de 2017

Interior remite a las prisiones la instrucción con nuevas medidas para reducir las agresiones a funcionarios

EL PAÍS.COM – (ÓSCAR LÓPEZ FONSECA, MADRID).- El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, remitió el pasado martes una instrucción interna a las prisiones dependientes del Ministerio del Interior con medidas para intentar frenar el repunte de las agresiones a los funcionarios. Estas fueron 2.208 entre 2011 y 2016, y la estadística en lo que va de año apunta a que la media será de cerca de una al día. Entre las decisiones recogidas en el documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, sobresale la de “ampliar el número de cámaras de vigilancia” en aquellas zonas de las cárceles donde ya existía y dotar a otras que carecían de ellas.

El documento, de diez folios de extensión, detalla que el mismo pretende implementar el contenido del protocolo de actuación frente a las agresiones en las cárceles que fue firmado por Interior con dos de los sindicatos de funcionarios de prisiones el pasado 8 de junio. Un texto fue rechazado entonces por Acaip, el sindicato mayoritario, que este verano lanzó una campaña de protestas que concluirá con una próxima manifestación en Madrid. El principal argumento de esta organización fue que las medidas de seguridad recogidas en el mismo no cubrían las expectativas del colectivo.

Ahora, Prisiones anuncia la puesta en marcha de nuevas medidas con las que intenta “minimizar” las consecuencias de la violencia. Entre ellas, incluye mejorar “el conocimiento” que los funcionarios tienen de los reclusos a su cargo, para lo que propone revisar la normativa y los procedimientos de actuación en las áreas de vigilancia “estimulando la observación directa” por parte de los trabajadores penitenciarios. Para ello, y junto al aumento del número de cámaras de vídeovigilancia, Interior ordena la presencia permanente de funcionarios “en actividades y dependencias comunes”. También obliga a que cuando haya que notificar “hechos gravosos” a los reclusos -como un endurecimiento de su régimen penitenciario o una sanción- se haga “en las celdas cuando se encuentre solos. Nunca en actos comunes donde puedan, en caso de incidente, recabar la ayuda de otros internos”, añade la nota.

La instrucción interna también contempla la elaboración de un fichero de todos aquellos presos “que por su historial, antecedentes o circunstancias pudieran resultar peligrosos para la integridad de los trabajadores penitenciarios y la seguridad del centro”. Si el recluso es cambiado de prisión, estos documentos deberán ser trasladados a la cárcel de destino. Sobre el material de seguridad, Interior realizará una revisión del estado y número de cascos, protecciones, guantes, escudos, defensas de goma y esposas que componen “el equipamiento” básico de los funcionarios, y que hace unos meses provocó protestas sindicales porque parte de los chalecos de seguridad estaban caducados.

El documento también incluye indicaciones sobre cómo debe actuar un funcionario “ante una situación conflictiva”. Insiste en que “debe mantener la calma e intentar reconducir la situación, persuadir al interno para que deponga su actitud y evitar caer en provocaciones de éste”. Para ello, contempla que en el incidente intervengan “otros profesionales penitenciarios de los que se conozca que pueden tener sobre el interno un especial ascendente”. El documento de Prisiones también anuncia la futura puesta en marcha de un programa de reeducación de los presos violentos que complemente los tres protocolos existentes desde 2011.

Finalmente, Interior detalla el procedimiento que se debe seguir cuando se produzca una agresión a un funcionario, desde la recogida de los datos de la misma hasta la investigación del “antes, durante y después” de la misma. El objetivo, recalca la instrucción interna, es “identificar la causa que ha originado la agresión”. Todas ellas serán consideradas como accidentes de trabajo y está previsto que Prisiones facilite apoyo médico y jurídico a trabajador que la haya sufrido.

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